IU de San Andrés se suma a la huelga general
Esta huelga es una protesta contra el desmantelamiento de lo público y de los pocos derechos sociales y laborales que nos quedan, tras las reformas laborales del PP y del PSOE, mientras se mantienen unas políticas que sólo benefician a las clases sociales más pudientes.
En educación han recortado más de 5.000 millones, han masificado las aulas, han echado a la calle a miles de profesores y profesoras, han reducido los salarios, han aumentado brutalmente las tasas universitarias, han recortado las becas y ayudas al estudio, quieren meter la gestión empresarial en la educación pública, quieren volver a los itinerarios segregadores y las reválidas para expulsar del sistema educativo a quienes han sido incluidos en los últimos 30 años, están desmantelando la educación pública y favoreciendo el negocio privado, incluso amparando la inconstitucional separación de estudiantes por sexo.
En sanidad han eliminado la universalidad, excluyendo de la atención sanitaria a las personas más desfavorecidas, convirtiendo el derecho a la salud en un privilegio para quien se lo pueda pagar. Han establecido el re-pago sanitario en medicamentos, prótesis y transporte sanitario, profundizando en la mercantilización de la salud. Han introducido la gestión privada en lo público y potenciado la privatización. Han recortando las plantillas de personal en todos los hospitales públicos y las condiciones salariales, laborales y sociales de los profesionales que quedan.
Han recortado las prestaciones por desempleo, han subido el IVA (el impuesto más injusto, pues se aplica igual a quien tiene miles de millones que a quien está en el paro), han aumentado la presión fiscal a los trabajadores y trabajadoras modificando los gravámenes del IRPF, han congelado las pensiones, han recortado más todavía las ayudas a la dependencia.
Han restringido el acceso a la justicia gratuita mediante tasas abusivas, quieren convertir el aborto en un delito y se dedican a criminalizar los movimientos sociales implantando leyes represivas que quiebran nuestro sistema democrático y de libertades, cuestionando y limitando derechos fundamentales y civiles.
Han diseñado políticas basadas en la reducción del déficit y los ajustes, pactadas constitucionalmente por PP y PSOE, que han incrementado el paro hasta el 25% de la población activa, que han empobrecido a la mayoría de la sociedad y han empujado a la exclusión social a miles de familias. El 22% de la población española se encuentra bajo el umbral de la pobreza. El 7,4% de los hogares no pueden hacer frente a los gasto básicos (luz, gas, comunidad...) y el 12,7% no llega a fin de mes. 1.728.400 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Se producen 512 procedimientos de desahucio al día.
Han facilitado que se recorten salarios, convirtiendo el mileurismo en un privilegio. Han congelado el Salario Mínimo Interprofesional en 641 euros y han congelado el IPREM (índice por el que se calculan muchas prestaciones de la Seguridad Social) en 531 euros. A los funcionarios les han recortado un 30% de poder adquisitivo en los cuatro últimos años.
Las políticas de cooperación al desarrollo, las medioambientales, las de igualdad, las sociosanitarias, las políticas de reconocimiento de la diversidad, de integración, de inmigración, sufren recortes radicales cuyas consecuencias anticipan una sociedad cada vez más descohesionada y fracturada.
De hecho, en nuestro país, en el último año, 80.000 niños y niñas pasaron a vivir en situación de pobreza. Según Unicef unos 2.267.000 niños y niñas viven por debajo del umbral de la pobreza. Y la política de austeridad, recortes y ajustes va a cortar aún más su presente y su futuro.
Mientras, han inyectado cientos de miles de millones del dinero público a los bancos y a un sector privado responsable del 82% de la deuda española, provocando que la deuda pública haya pasado del 32% en 2007 al 90% del PIB en 2013. Lo que nos conducirá en 2013 a pagar 38.000 millones de euros en intereses. Mientras, han amnistiado a los defraudadores fiscales, al mismo tiempo que se mantienen los privilegios de la Iglesia católica. Mientras, mantienen una presión fiscal injusta que no grava a las grandes fortunas y deja que tributen al 1% con las SICAV. Mientras, les ha bajado un 2% las cotizaciones a la seguridad social a las grandes empresas. Mientras, los accionistas de las empresas españolas gestoras del Banco Malo tributarán un 5% menos de lo que les corresponde y el capital extranjero que participe del Banco Malo no pagará impuestos en el Estado Español. Mientras, no quieren investigar y juzgar a quienes, con sus actuaciones especulativas y defraudadoras, han provocado la actual situación de crisis, ni a quienes debían vigilar y permitieron que el expolio se prolongase durante años.
Por todas estas razones la Concejala de Izquierda Unida de San Andrés participará en esta huelga general política. Porque ¡claro que es una huelga política!, porque nos manifestamos porque queremos que cambien unas políticas al servicio de los beneficios del mercado que están llevando a la ruina a este país.