Castilla y León tendrá su propia ley de transparencia
Los altos cargos de la Junta de Castilla y León, en torno a un centenar en este momento, estarán obligados a presentar una declaración de bienes no sólo cuando acceden al puesto, sino cuando salen del mismo, y la información se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad, según recoge el anteproyecto de ley de Transparencia, acceso y reutilización de la información pública y participación ciudadana en los asuntos públicos de la Comunidad Autónoma, presentado hoy ante el Consejo de Gobierno por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
En este momento, los altos cargos de la Administración de la Comunidad presentan una copia notarial de bienes y patrimonio en el Registro General de Bienes de Altos Cargos, pero sólo lo hacen al asumir el puesto y no es público. Igual ocurre con el Registro de las Cortes de Castilla y León, donde los parlamentarios depositan su documento de bienes y patrimonio, que, aunque no es público por reglamento, se colgó en la web de la Cámara.
La publicidad de los bienes y patrimonio de todos los altos cargos -presidente, consejeros, viceconsejeros, directores generales, delegados territoriales y también directivos de empresas públicas con esa consideración-, petición histórica en las Cortes del PSOE, es una novedad respecto de la ley estatal de transparencia aprobada el pasado mes de diciembre. “Sería bueno que se extendiera en todas las administraciones, así lo creemos cuando lo hemos aprobado, pero no me voy a meter en ese charco”, afirmó el consejero portavoz, en la rueda de prensa que sigue al Consejo de Gobierno.
Además, el texto, conocido hoy por el Consejo de Gobierno, señala que los organismo y entidades del sector público autonómico deberán difundir de manera detallada las relaciones de puestos de trabajo y plantillas de personal, los puestos de personal eventual, las convocatorias de proceso de selección de personal, los convenios colectivos y acuerdos, pactos o planes reguladores, los textos de las resoluciones judiciales que afectan a las normas de la Comunidad, el gasto público en campañas de publicidad institucional, el volumen de endeudamiento, la estructura de la cartera de la deuda, la relación de bienes inmuebles y su finalidad y el número de vehículos oficiales y su uso.
Castilla y León será la tercera comunidad autónoma en tener una Ley de Transparencia
“La transparencia no sólo es el antídoto contra la corrupción, sino que es el camino necesario para la participación de los ciudadanos en la vida pública. Es la clave para buscar la participación, si eres transparente y das información, viene la participación y la cooperación, es un círculo virtuoso”, resumió el consejero portavoz.
Participación de los ciudadanos
Los ciudadanos pueden participar a través del Portal de Gobierno Abierto, creado en marzo de 2012, con aportaciones o sugerencias a los anteproyectos, decretos, normas, planes y estrategias que elabora la Junta de Castilla y León. Estarán exentos de estas propuestas, los decretos ley, por su carácter de urgencia, los anteproyectos de ley de presupuestos y medidas, las relaciones de puestos de trabajo y el decreto de estructura del Gobierno.
Según la Junta, todos los documentos publicados en el Portal de Gobierno Abierto serán reutilizables, donde se incluirá también la información de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia y se recogerán enlaces a las páginas web o sedes electrónicas del resto de los organismos y entidades del sector público autonómico obligados por esta ley.
Procurador del Común
La legislación estatal establece que las comunidades autónomas deben determinar qué órgano independiente velará por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la Junta ha optado por encargar esa función al Procurador del Común, sin crear un nuevo organismo o suscribir un convenio con el Comisionado estatal para que lo realice este o, como recoge la ley.
De esa manera, el Procurador del Común de Castilla y León tendrá las funciones de Comisionado de Transparencia y velará por el cumplimiento de la ley por parte de la Administración Autonómica y de las entidades locales. Así, el defensor de los ciudadanos velará por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y salvaguarda del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y resolverá los recursos ante las resoluciones que denieguen el acceso a la información. El Comisionado y la Comisión de Transparencia dispondrán de la autonomía, independencia y objetividad que otorga al Procurador del Común su ley reguladora y ejercerán las funciones que le atribuye la ley. Anualmente, presentará una memoria anual ante la Comisión de las Cortes de Castilla y León.
El consejero de la Presidencia recordó que la transparencia es un compromiso de investidura del presidente de la Junta, que se inició con la creación del Gobierno Abierto y que se amplía ahora al dar rango de ley a la información, participación, así como a la obligación de dar publicidad a los bienes y patrimonio de los altos cargos, una vez que el texto normativo esté aprobado.
De Santiago-Juárez explicó que el camino para la redacción de esta ley se inició en mayo de 2013 con una reunión de profesores, expertos, grupos de las Cortes y representantes de otras comunidades. Después se colgó en el portal abierto el título -“un papel en blanco”- para recabar las aportaciones, hasta 23 se han recibido, algunas firmadaspor colectivos.
El anteproyecto, del que el pasado martes informó a los grupos de las Cortes, estará ahora diez días abierto a la participación en el Gobierno Abierto, antes de aprobarse en Consejo de Gobierno y remitirse a las Cortes para su tramitación. Sólo Navarra y Extremadura tienen ya una ley de transparencia similar.
