“Nos estamos jugando el futuro de la asistencia sanitaria. Este es el momento”

Treinta y seis años después de la aprobación de la Ley General de Sanidad nos encontramos con un sistema sanitario desmantelado, colapsado desde el inicio de la pandemia, con unas listas de espera en máximos históricos y totalmente parasitado por empresas privadas de todo tipo.

Esta situación viene de lejos, y tiene responsables: las leyes que permiten la entrada del capital privado en un servicio público financiado con dinero de nuestros impuestos, y todos aquellos actores sociales que en las últimas décadas han permitido mantener dichas normas sin derogarlas. En la actualidad, casi uno de cada cuatro euros dedicado a asistencia sanitaria acaba en manos de empresas privadas. Y es que el ánimo de lucro y la prestación de un servicio público son incompatibles, y más en un campo como es la asistencia sanitaria, en el que con lo que se juega es con la salud de la población. Algo que ya nos advertía hace años Ken Loach en su film 'El espíritu del 45', rememorando la batalla librada tras la segunda guerra mundial en Gran Bretaña contra colegios médicos, seguros privados y sectores profesionales, para poder poner en marcha un sistema sanitario gratuito (en el momento del uso) y universal como fue el NHS.

En el Estado español tuvimos que esperar cuatro décadas más para poner en pie un Sistema Nacional de Salud, lastrado en su desarrollo desde el inicio por las mismas presiones que sufrieron en Gran Bretaña y, por el nulo interés de los políticos para aplicar los aspectos más progresistas de la Ley General de Sanidad. Por ejemplo la dispensación de los medicamentos mas prescritos desde el propio sistema, o la integración de las redes privadas paralelas financiadas con dinero público (MUFACE, MUGEJU,ISFAS). Como aportes positivos, fundamentalmente un modelo de atención primaria asistencial que sustituyó al tercermundista modelo de “cupo” y a las “igualas”. Sin embargo, la principal filosofía de la atención primaria, la salud comunitaria y la actuación contra los “productores de enfermedad”, fueron meras promesas, ya que su desarrollo colisionaba con los intereses políticos y económicos.

Lo que es innegable es que mientras todos los partidos políticos dicen defender la sanidad pública, ninguno ha tomado medidas reales para defenderla. Invariablemente, da igual quien gobierne, desde la “izquierda” en Baleares, hasta la “derecha” en Madrid o Castilla y León, pasando por las comunidades gobernadas por los nacionalistas, en todos los lugares hay una extraña coincidencia: nadie actúa sobre las causas reales de su deterioro, y se considera a la sanidad como un nicho de negocio, ya sea privatizando sus partes rentables, o deteriorándola para empujar a la población hacia los seguros privados.

Sea la ley Ómnibus en Madrid, o la Ley Aragonés en Cataluña, no importa tanto quién ejecuta la privatización, sino los resultados sobre población y trabajadores del sector. Y los resultados del modelo privado, son innegables: peor calidad de la asistencia, mayor mortalidad (aquí, aquí), mayor deterioro de las condiciones laborales de los profesionales y plantillas más reducidas que en el sector público. Lógico si tenemos en cuenta que están obligados a repartir jugosos beneficios entre sus accionistas. Ni pacientes, ni sanitarios ganan, y sin embargo el modelo se ha extendido en las últimas décadas como una mancha de aceite por todo el Estado.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La Ley General de Sanidad ya dejó una puerta entreabierta para vaciar el sistema público a través del artículo 90, -conciertos privados-, de forma que uno de cada 7 euros ya se va a bolsillos privados por esta vía, pero el infame 'Informe Abril', patrocinado por el PSOE abrió en canal el SNS. De ahí a la aprobación de la Ley 15/97 para legalizar los experimentos catalanes y los que vendrían después hizo el resto (con consenso parlamentario y el apoyo de CCOO, con el silencio inestimable el resto de sindicatos, colegios profesionales y sociedades científicas).

Por tanto, la penetración de la sanidad privada en el sistema público es legal en el Estado español, de ahí que no tenga sentido, tras más de dos décadas de lucha contra el desmantelamiento del sistema sanitario no ir a las causas profundas del problema en lugar de andar mareando la perdiz y engañando a gente con buena fe. El momento es ahora, o luchamos por blindar el sistema sanitario del ánimo de lucro para garantizar una atención sanitaria digna a todos, o nos encontraremos más pronto que tarde con un sistema de beneficencia como el que conocieron nuestros padres y abuelos.

Por ello, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, con el apoyo de decenas de colectivos, ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular para la “Recuperación de la Sanidad Pública”, que requiere reunir 500.000 firmas, con cinco puntos fundamentales:

Juan Antonio Gómez Liébana es miembro de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (www.casestatal.org