El Gobierno acelera las fusiones de cajas y bancos
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto Ley de saneamiento del sistema financiero, que aborda cuatro aspectos: un plan de saneamiento de ese sector financiero, un plan de restructuración del sector, la simplificación de los órganos rectores de las cajas de ahorro y limitaciones estrictas al sistema de remuneraciones de los administradores y directivos de las entidades que reciban ayudas.
La reforma fue presentada este jueves por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien la ha detallado este viernes junto a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidenta ha declarado que la intención del Gobierno es “simplificar estructura de las cajas de ahorros que no lleven a cabo actividad propia de una entidad de crédito”. Se busca, ha dicho, “reducir costes”, y se establece la obligación de que “dediquen el 90% de sus excedentes de libre disposición a cumplir con su obra social”.
El Ejecutivo también ha establecido un conjunto de limitaciones a las remuneraciones fijas y variables de consejeros, administradores y directivos tanto de las entidades que recibieron ayudas públicas como de las cuatro que fueron intervenidas.
Luis de Guindos ha precisado que los directivos de las entidades que han recibido préstamos del Fondo de Reestructuración Bancaria no podrán cobrar remuneraciones anuales superiores a 600.000 euros. El límite para los directivos de las entidades intervenidas es de 300.000.
Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que al ser entidades con ayuda pública, “el Gobierno entiende que puede establecer límite a esas remuneraciones”, del mismo modo que se fijan límites a las remuneraciones en los casos en que el sector público lleva a cabo una actividad.
En la misma línea, Luis de Guindos ha insistido en que la intención del Gobierno “no es fijar los sueldos del sector privado”, sino que las ayudas públicas cumplan la finalidad para las que fueron destinadas.
La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que el objetivo de las decisiones adoptadas es “fortalecer la confianza y la credibilidad en la sociedad española, en la economía y en el sector bancario tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Además, se busca abaratar el precio de la vivienda y acomodarlo a la situación actual del mercado”.
