EL Consejo de Cuentas impulsa las auditorías fiscales en 2015 en colaboración con el Tribunal de Cuentas

ICAL

El Consejo de Cuentas ha remitido para su aprobación a las Cortes de Castilla y León el proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones (PAF) para 2015, en el que además de las fiscalizaciones a realizar por mandato legal, la principal característica es el impulso previsto al desarrollo de auditorías en colaboración con el Tribunal de Cuentas.

Así, en relación a las fiscalizaciones de carácter especial, se propone analizar la utilización de la encomienda de gestión regulada en la legislación de la contratación pública aplicable por las entidades del sector público de la Comunidad. Se trata, según se informa desde el propio Consejo de Cuentas, de una iniciativa surgida de la reunión que mantuvo la Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos de control externo (OCEX) el pasado mes de febrero en Palencia para acordar la realización de nuevas fiscalizaciones de manera coordinada, en línea con la dinámica de trabajo seguida en anteriores actuaciones.

Asimismo, y como colofón a los trabajos de fiscalización de las universidades públicas también realizados en coordinación con el Tribunal de Cuentas, se incluye la realización de un análisis comparativo de las cuatro de Castilla y León.

Otro de los criterios seguidos en el proyecto del PAF 2015 es la programación de trabajos de auditoría con previsión trianual. De esta forma, dentro del informe sobre contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma (2014), se plantea organizar la auditoría de los contratos menores mediante una distribución de los organismos en tres años.

Con esta misma intención trianual se plantea la fiscalización del patrimonio inmobiliario de las diputaciones provinciales, comenzando con las tres más importantes económicamente de la Comunidad (Burgos, León y Valladolid), así como de la contratación para la gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en las capitales de provincia, iniciándose con los Ayuntamientos de Ávila, Burgos y León.

Por otra parte, el Consejo mantiene el criterio de elaborar fiscalizaciones especiales de ayuntamientos que incumplen de forma sistemática la obligación de rendir cuentas, incluyéndose para el ejercicio 2015 las de Turégano (Segovia) y Soto de la Vega (León).

También se contempla, dentro las previsiones legislativas, la fiscalización a realizar de la contabilidad electoral como consecuencia de los comicios que corresponde celebrar en el ejercicio 2015.

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