Castilla y León recibirá 20 millones de euros por el reparto autonómico del 0,7% del IRPF social
Castilla y León recibirá 20 millones de euros del reparto del 0,7 por ciento de la casilla del IRPF para fines sociales en virtud del acuerdo alcanzado hoy en Madrid por unanimidad en el Consejo Territorial de Dependencia y Servicios Sociales. El acuerdo, sellado entre la ministra de Sanidad, Servicios e Igualdad, Dolors Montserrat, y los consejeros del ramo, supone que el Estado gestionará el 20 por ciento de la recaudación, que ascendió a 240 millones de euros, mientras que los gobiernos autonómicos se encargarán del 80 por ciento restante, es decir 196 millones, de los que 20 irán a la Comunidad.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, aseguró que el acuerdo da “estabilidad, certeza y garantía” a las entidades del tercer sector. “Hemos acordado por unanimidad el modelo propuesto por el Ministerio que, además, recoge las peticiones que Castilla y León, junto con su tercer sector, hemos trasladado en las reuniones previas”, señaló.
Recordó que Castilla y León recibirá “algo más de 20 millones de euros” que irán destinados en su totalidad a “las entidades del tercer sector que venían desarrollando programas sociales”. De este modo, añadió, la Junta de Castilla y León “se compromete” a que esos fondos sean destinado “exclusivamente” a las más de cien entidades del sector que vienen desarrollando 350 programas sociales diferentes en nuestra región.
Alicia García señaló que si bien es una “acuerdo transitorio”, que únicamente tiene vigencia para el reparto de este año, “da estabilidad, certeza y garantía a las entidades del tercer sector”. Y es que entre estas entidades, dijo, se había generado “muchísima incertidumbre” ante la negociación de un nuevo modelo, tras 29 años de vigencia del anterior. Tal y como recordó la consejera, una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de enero lo hacía “inviable” al entender que existía una invasión de competencias del Estado en las comunidades autónomas.
Según avanzó, en la reunión de hoy se decidió también la creación de un grupo de trabajo que irá definido el “modelo definitivo a partir de 2018”. Lo que “urgía” era llegar a una acuerdo para 2017, manifestó la consejera, y ya la “próxima semana” se celebrará una reunión “de carácter técnico” para empezar a perfilar el modelo que se implantará a partir del año que viene. A este respecto, adelantó que “la voluntad de todas las comunidades es alcanzar acuerdos” y que el criterio que marcará Castilla y León es que las ayudas “lleguen a quienes tienen que llegar”, las personas desfavorecidas.
En este punto se mostró partidaria de que las comunidades sean fiscalizadas, de tal forma que se garantice que los fondos transferidos acaban en las entidades del tercer sector. “Creo que siempre que se gestionan fondos públicos tiene que haber un control, tanto al tramo autonómico como en el estatal”, indicó sobre este asunto.
Los programas que se financian gracias a la casilla Actividades de Interés Social van dirigidos, principalmente, a la infancia, a las familias, a la juventud, a las personas mayores, a las personas con discapacidad o a personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.
Estos programas gestionados por las entidades del tercer sector “beneficiarán” en España a más de siete millones de personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. En concreto, durante el año 2017, cerca de 500 ONG desarrollarán más de 1.300 programas gracias a la solidaridad de las personas contribuyentes.
Sólo en 2016, fueron atendidas casi 7,4 millones de personas en España y supuso el reparto de más de 234 millones de euros a 8.552 proyectos, que financiaron 1.383 programas, en los que participaron más de 114.000 voluntarios.
Las entidades del tercer sector mostraron su rechazo al reparto de la gestión de los fondos (80 por ciento las comunidades autónomas y 20 por ciento el Estado). De hecho, la Asamblea de la Plataforma Tercer Sector-PTS Estatal votó por unanimidad en contra del nuevo modelo. Dicha Plataforma aboga por otro en el que el reparto sea 50-50 entre el Estado y las administraciones regionales.