'La cuestión leonesa. A la búsqueda de una solución' (II)

Vaya por delante que los leoneses jamás abordaremos el asunto del autogobierno a la manera catalana actual, cúmulo de despropósitos planificado por grupos de poder que, después de haber saqueado su propio país, prepararon, unilateralmente, una República cuyo inicial propósito era alcanzar la autonomía judicial que legalizara el saqueo. Dejando de lado la inestimable colaboración del ex presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy -que pretendía apagar con la manguera del Art. 155 CE el incendio que su inquina partidaria e inoperancia gubernamental habían provocado-, ¿alguien puede explicar cómo el independentismo catalán ha pasado, en poco más de un lustro, de un 10% de la población a casi el 50%? ¿Cabe aplicar aquí la legitimidad democrática antes de explicar el porqué de ese cambio y ofrecer soluciones alternativas?

Sobre la base de la demagogia más mezquina y las formas más chuscas de ejercer la política, no son pocos los que pretenden equiparar el incalificable procés catalán con la justa reivindicación del autogobierno para el pueblo leonés. Es cierto que, históricamente, a diferencia del castellano, el pueblo leonés ha apoyado al catalán en su reivindicación del autogobierno, y no lo es menos que, igualmente hoy, el pueblo leonés asumiría de buena gana parte del Preámbulo de la “Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña” (BOPC núm. 13, de 24 de enero de 2013). ¡Pero solo en cuanto a sus objetivos!: voluntad de autogobernarse con el propósito de lograr el progreso, el bienestar y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, y reforzar la cultura propia. Desde luego, aceptaría también su fundamentación, basada en: “... los derechos históricos del pueblo catalán... el parlamentarismo catalán tiene sus fundamentos en la edad media...” ¡Claro que los leoneses suscribiríamos estos objetivos y estos fundamentos! Pero quede bien claro: para el autogobierno regional, no para la secesión; y para que se aplique el Art. 2 de la Constitución, no para contravenirla.

Lo que en todo caso tampoco vamos a hacer es caer en la trampa que nos tendieron en los 80, la de los juegos dialécticos que culminaron en el predominio de la legitimidad democrática sobre la legitimidad histórica; o en si los derechos históricos son o no derecho (en el sentido subjetivo), o en si son Derecho (en el sentido de Ordenamiento jurídico) -debate que, no obstante, tampoco eludiremos; bien al contrario, trataremos de acercar a la población general, fuera de los límites de alta especialización en el que transcurrió. Recuperaremos ese debate, pero para saber dónde y cómo hemos sido engañados.

Cosa bien distinta es en lo que atañe al derecho de los pueblos. Sabemos que los constitucionalistas de pedigrí los relegan a idéntica naturaleza que los derechos históricos; es decir, ni derecho ni Derecho, ni subjetivo ni objetivo. El problema, también para estos constitucionalistas, es establecer el criterio jurídico por el cual el pueblo español es sujeto político y titular de la soberanía nacional y los pueblos de España no pueden ser más que sujetos de casi nada, soberanos de nada y solo titulares de lo que les permitan. Solución de antaño: el Pacto constitucional de 1978, el de “la ruptura pactada”, del que todavía hoy somos rehenes, y que tuvo como Gran Muñidor al rey Juan Carlos I, acompañado de sus fieles mosqueteros, los líderes políticos de la Transición, que hicieron políticamente bueno aquello de “uno para todos y todos para uno”.

Al respecto, no deja de llamar la atención que, bajo ese Pacto, el primer Estatuto catalán no apelara a los derechos históricos y sí lo haya hecho el segundo, tal vez, arrastrado por la marea historicista que ha afectado a la mayoría de los Estatutos de segunda hornada o, acaso, por la mera apariencia de que fueron tales derechos los que llevaron a vascos y navarros al concierto y convenio económicos. Quede claro que la solución para los leoneses se desenvolverá en lo que como pueblo podamos conseguir cuando se negocie una nueva democracia que sustituya a la de “la ruptura pactada” (“Régimen del 78, en términos periodísticos), la democracia del Nuevo Pacto Federal que, más pronto que tarde, ha de llegar.

Para entonces, veremos si estaremos o no en condiciones de suscribir, además de objetivos y fundamentos, los principios de la Declaración de soberanía catalana. Sobre el Primero, el de Soberanía (“El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”), el Nuevo Pacto Federal deberá determinar el alcance que como sujeto político y jurídico tendrá el pueblo español y diferenciarlo, constitucionalmente, de los que tendrán los pueblos leonés, gallego, castellano, catalán, andaluz,... Acerca del Segundo, el de Legitimidad democrática (que se ampara en la expresión mayoritaria de la voluntad popular como garante fundamental del derecho a decidir), habrá que estar muy atentos a cuáles van a ser los criterios y procedimientos que establezcan todos los tipos de legitimidad posibles: histórica, democrática, cultural, económica...

Aunque a los constitucionalistas no les haga la menor gracia, me temo que el Derecho de los pueblos (que no necesariamente ha de contemplar el derecho a decidir en los términos que se vienen empleando) va a dar mucho que hablar. Tal vez -triste ironía del eterno retorno del filósofo-, volvamos a la época originaria de los estados medievales, los reinos peninsulares, que constituyeron una tradición propia para nada equivalente al 'ius commune', con una clara separación entre el derecho aplicable y el común, siendo aceptado este último solo en función de la incorporación de los derechos propios, los cuales pasaron a identificarse con los derechos civiles de cada reino. Con ello no pretendemos decir que los actuales derechos civiles, forales o especiales que permite el Art. 149.1.8ª de la Constitución (sin tener que apelar a la Disposición Adicional Primera, de la que mucho vamos a hablar), es decir, el derecho civil catalán, andaluz, etc., deban convertirse en derechos del pueblo andaluz, catalán, etc. Lo que queremos decir es que, previsiblemente, el derecho de los pueblos terminará constituyéndose en Derecho, lo que supondrá una clara delimitación de los ámbitos de soberanía; para los españoles, por una parte, y para los vascos, leoneses, catalanes, castellanos..., por otra. Fin de los conflictos territoriales.

Volviendo al presente, los leoneses no podemos continuar tolerando que nos tengan por lo que no somos, “castellano-leoneses” (de 1983 a 2007) o “castellanos y leoneses” (desde 2007 hasta que otra política nos devuelva la identidad formal a leoneses y a castellanos), lo que, en España, solo les ha ocurrido a los castellanos. Tampoco queremos ser identificados meramente como “ciudadanos de Castilla y León”; nuestra identidad como pueblo no puede verse constreñida a la visión administrativa que nos confiere el Estatuto, como en otro momento tendremos ocasión de analizar. Y no es una cuestión meramente terminológica. Para nosotros, la cuestión identitaria debería trascender la personalidad histórica del pueblo leonés -un a priori sobre el que no cabe debatir ni mucho menos negociar- y extenderse a la mejor defensa de nuestros intereses presentes y venideros. Solo así tendremos futuro como pueblo.

Hoy, los leoneses proponemos una nueva estrategia para la consecución del autogobierno de la Región. Pero claro, ¡es la negociación, estúpido! ¿Y quién va a negociar por nosotros?, ¿quién está dispuesto a defender lo leonés más allá de las declaraciones bien intencionadas, ¿quién, más allá del lloriqueo, de la apelación a la Historia o de estrategias políticas fracasadas? Por descontado que hemos de ir más allá de este tipo de soluciones; pura literatura, para muchos que se burlan de nosotros. Hemos de pasar de aquello que nos acusan (una cuestión que solo interesa a eruditos) a la más eficaz de las acciones: la consecución de un auténtico y genuino poder leonés. Para ello, pueden emprenderse, entre otras y sin ánimo de ser exhaustivo, actuaciones como las que siguen, algunas reiteradas desde distintos ámbitos, otras no:

a) Que los leoneses castiguen electoralmente a aquellos partidos que no lleven en sus programas electorales una propuesta realista de solución a la CUESTIÓN LEONESA y sí favorezcan, en cambio, a los que promuevan alcanzar un verdadero poder político leonés

b) Que los leoneses, desde el respeto a la ley, hagan boicot a todas las iniciativas institucionales que compartan y comporten el término castellano-leonés o simplemente castellano para referirse a algo específicamente leonés

c) Que los poderes auténticamente leoneses -económicos, sociales y culturales- aúnen esfuerzos en un gran Pacto Federal Leonés que propugne: el Estado Federado Leonés (caso de creación del Estado Federal Español) o, en su defecto, la Comunidad Autónoma de la Región Leonesa -u otro nombre pactado-, acompañado de una estrategia política para lograrlo; la defensa de sus instituciones históricas, como las Juntas Vecinales y el régimen comunal, por ejemplo; la promoción de los productos de todos los territorios leoneses con acreditación de Denominación de Origen Leonesa; la defensa de la lengua y cultura leonesas; la ordenación del territorio leonés tanto en el contexto territorial de las macro-regiones europeas -como pudiera ser la del Gran Noroeste Ibérico- como en su propio interior; la defensa de la riqueza energética leonesa; la creación de una banca leonesa, integrada -en su caso- en una gran banca noroibérica; la configuración de redes de infraestructuras viarias, comerciales y logísticas de todo orden -singularmente, las del Corredor Atlántico y las facilitadoras de redes telemáticas en medicina y educación- que contemplen los intereses del pueblo leonés; la defensa de la agricultura e industrias agroalimentarias, con especial énfasis en la sostenibilidad de las poblaciones rurales leonesas; etc., etc.

d) Que los leoneses, como pueblo culto que siempre hemos sido, promovamos una auténtica Sociedad de la Educación, como medio de lograr los objetivos pretendidos y no alcanzados por la del Bienestar y vayamos más allá de ésta en su aplicación

e) Que los leoneses demos un paso de dimensiones históricas superando nuestro individualismo y revitalizando una conciencia de pueblo que se ha visto adormecida por la secular presión castellanizadora que vienen ejerciendo sobre nosotros los “poderes pucelanos”. Y, sobre todo, que en esa conciencia resida de manera nítida e indubitable que lo leonés no es privativo ni de quienes se llaman a sí mismos “leonesistas” ni de quienes pretenden reducir la Región Leonesa a una sola provincia titular de las esencias leonesas (éste sí verdadero fundamentalismo territorial)

Hay muchas más, que no son para contar aquí. Porque, modestamente, creemos que la solución definitiva a la CUESTIÓN LEONESA pasa por el federalismo de escala que, el 21 de febrero de 2016, propusimos bajo el título de La construcción del federalismo español, como continuación de las ideas expuestas en El federalismo que ha de venir I y II, de 15 y 16 de enero de 2013. Entonces dijimos, y hoy mantenemos, que se trata de una solución factible que, además, satisfaría a todos los pueblos de España, incluidos los empeñados en tener Estado diferenciado de los demás.

Con una Sociedad de la Educación bien implantada, un federalismo de escala rigurosamente pactado y un Derecho de los pueblos (dentro del Derecho constitucional español) correctamente establecido nos evitaríamos esa confrontación entre Política y Ley en materias como los referéndums -trampa en la que los leoneses no deberíamos caer- o el derecho a decidir, que tan de cabeza nos traen. Como se ha insinuado, es algo que va más allá de lo que hoy se entiende por marco competencial autonómico y su régimen de transferencias.

Y así como en el Planteamiento advertimos de nuevos capítulos, también lo hacemos a la hora de la Búsqueda de una solución, desde la convicción de que hay diferentes maneras de acercarse a la misma, y que el pueblo leonés, en su milenaria sabiduría, sabrá elegir, de entre todas, aquella que de manera más eficiente lo conduzca a la consecución de lo que, hoy, es su voluntad inequívoca: el autogobierno en igualdad de condiciones que el resto de los pueblos de España.

*José Luis Prieto Arroyo es profesor universitario y ha sido vicerrector y director de los campus Noroeste de la UNED. Actualmente es impulsor del partido Nueva Democracia - Nuevademocracia.sxxi@gmail.com