El Ayuntamiento de Astorga, “no colaborador” y nada transparente
El Ayuntamiento de Astorga pasa a formar parte de las administraciones no colaboradoras registradas en el Procurador del Común. En un escrito fechado el pasado 10 de noviembre, el defensor del pueblo de Castilla y León comunica al Consistorio astorgano que en cinco meses, “y pese a haber reiterado la necesidad de conocer su postura”, no ha contestado a la queja presentada por IU-Astorga sobre la ilegalidad de la gestión del servicio de recogida de basura.
El Procurador del Común ha procedido a archivar la queja no sin antes comunicarle al Ayuntamiento su “malestar” por la falta de colaboración. Desde Izquierda Unida se asegura que “es triste que el Ayuntamiento actué de forma desleal con una institución al servicio de la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Si actúa así con una institución oficial ¿cómo actuará con los vecinos y vecinas de la ciudad? Cualquiera se lo puede imaginar”. El Procurador del Común resolvió declarar ilegal la gestión del servicio de recogida de basura.
En el mes de enero el Procurador del Común admitió a trámite la queja presentada por Izquierda Unida-Astorga sobre la posible ilegalidad en la que está incurriendo el Ayuntamiento en la prestación del servicio de limpieza y recogida de basura. IU-Astorga viene reclamando de forma reiterada desde que se acabaron las prórrogas del contrato, que se cumpla la ley y el servicio pase de forma inmediata a ser gestionado por el propio Ayuntamiento, puesto que en la actualidad no existe contrato de gestión con la empresa concesionaria.
Cuatro meses después, en mayo, la alcaldesa de Astorga solicitó una explicación al Procurador del Común basándose en el informe realizado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, en el que se especifica que son las diputaciones quienes tienen la obligación de prestar ese servicio a los municipios de menos de 20.000 habitantes, “solamente, y con permiso de la Diputación”, el Ayuntamiento podría contratar la limpieza y la recogida de residuos, “si podía demostrar que lo hacía por un euro más barato”, asegura Alonso.
Los servicios jurídicos municipales y el Procurador del Común no se han puesto de acuerdo sobre qué significa que la Diputación se encargará de “coordinar” el servicio, tal y como aparece en la Ley de Reforma Local aprobada el pasado 31 de diciembre. Mientras el defensor de los ciudadanos interpreta que los ayuntamientos mantienen esta competencia y a la Diputación Provincial tan solo le corresponde la coordinación, la cual no puede ir en perjuicio de la autonomía local, ni alterar el sistema de distribución de competencias, para el Ayuntamiento “la ley dice claramente que es la Diputación” quien tiene que contratarlo.
