La justicia europea declara ilegal el 'centimo sanitario'
Castilla y León aprobó en febrero de 2012 el llamado 'céntimo sanitario', un impuesto que recauda vía hidrocarburos fondos destinados a financiar la sanidad pública. Desde ese día el repostaje en Castilla y León se encareció en 4,8 céntimos de euro por litro, una de los céntimos sanitarios más altos de todo el Estado.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), más conocido como 'céntimo sanitario', como contrario a la Directiva sobre los impuestos especiales.
El 'céntimo sanitario' ha estado en vigor en España desde el 1 de enero de 2002 hasta el 1 de enero de 2013. Desde esa fecha se incluyó dentro de los impuestos especiales sobre hidrocarburos, por lo que se mantiene en vigor aunque de forma legal diferente a cómo comenzó. En su idea inicial era un impuesto diseñado para financiar las competencias sanitarias de las comunidades autónomas, que lo han aplicado de forma desigual en cantidad y tiempo de aplicación. En el caso de Castilla y León entró en vigor el 1 de marzo de 2013 con el impuesto más alto, 4,8 céntimos de euro por litro.
España podría tener que devolver 13.000 millones de euros recaudados con el 'céntimo sanitario'
La justicia europea señala en una sentencia, tras una denuncia de la empresa catalana Transportes Jordi Besora, S.L., que el impuesto conocido como 'céntimo sanitario' carece de finalidad específica en el sentido de la Directiva. Esto es, que para ser específica, una finalidad no debe ser exclusivamente presupuestaria -recaudatoria-. Según se indica, para que este impuesto no fuera puramente 'presupuestario' -recaudatorio- los ingresos del 'céntimo sanitario' debería ser destinados obligatoriamente a reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos que grava dicho impuesto, y no a atender gastos en materia sanitaria tal y como se destina actualmente.
En la durísima sentencia se acusa además al Gobierno español de implantar el céntimo sanitario sabiendo que ya una se había echado abajo en los tribunales europeos un impuesto similar al 'céntimo sanitario' y que la Comisión Europea ya advirtió de la ilegalidad del impuesto en 2001. No obstante en 2002 entró en vigor y hasta 2011 había recaudado 13.000 millones de euros, que ahora España tendría que devolver. Por ello el Tribunal de Justicia de la UE señala que “no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años”.
Añade la justicia europea que por limitar los efectos de una sentencia, por mucho perjuicio que causen a un Estado miembro, no es suficiente para no aplicarla ya que “limitar los efectos de una sentencia en el tiempo basándose únicamente en consideraciones de este tipo redundaría en un menoscabo sustancial de la protección jurisdiccional de los derechos que la normativa fiscal de la Unión confiere a los contribuyentes”.
