IU preguntará al Gobierno central si se implicará “directamente” por el futuro de la editorial Everest
La formación Izquierda Unida (IU) anunció que presentará por escrito una serie de preguntas en el Senado para que sean respondidas por el Gobierno central en relación a la situación de la empresa Everest, cuyos trabajadores siguen de huelga indefinida y con un segundo día de piquete a sus puertas para recordar que se mantiene el proceso de liquidación.
El coordinador provincial de IU, Santiago Ordóñez, insistió en que el Gobierno se implique en el conflicto y asegure la supervivencia de los empleos que, en su opinión, “son lo último que parece interesar a Tomás Villanueva”. Así, las preguntas plantearán si el Gobierno de España tiene conocimiento de la situación generada en el grupo editorial Everest.
También preguntará si “la Junta de Castilla y León se ha puesto en contacto con los Ministerios de Economía o Educación para evitar el cierre de un referente editorial conocido en todo el Estado e incluso con sucursales en el extranjero” y si el Gobierno está dispuesto a tomar medidas, mediante un Plan de Viabilidad Empresarial del grupo editorial Everest, “implicándose directamente en asegurar su supervivencia”.
IU recuerda que este empresa ha presentado hasta tres expedientes de regulación de empleo en los últimos años, el último en diciembre de 2014, afectando hasta el 30 por ciento de la plantilla. “Desde entonces la situación económica no ha variado, ni siquiera los compromisos contraídos por la Junta, acerca de su previsible apoyo para asegurar la viabilidad de las empresas afectadas, ha variado un rumbo de colisión hacia el cierre patronal por inanición”, apostilla.
Asimismo, señala que están pendientes las extras de junio, diciembre y parte de marzo de 2014, el sueldo completo desde diciembre de 2015 y la generalización del pago fraccionado de las mismas, “con el consiguiente perjuicio a las 320 familias dependientes de la plantilla” y que, valora, “son la consecuencia de una política empresarial que bien parece relacionada con el interés de liquidar el grupo, mucho antes que su mantenimiento”.
La formación recuerda también el nuevo ERTE, vigente hasta el próximo 31 de marzo, que afecta a la mayoría de la plantilla y que hay sobre la mesa un calendario de movilizaciones “motivadas por la propia política empresarial, por la pasividad demostrada por la Junta de Castilla y León, que se limita a exigir nuevos avales a la empresa para tramitar un crédito dependiente del Banco Europeo de Inversión, y el autismo demostrado en todo el proceso de descapitalización real del grupo”.
A esto añade que, a día de hoy las negociaciones entre la parte social y la empresa, se limitan al intento del grupo de intentar impedir, recurriendo por defectos de forma, la convocatoria de huelga general y que la Junta ha paralizado cualquier movimiento de apoyo a la viabilidad de la empresa o búsqueda de un posible comprador.
