Los sindicatos agrarios reabren la guerra en la remolacha
UPA-COAG denuncia el incumplimiento flagrante por parte de la Junta de Castilla y León y de Azucarera del Acuerdo de Reestructuración Remolachera firmado en el 2008. En ese documento se firmó un acuerdo entre la industria, los remolacheros y la Junta de Castilla y León que incluía junto un compromiso por el que el agricultor nunca cobraría por debajo de los 40 euros por tonelada de remolacha.
Según la alianza sindical con la decisión adoptada recientemente por el Gobierno autonómico de retirar la ayuda de tres euros por tonelada entregada y al no hacerse cargo Azucarera Iberia (antigua Azucarera Ebro) de esta partida, UPA y COAG entienden que queda invalidado el acuerdo del 10 de marzo de 2008 por incumplimiento de dos de las partes firmantes.
Denuncian que esta medida supone una gravísima afrenta para los cultivadores que entregan en Azucarera respecto a los de Acor, puesto que en esta cooperativa castellana los productores perciben 48 euros/tonelada mientras que los que entregan en la multinacional inglesa sólo cobrarán 37 euros/tonelada, ayudas incluidas.
Consideran especialmente escandaloso lo que está ocurriendo ya que antes de la reforma de la OCM del azúcar, que motiva la firma del Acuerdo de Reestructuración Remolachera en el año 2008, el precio del azúcar se situaba en 648 euros/tn y el agricultor percibía un precio base por remolacha entregada de 48,19 euros/tn, mientras que la cotización del azúcar actualmente está en 712 euros/tn (un 10 % más que en el 2008), y sin embargo el remolachero de Azucarera cobra 25,48 euros/tn por su remolacha, un 47 % menos de precio base que entonces.
Según los sindicatos esto significa que con mayor valor en la cotización del azúcar y pagando la materia prima a la mitad de precio, una vez hecha la reestructuración se está especulando de forma tan agresiva por parte de la empresa inglesa Azucarera, hasta el punto de acabar con un cultivo histórico en la comunidad autónoma, ya que los agricultores no pueden soportar el incremento de costes de producción en fertilizantes, energía, combustible, fitosanitarios...etc.
UPA-COAG entiende que ante el incumplimiento de la Junta y de Azucarera en ese documento del 2008, “dispone de total libertad para iniciar las negociaciones oportunas y así los remolacheros puedan vender su producto al mejor comprador, que en este caso es la cooperativa Acor”. “Esta decisión entendemos que está avalada por parte del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y de la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, al utilizar ambos en todo momento un discurso de apoyar la concentración de oferta a través de las cooperativas, y así participar del valor añadido que genera un producto transformado y comercializado por una empresa de nuestra comunidad autónoma”, indican los sindicatos en una nota de prensa.
UPA-COAG “confía plenamente en que la Junta de Castilla y León sea partícipe de esta propuesta responsable y de compromiso con nuestra comunidad autónoma que realizamos desde ambas organizaciones, con el único interés de salvar, al menos, una parte de un cultivo histórico y eminentemente social para Castilla y León como es la remolacha”.
