Ciudadanos se une a las críticas al alcalde de Villablino por una compraventa de fincas aunque sin pedir su dimisión
El Pleno del Ayuntamiento de Villablino celebrado en la mañana del lunes aportó pocas novedades al asunto de debate de los últimos días en Laciana, la petición de dimisión del alcalde, Mario Rivas, hecha desde el PP por la compra de unas fincas de la extinta MSP y la respuesta de éste, amparándose en la legalidad de las esas transacciones.
Sirvió para comprobar que el grupo municipal de Ciudadanos si se sumó a la polémica y su portavoz María Teresa Fernández afeó la adquisición de las fincas por Rivas, “cuando votó a favor en 2016” de que esas parcelas se pidiesen a los administradores concursales “su reversión al Ayuntamiento de Villablino” y ahora “se hace usted con ellas”. Pero en ningún momento pidió su dimisión.
Y también sirvió para dejar constancia de que para IU este asunto no tiene ningún interés, ya que su portavoz, Ángel Nava, no hizo una sola mención al asunto, ni quiso intervenir en el debate, Y dedicó su tiempo a cuestiones referidas al desmantelamiento de las instalaciones del antiguo grupo minero de Calderón y a pedir el sellado de un vertedero ilegal y “sin control”, en la localidad de Orallo.
Por su parte el portavoz del PP, Roberto González, si ahondó en su petición de la pasada semana de la dimisión del alcalde, “ya sin entrar en la legalidad o ilegalidad de la compra, sin porque no ha sido ético, votar en 2016 una cosa para no respetarla ahora”. Y también se refirió a la licencia de obra de solicitada por su esposa, para la rehabilitación de un almacén derruido, “no parece de un almacén abrir grandes ventanales y un porche”.
Respuestas de Rivas
El alcalde basó su argumentación en lo ya sabido, la comisión que negoció el convenio con MSP de 1995, que contemplaba la reversión de las fincas a la “comunidad vecinal de San Miguel”, no tenía entidad jurídica para negociar nada y según un informe jurídico de los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento, ese convenio es “nulo de pleno derecho” y por tanto ilegal y sin validez.
Rivas explicó que, pese al acuerdo del pleno de 2016 siendo él mismo ya alcalde, en que se aprobó solicitar a los administradores concursales la reversión de esas fincas al Ayuntamiento, al no tener San Miguel entidad jurídica propia y ser el Ayuntamiento el que asumió todas sus competencias desde su extinción como pueblo en 1957, en los contactos que tuvo con los administradores concursales que liquidan las propiedades de la antigua MSP o CMC, estos le confirmaron que no daban validez al convenio y por tanto esa reversión era imposible a no ser por decisión judicial.
Lo que sirvió para saber que en ningún momento el Ayuntamiento remitió por escrito esta petición de reversión de las fincas al juzgado que lleva la quiebra, el número 5 de lo mercantil de Madrid, ni a los mismos administradores concursales. “Todas las gestiones fueron de palabra”, explicó el alcalde, por lo que no existe más prueba de esa argumentación, que su propia palabra.
Insistió así mismo que todo esto se debe a una campaña mediática del Diario de León, con sus argumentos ya conocidos y “seguiré saliendo en los periódicos hasta las próximas elecciones”, en una confirmación clara de que en ningún momento se plantea su dimisión.
La sesión estuvo llena de nervios en casi todos los portavoces, lo que no impidió el desarrollo de la misma con una cierta normalidad, exceptuando un pequeño incidente verbal entre la portavoz de Ciudadanos y el alcalde, al que se puso fin sin mayores consecuencias.
Una novedad externa
Lo más novedoso de la mañana sobre el asunto estrella de la sesión lo escuché una vez finalizado el pleno en la calle, dando un paseo con una de las personas que negoció el consabido convenio de 1995 Quien me aseguró, que la cláusula de reversión de las fincas una vez finalizada la explotación, “se nos pidió incluirla desde el Ayuntamiento, a nosotros ni se nos había ocurrido”.
Lo que confirma que desde el Ayuntamiento de Villablino en aquel año 1995, conocían perfectamente la negociación del convenio y lo avalaban, tanto como para introducir correcciones en el mismo. Como ya se apuntó en el artículo publicado el día 5 en ileon.com al informar de la celebración de un pleno el 27 de marzo de 1995, dos meses antes de la firma definitiva del convenio, en el que se autorizaba la ocupación de montes por parte de MSP: “Siguiendo las directrices del Convenio suscrito por representantes de los vecinos de San Miguel y la MSP SA”.
En esa acta de la sesión el entonces alcalde, Pedro Fernández, argumentó: “Todos Vds. saben que el pueblo de San Miguel, no tiene Junta Vecinal, o entidad menor, no tiene capacidad jurídica, a pesar de que esta presidencia le ha otorgado todas las competencias para negociar y para buscar las contraprestaciones que estimen convenientes, tenemos que trasladar a este órgano, al Pleno de la Corporación, el compromiso administrativo este de manifestar el acuerdo del Pleno de la Corporación, al ser el responsable, el titular del paraje como corporación municipal”.
