Castilla y León ha perdido 650 millones anuales con el modelo vigente de financiación, según la Junta
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, cifró hoy en 650 millones de euros anuales lo que ha dejado de recibir Castilla y León con el sistema de financiación aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en comparación con el pactado con el Ejecutivo de José María Aznar, es decir, entre el modelo aprobado en 2001 y el de 2009. Del Olmo remarcó que la Comunidad “está mal financiada” con la pérdida de fondos en el actual sistema.
La consejera, en declaraciones a los periodistas minutos antes de participar en el Club de Prensa 'Financiación autonómica. Igualdad para todos', organizado por El Mundo- Diario de Castilla y León, insistió en que la negociación para revisar el actual modelo no se puede basar sólo en la población, sino que tiene que recoger las variables de extensión, dispersión y envejecimiento de la población.
“Da la sensación que al Estado le costaba más prestar algunos servicios que a la Comunidad Autónoma”, dijo la consejera, que apuntó cómo en aquellos momentos se tuvieron en cuenta materias que en este sistema no ve así, ante la pérdida de fondos.
Respecto a que Cataluña pueda contar con más fondos del Gobierno, como publica hoy en primera página la edición del mismo rotativo, la consejera sostuvo que no tiene sentido que el Ejecutivo dé más dinero a una comunidad y entendió que habrá más financiación para el conjunto del sistema y, por tanto, para todas las autonomías.
Al respecto, recordó que cuando se reformó el sistema vigente ya se hizo por una reivindicación de Cataluña y hubo una reunión del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero con el titular de la Generalitat, Artur Mas. “No sirvió para aplacar las reivindicaciones de Cataluña y sería un error volver a caer en ello”, avisó. “Entiendo que cuando a una comunidad se le ofrecen más fondos es porque a todas las comunidades se nos van a ofrecer más fondos”, añadió.
En esa línea, consideró que el Gobierno “tiene pensado poner más fondos en el modelo porque no tiene mucho sentido que solo quieras beneficar a los ciudadanos de una comunidad”. Además, reiteró que la negociación “no se puede hacer con prisas y menos para acallar a los nacionalistas”.
Mayor coste
Del Olmo explicó por qué en Castilla y León cuesta más prestar los servicios y recordó que la extensión de la Comunidad es superior a 17 estados miembros de la Unión Europea, que cuenta con 2248 municipios y que el 22 por ciento de la población tiene más de 65 años. Como ejemplo, reflejó que la sanidad es más costosa al tener más mayores y subrayó que prestar la sanidad a una persona mayor de 65 años es cinco veces más costosa que a una de menos de 40 años.
Además, destacó que también influye en la prestación de los servicios ya que la Comunidad tiene el cinco por ciento de la población española y un ocho por ciento es beneficiaria de una prestación social. De la misma manera, remarcó que la extensión también incide en el coste, dado que el 50 por ciento de los niños viven en el mundo rural y su escolarización supone el doble que si residiera en una ciudad.
La consejera afirmó que si la población de Castilla y León viviera en una gran ciudad tendría un 25 por ciento menos de médicos y un 20 por ciento menos de enfermeros y remarcó que la financiación per cápita es “totalmente simple e injusta” porque “no reconoce que a las personas que viven en un territorio extenso, disperso o con una población envejecida les va a costar mucho más acceder a los servicios públicos fundamentales”.
Del Olmo, que explicó que analizan las propuestas de financiación de otras comunidades remitidas por el Ministerio de Hacienda, aseguró que han hecho la evaluación para que el Gobierno vea que aquí cuesta más prestar los servicios y reiteró que “no es algo intuitivo y hay datos que lo constatan”.
“Hay que aprovechar ahora que sea un modelo distinto, que no sólo esté condicionado por la política, sino por múltitud de datos que demuestran cuánto cuesta en cada sitio prestar los servicios. Lo más importante es que las personas puedan acceder a los servicios públicos en condiciones de igualdad, y eso no lo mide la financiación per cápita”, resumió.
Por último, la consejera se refirió al cierre de déficit de 2013, cuando el Gobierno está a punto de facilitar las cifras definitivas, y reconoció que “la holgura” del 1,09 por ciento sobre el 1,27 permitido a Castilla y León “puede ser algo mayor”, dado que es un primer avance, pero insistió en que la Comunidad siempre ha estado entre las cumplidoras con el objetivo.
