La reducción de ingresos en 2011 incrementa la deuda con proveedores hasta los 1.066 millones

La Junta de Castilla y León ha remitido este sábado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el listado con las obligaciones pendientes de pago que pueden atenderse con la línea extraordinaria de préstamo a las comunidades autónomas, acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera CPFF- celebrado a comienzos de marzo.

Esta línea extraordinaria supone una mejora inmediata de liquidez en un momento en que las autonomías tienen muy limitado el acceso al crédito, y da respuesta a la solicitud que al respecto ha venido planteando la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en el seno del CPFF durante la pasada legislatura. Por ello, el Gobierno regional decidió su adhesión a este mecanismo extraordinario de financiación en el Consejo de Gobierno celebrado el día 29 de marzo. Precisamente, uno de los principales requisitos para financiarse mediante esta línea de préstamos era enviar la correspondiente relación de facturas al Ejecutivo central antes del 15 de abril.

Asimismo, con el Acuerdo de 29 de marzo, la Junta se comprometió a cumplir con otro trámite imprescindible en este proceso: la presentación antes del próximo día 30 de un Plan de Ajuste que incluirá la descripción y el calendario de aplicación de las medidas para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad del año 2012 y siguientes, y que deberá obtener el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Disminución de ingresos

El listado de las obligaciones pendientes recogidas en la relación que ha remitido el interventor general al Ministerio incluye las facturas correspondientes tanto a obras, servicios, suministros y gestión de servicios públicos como a los conciertos educativos, sanitarios o de servicios sociales, que se hayan presentado en los registros administrativos antes del 1 de enero de 2012 y estén pendientes de pago.

El importe total asciende a 1.066 millones de euros, de los cuales el 98,3% corresponden a la Administración General y Organismos Autónomos; el 1,2% a entes públicos dependientes de la Junta ¿especialmente, ITA, Agencia de Innovación y Ente Regional de la Energía-; y el 0,5% son deudas de empresas públicas y fundaciones dependientes de la Administración regional. Del total de la deuda, el 95,2% corresponde a facturas de SACYL. No se trata de mayor déficit público, sino que es deuda con proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011 que ha sido comunicada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Esta situación se ha generado por la caída de los ingresos procedentes de los tributos propios, vinculados al sector inmobiliario y de la construcción que continúa reduciendo su actividad, y por la minoración del anterior Ejecutivo de los ingresos que hubieran correspondido a la Comunidad del modelo de financiación autonómica, lo que motivó su reclamación ante el Tribunal Constitucional, que la ha admitido a trámite.

La reducción de ingresos, sumada a las dificultades de obtención de financiación en los mercados financieros, generó graves problemas de tesorería y la imposibilidad de afrontar los pagos a todos los proveedores.

La deuda de 2011 se ha concentrado en la Gerencia Regional de Salud porque, a diferencia de otros ámbitos del sector público, en la asistencia sanitaria pese a las dificultades de tesorería no es posible paralizar el funcionamiento de los servicios asistenciales, desabastecer los hospitales o suprimir el suministro de medicamentos. Este incremento de la deuda no es atribuible a un problema de exceso de gastos ya que el gasto real de la Gerencia Regional de Salud se ha reducido en 2011 respecto al año anterior, sino a la infrafinanciación de la sanidad, denunciada reiteradamente por el Ejecutivo autonómico.

De hecho, durante 2011 la Junta de Castilla y León adoptó nuevas iniciativas para el control y la reducción del gasto público en todos los ámbitos, incluido el sanitario. Además reclamó la colaboración del Gobierno de la Nación para afrontar el importante problema de la deuda sanitaria que, al afectar a todas las Comunidades de régimen común, ha terminado transformándose en un problema de Estado.

El plan de pago a proveedores va a permitir superar el problema de deuda acumulada. Además se están afrontando nuevas iniciativas dirigidas a garantizar la sostenibilidad de las cuentas autonómicas, especialmente de la sanidad pública de Castilla y León.

Información a proveedores

Junto al Acuerdo de la Junta de adhesión al mecanismo extraordinario de financiación a proveedores, en el Boletín Oficial de la Comunidad de este viernes, 13 de abril, se publicó un anuncio informativo para que los interesados puedan acceder a este sistema de pago.

Así, a partir del próximo lunes, 16 de abril, los contratistas podrán consultar -a través de la página web de la Junta de Castilla y León o de su teléfono 012 de información administrativa- si las facturas pendientes emitidas a la Administración y entes de la Comunidad están incluidas en el listado que hoy se remite al Ministerio. En el supuesto de que estos detectaran que alguna de esas facturas no figura en dicha relación podrán solicitar su inclusión a la Intervención General, que tiene un plazo de quince días para contestarles. Si no se resuelve expresamente la solicitud en el citado período la factura se sumaría a las incluidas en el listado inicial.

Es preciso destacar que para que los proveedores puedan cobrar los pagos pendientes es necesario que acepten expresamente su adhesión al mecanismo extraordinario de cobro. Para ello disponen de dos vías, una telemática -a través de la página web de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria-; y otra presencial -mediante escrito normalizado dirigido a la Intervención General de la Comunidad-.

Pagos a partir de la primera quincena de junio

Una vez que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas haya autorizado a la Comunidad el plan de ajuste previsto, la Junta aprobará la formalización de la correspondiente operación de crédito y las entidades financieras podrán materializar las transferencias de pago a los proveedores que se hayan acogido al mecanismo a partir de la primera quincena de junio.

Con ello, se producirá una importante inyección de liquidez a las empresas en un momento en que el principal problema, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, es superar la escasez de financiación que tienen que afrontar desde el inicio de la crisis financiera.

Por su parte, la Comunidad contará con un período de diez años, con dos años de carencia, para la amortización de la operación.