Previstas casi 10.000 inspecciones en materia laboral en la provincia para 2014
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social centrará el grueso de sus actuaciones programadas para 2014 en la lucha contra la economía irregular y el control del trabajo de extranjeros, que concentrarán casi cuatro de cada diez de los cerca de 50.000 servicios previstos. En concreto, se ejecutarán 18.615 acciones contra el empleo sumergido de un total de 47.604 servicios programados, con especial incidencia en la hostelería (2.947), construcción (2.540) y comercio (2.265).
Cabe destacar también las 1.286 actuaciones intersectoriales, de control de bajas indebidas, becarios, falsos autónomos, uso de fijos discontinuos, contrataciones a tiempo parcial o prácticas de subcontratación, etc. En la industria también se ejecutarán 726 acciones de control, en la agricultura, 392, y en el transporte, 362.
El Programa Territorial Integrado de Objetivos fue suscrito a finales de noviembre en la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como órgano de cooperación bilateral entre la Junta y el Gobierno, y deberá ser ratificado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales.
Los contenidos que pacta la Junta con los sindicatos, los de las áreas de prevención de riesgos y de empleo y relaciones laborales, contarán con 11.529 y 7.449 servicios, mientras que los de definición estatal, sobre Seguridad Social y economía irregular y trabajo de extranjeros, supondrán 7.627 y 18.615 actuaciones, en cada caso. A éstas habría que sumar otras 2.384 clasificadas como otras actuaciones, hasta completar un total de 47.604 órdenes de servicio previstas (29.919 ya planificadas y 17.685 sin planificar), 300 más que las definidas para este ejercicio.
El programa de prevención es el segundo en importancia por actuaciones, 11.529, de las que 5.650 se centrarán en campañas sobre las condiciones de seguridad en el trabajo, con especial peso de una específica sobre condiciones materiales de seguridad en la construcción, con 2.941 servicios. Asimismo, se acometerán 1.214 acciones sobre gestión de la prevención; y 1.285 de investigación de accidentes laborales, y 139 de enfermedades profesionales. En cuanto al área de empleo y relaciones laborales, se estiman 7.449 actuaciones, 2.287 sobre condiciones de trabajo (tiempo, discriminación...), 2-076 sobre contratación; 426 específicas sobre igualdad efectiva entre hombre y mujer; y 311 sobre ayudas al fomento del empleo y acciones formativas.
Por último, en relación a la Seguridad Social, el programa incluye 7.627 órdenes de servicio, 1.292 sobre inscripción y alta; 1.273 sobre prestaciones;934 sobre cotizaciones; y514 sobre recaudación, entre otras.
Consenso en Castilla y León
El secretario de Empleo y Formación de CCOO en la Comunidad, Saturnino Fernández, destacó este “importante acuerdo”, para una de las “pocas” autonomías en las que se pacta con los agentes sociales el programa integrado de inspección. Recalcó que las actuaciones en prevención de riesgos y empleo y relaciones laborales, se abordan en la Comisión Regional de Seguimiento de las Actuaciones, dependiente del Consejo de Trabajo, dentro de una “tradición” de diálogo y consenso que ya dura una década.
Fernández remarcó que cada año se ponen sobre la mesa programas nuevos de control, como los destinados a la contratación en la vendimia, o en las casetas de fieras. No obstante, demandó “más efectivos” para Castilla y León, ya que “aunque el ratio de efectivos es mejor que la media nacional, éste continúa siendo insuficiente y, además, existen importantes desequilibrios provinciales”. Asimismo, trasladó que la necesidad de incidir en las condiciones de los trabajadores a tiempo parcial, a pesar de las dificultades que presenta su control, como consecuencia de su impuso por parte de la reforma labora y la “desregulación” y el “fraude” que “ha generado”.
Fernández también exigió “mayor rapidez en la actuación inspectora; un menor tiempo de resolución; el seguimiento de los requerimientos; y actuaciones sin previo aviso”. Asimismo, en las campañas programadas, que no son sancionadoras, exigió que lo sean con aquellas empresas que repitan en sus actuaciones fraudulentas, junto a las circunstancias en las que se derive de la inspección una situación grave o muy grave.
