Cacabelos insta a la Fiscalía a abrir proceso contra el anterior equipo de Gobierno
Una ristra de más de una hora de informes de tesorería a intervención que advertían de ciertas incongruencias en la gestión del erario municipal. A todo ello ha dado lectura el actual regidor del Ayuntamiento de Cacabelos para sacar adelante las alegaciones presentadas en su día como grupo en la oposición, a las cuentas de 2009 y 2010, con el apoyo de IU y de un edil electo por el PSOE, Luis Carballo. Por lo que quedaron rechazadas y el pleno acordaba elevarlas con esa consideración a los órganos de fiscalización: Consejo de Cuentas, Tribunal de Cuentas y Ministerio de Hacienda.
Una vez rechazadas estas cuentas, se daba paso al quinto punto en el orden del día, el más reseñable, “presentación de denuncia ante la fiscalía, por las irregularidades detectadas en las cuentas de los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010”.
Entre las presuntas irregularidades cometidas en estos ejercicios, ha citado el alcalde, “no se ha rendido cuenta de las retenciones del IRPF de nóminas de trabajadores”, “cobros sin expediente o factura que justifique dichos pagos”, “emisión de cheques y pagos sin que conste expediente o justificación”, “coincidencia de operaciones en las cuentas bancarias municipales al término de varios ejercicios, con un saldo a 31 de diciembre y retirada de parte de fondos a 1 de enero”, y “pago de parte de nóminas fuera de la fiscalización, a través de cuentas no presupuestadas”, una fórmula que se empleó, según Adolfo Canedo, para el pago de otros conceptos y servicios contratados “fuera de la contabilidad por estas cuentas no presupuestadas”. Además, se aseguró que los empleados municipales que percibían “estos sueldos por una vía alternativa a la contabilidad registrada fueron ya despedidos por estar contratados en fraude de ley”. El propio Canedo resumió que “desde el año 2006 nada tienen que ver los movimientos de las cuentas, con lo que se reflejaba en la contabilidad”.
El Ayuntamiento de Cacabelos, como administración, instará bajo acuerdo plenario a la Fiscalía de Ponferrada a iniciar de oficio un proceso de investigación y denuncia para dirimir la existencia de estas presuntas irregularidades y dirimir responsabilidades, que irán dirigidas expresamente en la solicitud del consistorio, hacia el exalcalde y los ediles del anterior equipo de Gobierno.
Por su parte, José Manuel Sánchez, insistió en que todo responde a “una persecución personal” fundamentada en “falsedades” y se manifestó “muy tranquilo, porque probaremos ante el Tribunal de Cuentas que no se ha cometido ninguna irregularidad” aunque habló de la posibilidad de “errores” en la contabilidad que “en ningún caso fueron realizados conscientemente”.
