Castilla y León rechaza el impuesto dulce pero pide la recaudación si se implanta
Junta, Asaja, La Alianza UPA-COAG, Urcayl, Cecale, Azucarera y Acor suscribieron un manifiesto contra la propuesta del Gobierno de implantar un impuesto especial en las bebidas con alto contenido azucarado; en el que se exige, no obstante, que si la medida ve la luz finalmente, la recaudación lograda revierta en el sector remolachero-azucarero para compensar las pérdidas que sufra.
La consejera de Agricultura del Gobierno regional, Milagros Marcos, presentó hoy el acuerdo, en el que se exige un estudio del impacto económico “colateral” que producirá en el sector este tributo. Marcos destacó que “no se puede demonizar el azúcar” y sentenció que el manifiesto, que mañana debería estar acompañado de un acuerdo en las Cortes autonómicas en defensa del sector y será trasladado al Gobierno de España, pretende “actuar de forma inmediata para poder evitar el posible impacto de esta medida”.
Marcos estuvo acompañada por los presidentes de Asaja, Donaciano Dujo; Urcacyl, Gabriel Alonso; Acor, Juan Carlos Rico; y CVE, Ángela de Miguel, en representación de Cecale; el coordinador de La Alianza Aurelio González; y el consejero delegado de Azucarera Ibérica, Juan Luis Rivero. En su exposición, la consejera incidió en que el impuesto perjudicaría directamente a un sector que da empleo en Castilla y León a 6.000 personas de forma directa e indirecta y precisó que España importa en estos momentos 800.000 toneladas de azúcar y si este producto llega más barato “tendremos muchos problemas para dar salida al que se produce aquí”. Así, abogó porque se compense el impacto de este impuesto si en otros países se puede producir azúcar mucho más barato.
El peor momento posible
Milagros Marcos recordó que en Castilla y León se produce el 85 por ciento del azúcar de España, en cuatro molturadoras, de las cinco que operan en el conjunto nacional; y advirtió de que gravar este producto llega en el peor momento posible, cuando el sector se enfrente a un cambio inminente derivado del fin de las cuotas de producción en Europa. En este sentido, afirmó que el tributo es un “torpedo en la línea de flotación” de un sector que sufrió profundamente un proceso de reestructuración y que ha apostado por la productividad para que el fin de las cuotas sea un “revulsivo para crecer” y “no lo contrario”.
La consejera indicó que todos los firmantes del acuerdo asumen que sería positivo afrontar iniciativas tendentes a un consumo moderado y a fomentar hábitos alimentarios saludables, pero desde un ámbito informativo y formativo. “No es entendible que una medida recaudatoria sea la única vía para conseguir la reducción de consumos abusivos y favorecer hábitos saludables”, dijo.
Marcos resumió que este manifiesto, que dejó abierto para que se sumen otras organizaciones que lo consideren oportuno, pretende en primer lugar que se reconsidere el impuesto y sino es así, que su recaudación se destine a compensar las pérdidas que pueda sufrir el sector.
Mesa de la remolacha
La consejera de Agricultura también anunció que la semana que viene se constituirá la mesa sectorial del sector remolachero azucarero, tras la aprobación el pasado miércoles, en el Consejo de Gobierno, del decreto mediante el cual se crea la Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria, que estará presidida por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y se establece la composición y organización de los órganos consultivos en el sector agrario y agroalimentario como el consejo agrario de Castilla y León, los consejos agrarios provinciales, el comité asesor agroalimentario, el comité del cooperativismo y las mesas sectoriales.
Milagros Marcos indicó que la mesa servirá de foro donde analizar los posibles impactos y las medidas a adoptar para garantizar el futuro de un cultivo “de los más sociales” porque fija población en el medio rural.
Una cuarta parte para bebidas
Por su parte, el presidente de Acor, Carlos Rico advirtió del impacto de gravamen cuando, precisó, una cuarta parte de la producción de azúcar de Castilla y León está destinada a las bebidas carbonatadas azucaradas y afirmó que “no se debe, ni se puede ni es razonable demonizar” este producto y creer que un impuesto puede modificar hábitos de consumo en los jóvenes.
El consejero delegado de Azucarera Ibérica, Juan Luis Rivero, criticó duramente la decisión del Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy y expresó su preocupación sobre todo por el “daño que puede hacer a la imagen de este ingrediente”. “Lo único que hace es daño a la imagen del azúcar en un momento en el que están volcados para ser competitivos”, constató.
“Montoro sólo quiere recaudar”
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, arremetió contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del que dijo que no mira por la salud de los ciudadanos, sino que “quiere recaudar impuestos a costa de un sector estratégico para Castilla y León”. Dujo indicó que el sector ha podido sobrevivir tras la reestructuración impuesta por la UE, gracias al esfuerzo de las administraciones, con 14 millones del Estado y diez de la Junta de apoyo en medidas agroambientales; los cultivadores y las industrias. “Rechazamos que el esfuerzo del sector, de las industrias y de las administraciones se lo quiera llevar Montoro”, resumió.
El coordinador de La Alianza Aurelio González defendió que el Gobierno debe informar para impulsar un consumo responsable del azúcar entre los jóvenes y recordó que el sedentarismo aparece como la segunda causa de la obesidad de este colectivo por lo que “podrían gravar también, por ejemplo, los videojuegos”, dijo. Además, defendió el consumo de azúcar de forma responsable como saludable dentro de la dieta y lamentó que se quiera gravar este producto “en el peor momento”.
En representación de la patronal, Ángela de Miguel rechazo cualquier subida de impuestos, porque afectará a todos los sectores. “Es pan para hoy y hambre para mañana”, dijo, para vaticinar que a largo plazo se verá mermada la recaudación; cerrarán empresas y se generará más paro.
Por último, el presidente de Urcacyl, Gabriel Alonso, sentenció que el planteamiento del Ejecutivo central es “temerario”.
