Villablino lanza una consulta popular de dudosa legalidad sobre la reversión de los terrenos cedidos para el Parador

El Ayuntamiento de Villablino anunció este viernes a través de una nota de prensa que abre un periodo de consulta popular vía telemática y también presencial desde el 18 al 31 de enero para saber “si deben aceptar la oferta de 544.000 euros y la reversión de los terrenos ofrecida por la empresa pública responsable del proyecto del Parador de Turismo de Villablino, Turespaña”.

El proceso se hará a través “un portal digital de participación ciudadana, gestionado por la empresa Osoigo, en el que los vecinos y vecinas de Laciana tendrán que votar si quieren aceptar o rechazar la última oferta realizada por Turespaña”, explican en su nota de prensa.

La cita nota especifica a continuación el sistema para la emisión de los votos: la votación estará abierta en la web participa.aytovillablino.com desde el miércoles 18 de enero a las 09.00 horas hasta el martes 31 de enero a las 23.00 horas. En esta web no será necesario registrarse, únicamente hará falta proporcionar el número de DNI y la fecha de nacimiento, así como un número de móvil para verificar cada voto. La votación es completamente anónima, por lo que esta información servirá únicamente para corroborar cada voto con el censo municipal, pero no se usará ni consultará para ninguna otra cosa“.

Buscando facilitar a los ciudadanos que estén poco familiarizados con la actividad digital la posibilidad de participar en el proceso de votación, “el Ayuntamiento proporcionará un punto de votación presencial para facilitar el proceso a las personas menos familiarizadas con el entorno digital o que no cuenten con un número de móvil. Esta opción presencial estará disponible los días 26, 27, 30 y 31 de enero de 11.00 a 14.00 horas en el Ayuntamiento de Villablino”.

A este proceso que llaman “participativo de decisión común” le incluyen una novedad muy significativa como es la de legalizar la participación de los menores de 18 años, todos los que ya tengan cumplidos 16 años el día 18 de enero. Y explican así sus motivos: “Desde el Ayuntamiento se considera de gran importancia incluir a los adolescentes lacianiegos en esta decisión, por eso, en esta votación no hará falta tener cumplidos los 18 años para participar. El futuro de la comarca pertenece a estos jóvenes que ahora cursan sus estudios en los institutos de Laciana, y por ello, es de especial relevancia que puedan ejercer su derecho a decidir sobre el destino de estos terrenos que tanto han marcado la historia reciente del municipio”.

Con esta decisión, el responsable político máximo del municipio, Mario Rivas, como alcalde, el equipo de Gobierno como órgano colegiado y el pleno como máximo órgano en la toma de decisiones municipales se han inventado un nuevo sistema de toma de decisiones que corresponden a los responsables políticos, que para eso han sido elegidos, dejando en manos de los vecinos las responsabilidades de decisiones acertadas o erróneas, mientras ellos al más puro estilo ‘Pilatos’, se lavan las manos.

Para esto no necesitamos gastar dinero en elecciones municipales, sueldos y gastos de los ediles. Cada vez que haya que tomar una decisión se hace una consulta y los ciudadanos deciden. El próximo paso será el gobierno en concejo abierto. A qué extremos de estulticia se puede llegar cuando queremos ser populistas.

Algunos aspectos poco claros

No se sabe en qué se ampara esta decisión si es personal (capricho) o colegiada por todo el equipo de Gobierno, pues no se especifica. Decreto de la alcaldía no se ha dictado, acuerdo plenario tampoco, por eso es necesario explicar sobre qué base se toma la decisión de la consulta popular.

Aunque le llamen consulta popular esto es un referéndum, que en España están prohibidos por la Constitución de 1978. En Villablino hay un precedente, el pleno del 28 de marzo de 1985 del gobierno municipal comunista de Rodríguez Barrero acordó celebrar un referéndum para decidir si el Ayuntamiento creaba una emisora de radio ilegal al no conseguir una oficial que llevaba años solicitando.

Unos días más tarde, el gobernador civil de León, Antonio Hernández Pérez, nombrado por el primer gobierno de Felipe González, comunicó al Ayuntamiento la anulación del citado acuerdo y su remisión de recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para instar su declaración de ilegalidad. Esto puso fin al referéndum.

Por lo tanto, en este caso el subdelegado del Gobierno en León (antiguo gobernador civil), Faustino Sánchez, que tiene, entre otras obligaciones, la de velar y garantizar que las decisiones de los ayuntamientos se ajusten a derecho, podría también decidir su anulación.

Y queda, además, sin aclarar el capítulo de los gastos. Como no hay acuerdo que respalde la decisión, no sabemos qué presupuesto de gasto tiene la consulta (empresa que gestiona, personal que atiende las urnas, material para la votación, y resto de gasto que se puedan imputar), ni a qué partida presupuestaria se van a cargar.

¿Cómo se van usar los datos del padrón municipal o de los censos electorales para acreditar el derecho de voto? No será eso un uso ilegal de unos datos personales cuya finalidad no es la adecuada.