Más de la mitad de la deuda de Castilla y León vía préstamos está en manos de bancos españoles: 3.606,8 millones de euros

F. S. / ICAL Distribución del endeudamiento de Castilla y León (10cmx10cm)

La distribución del endeudamiento de Castilla y León por instrumentos pone de manifiesto que la Junta debe más de la mitad de la deuda procedente de préstamos a entidades financieras residentes en España; frente a un 20,3 por ciento lograda a través de bancos extranjeros; y un 29 por ciento del Fondo de Facilidad Financiera del Gobierno.

En concreto y según los datos facilitados a Ical, por la consejería de Economía y Hacienda, de los 10.581,95 millones de endeudamiento de Castilla y León, a fecha 31 de marzo de este año, 7.106,99 corresponde a préstamos, el 67,1 por ciento. Esta cuantía se desglosa en los 3.606,96 millones concertados con entidades financieras residentes; los 1.446,85 de foráneas; y los 2.053,24 del mecanismo extraordinario que habilitó el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

La estructura de la deuda regional, siempre según las cifras aportadas por la Junta, indica también que 2.595,91 millones de euros del montante total que debe Castilla y León, se logró a través de emisiones, el 24,5 por ciento de la cifra desvelada por el Banco de España a finales de marzo. En este sentido, el Ejecutivo mantiene viva una veintena de emisiones, la más antigua de 2002 y la última, no incluida en los datos de deuda a finales del primer trimestre de 2016, de este año.

En concreto, el listado de emisiones vivas es muy heterogéneo e incluye una de 2002 por un importe a amortizar a vencimiento de 102,8; otra en 2006 por 196,6 millones; una más en 2007, por 160,2; y otra en 2009, por 63. Asimismo, se incluyen cinco en 2001, por 286,3 millones; otras tantas en 2013, por 929,5; y el mismo número en 2014, por 920,4.

Las amortizaciones varían desde la emisión de 2006 (196,6 millones); tres de 2011 por 60, 36 y 40 millones; y otra de 2013 por 50 millones, con fechas de cierre a lo largo de este año; a la última de 2014, por 60 millones, que no se abonará en su totalidad hasta 2029. El importe de las emisiones van desde los 17,3 millones de la primera de 2011, a los 650 millones de la inicial de 2014.

En cuanto a los tipos de interés, reflejan un panorama cambiante durante los años del ciclo recesivo muy marcado por el cierre de los mercados, y se puede encontrar desde una emisión al 7,2 por ciento de 2011 por 40 millones; a una de 2014, de 130,4 millones, al 2,08 por ciento.

A las emisiones anteriores, habría que añadir la de este ejercicio, por la que la Junta cubrió el 40 por ciento de las necesidades de endeudamiento recogidas en los presupuestos de este año con 400 millones. Esta operación fue la primera en dos años, colocada con “el menor interés en la historia financiera de la Comunidad”. Y es que durante los dos últimos ejercicios no se emitió deuda pública, al acudir Castilla y León al Fondo de Facilidad Financiera.

Esta última emisión, se colocó a un interés del 0,70 por ciento -inferior al 0,78 del segundo trimestre de este año del Fondo de Liquidez Autonómica- y cinco años. La emisión cubre el 40 por ciento del endeudamiento recogido en el presupuesto de 2016 -1.000 millones de euros- y se compró en un 50 por ciento por banca española -Bankia, BBVA, Santander y HCBC- e inversores alemanes y austriacos.

Shuldshein,

La estructura de la deuda de Castilla y León también está integrada por 411,5 millones de euros, el 3,9 por ciento del total, a través de los “schuldshein”. Fuentes del departamento que dirige Pilar del Olmo, aclararon que se trata de un instrumento de endeudamiento que está a medio camino entre un préstamo y un bono, mediante el cual se puede obtener financiación de inversores institucionales alemanes, normalmente aseguradoras y fondos de pensiones. El contrato se rige por la legislación alemana, y se suscribe en inglés. Las ventajas que presenta son plazos largos (más de 10 años, normalmente) e interés competitivo.

Factoring

Asimismo, la Junta recurrió al denominado 'factoring sin recurso', para obtener 168,35 millones de euros, el 1,6 por ciento del global de la deuda de la autonomía. Se trata de una cesión de derechos en la que cuando un proveedor cede una factura que está pendiente de pago a una entidad financiera, ésta le anticipa el importe y a cambio pasa a ser la nueva poseedora del derecho de cobro y por tanto la nueva acreedora. Es la fórmula que utilizan en muchos casos los proveedores sanitarios cuando el periodo de pago se demora. La entidad financiera puede articularla como factoring sin recurso o factoring con recurso.

El primer caso, el empleado por el Ejecutivo regional, supone que la entidad financiera se coloca en el lugar del proveedor y solamente puede exigir el pago al deudor, y ya no al proveedor que desaparece a todos los efectos de la relación. Este supuesto se da cuando el deudor “es fiable y hay total o mucha seguridad del pago”. En el segundo supuesto la entidad financiera adquirente de la deuda tiene la posibilidad de ir también contra el proveedor cedente en el caso de impago del deudor, por lo que a pesar de la cesión del derecho sigue participando de la relación.

Las mismas fuentes recordaron que según la decisión de Eurostat de julio de 2012, los créditos comerciales de las Administraciones Públicas que se descuenten en instituciones financieras mediante operaciones de factoring sin recurso “deben ser considerados como deuda, para homogeneizar el cálculo de los niveles de deuda de los distintos países”.

Colaboración publico privada

La distribución por instrumentos del endeudamiento de la Comunidad se completa con los 299,19 millones de euros correspondientes a las actuaciones de colaboración público-privada, el 2,8 por ciento del conjunto de los 10.581,95 millones de deuda a finales del primer trimestre de 2015. Cabe recordar que mediante este método se pudo contar en Castilla y León con la autovía Valladolid-Segovia, y el nuevo Hospital de Burgos.

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