Castilla y León tramita la Ley de Violencia Intrafamiliar, una de las exigencias de gobierno de Vox al PP
Era una exigencia de Vox que aparece en su pacto de gobierno con el PP y se va cumplir. El Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León ha publicado este miércoles, para el trámite de consulta previa, el esquema de la estructura de lo que será la Ley de lucha contra la Violencia Intrafamiliar en Castilla y León. En esa consulta para recabar la opinión de los sujetos y las organizaciones más representativas afectados por la futura norma, particulares y organizaciones afectadas podrán realizar aportaciones al texto publicado durante el mes de agosto.
Vox pretende igualar así la violencia intrafamiliar con la violencia de género, algo que ya ha calado en el Partido Popular: no sólo tramitará la ley, además el gobierno autonómico ya ha decretado minutos de silencio por la muerte violenta de hombres. Además, hace una semana, la Consejería de Empleo (en manos del partido de extrema derecha) eliminó las subvenciones a empresas por contratar a mujeres víctimas de violencia de género.
En una nota de prensa, el gobierno autonómico justifica su cesión asegurando que “la preocupación del Gobierno de Castilla y León por este tipo de violencia no es una novedad, como demuestra la aprobación en 2019 del Plan de Prevención de la Violencia en el Ámbito Familiar con el objetivo de prevenir esta violencia y atender a las personas que la sufren”. La futura ley, afirman “supondrá un paso más en esta inquietud, elevando de rango la protección jurídica a las personas que la sufren, dando así respuesta a esta problemática social existente que afecta a los diferentes grupos de personas que se encuentran en ese entorno familiar”. Además, precisan que coexistirá con la Ley Autonómica de Violencia de Género que Vox pretende derogar.
La norma establecerá medidas de protección integral contra la violencia en el ámbito familiar, con la finalidad de su erradicación, mediante un conjunto integrado de actuaciones en las que se impulsará la colaboración y participación con las instituciones públicas y privadas que intervengan en la atención de víctimas de violencia intrafamiliar y la coordinación con todos los agentes implicados. Entre las medidas y actuaciones previstas se encuentran la sensibilización social y prevención, la detección precoz, la atención integral a las víctimas y la elaboración de investigaciones y registros de información sobre esta problemática.
Objetivos de la norma
La finalidad de la ley será erradicar la violencia intrafamiliar en todas sus formas. Entre los objetivos que se marcará para lograrlo están sensibilizar a la sociedad contra esta problemática, favorecer el acceso a la información destinada a las víctimas, prevenir y detectar precozmente situaciones de este tipo de violencia, atender de manera integral a las víctimas e investigar sobre dicha problemática y difundir los resultados.
Esta legislación se ajustará a las competencias que tiene la Comunidad en la materia objeto de regulación, que son establecer las directrices para erradicar la violencia intrafamiliar en el ámbito territorial de Castilla y León, garantizar el derecho a la atención integral tanto a las víctimas como a las personas dependientes de las mismas, así como prestar asistencia a las instituciones públicas y privadas que participen en dicha atención. Además, la Junta deberá impulsar la coordinación de todos los agentes implicados y establecer medidas que fomenten la inserción laboral de las personas afectadas.
Asimismo, según informa el anuncio publicado hoy en Gobierno Abierto, la Ley de lucha contra la Violencia Intrafamiliar no recogerá aquellos tipos de violencia que cuentan con un marco y una red específica de actuación, como es el caso de la violencia de género o los supuestos de desprotección de niños y adolescentes.
Concretamente, se contemplará como violencia intrafamiliar, tanto física como psicológica, la que se produce de los hijos menores hacia sus ascendientes y descendientes -filioparental-, de pareja que no tenga consideración de violencia de género en la legislación vigente, a los mayores que residen en el hogar y a las personas con discapacidad por parte de sus familiares.
El documento publicado en Gobierno Abierto también establece el esquema sobre el que se asentarán los principales servicios y prestaciones para las víctimas, entre los que se encuentra el servicio de información y orientación, dirigido a prestar una correcta información a las posibles víctimas y su entorno sobre sus derechos y deberes y sobre los recursos existentes.
En cuanto a la atención psicológica, podría desglosarse en una primera atención de apoyo emocional y de consultas o problemas que puedan plantearse y, en el caso de que fuera necesario, en una intervención psicológica más especializada, adaptada y prolongada en el tiempo en función del caso y la situación concreta.
El asesoramiento jurídico será un servicio dirigido a facilitar asesoramiento legal gratuito a las víctimas de violencia intrafamiliar en materia civil, penal, administrativa o cualquier otra que guarde relación con su situación.
La futura ley también preverá proporcionar a las víctimas recursos de alojamiento cuando carezcan de medios de subsistencia.
Por último, contemplará la concesión de ayudas económicas para las víctimas de violencia intrafamiliar. Con carácter general, estas prestaciones irán dirigidas a aquellas víctimas para las que quede acreditada insuficiencia de recursos económicos, especiales dificultades o imposibilidad de acceder a un empleo y serán incompatibles con cualquier ayuda, ingreso o subvención concedidos con la misma finalidad. Los menores huérfanos tendrán derecho a una ayuda económica cuando la violencia intrafamiliar tenga resultado de muerte de sus progenitores o de uno de ellos como consecuencia de la violencia intrafamiliar en el ámbito de la pareja.
