El CEL cifra el coste de la huelga en hasta 30 millones de euros en León
En vísperas del paro general convocado por las principales centrales sindicales del país, el Círculo Empresarial Leonés quiere dejar clara su posición como patronal y expresar su desacuerdo con dicha huelga por entender que “está mal enfocada” al convertir a las empresas en “paganas” de la política de ajustes y recortes del Gobierno. “Las empresas y autónomos de esta provincia y del resto del país no estamos para encajar otra huelga general que sería la tercera en dos años, lo que no es propio de un país moderno y dinámico que quiere ofrecer confianza a los inversores y abrirse con más fuerza al exterior”, señala el presidente del CEL, Emilio de la Puente.
Asegura que la huelga ocasionará serios perjuicios a la economía nacional y provincial y estima el coste económico en León de 30 millones de euros. “Este dato en cuanto a producción, pero nos gustaría destacar otro dato más revelador si cabe que es la renta disponible de las familias que se reduciría en 22 millones de euros como consecuencia de esta huelga (en función de las proyecciones de Funcas y si la incidencia de la huelga llegara a sus máximos)”, añaden.
A pesar de esto, manifiestan que respetamente “el derecho a la huelga”, pero piden que se respete también el derecho al trabajo. “Hemos de recordar que es ilegal toda acción que impida o coaccione a los trabajadores respecto a su acceso a los centros de trabajo o que altere la pacífica prestación de sus servicios. La actitud de los empresarios no debe ser complaciente ni tolerante con los excesos o actitudes violentas que pudieran derivarse de esta huelga, por lo que instamos a los empresarios a que comuniquen, o en su caso, denuncien aquellos incidentes que pudieran suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores, equipos y materiales de las empresas.
Por lo tanto, el CEL pide a los empresarios que abran con normalidad sus empresas y negocios y que no se sientan coaccionados por los piquetes informativos, que serían ilegales si trataran de impedir el libre ejercicio de cualquier derecho, tanto empresarial, como laboral. “También queremos recordar a los empresarios que el cierre patronal defensivo se contempla también como un derecho constitucional (art. 37.2) si tuviera que llegarse a ese extremo ante situaciones de riesgo o amenaza, y que debe comunicarse a la autoridad laboral en un plazo de 12 horas”.
Al mismo tiempo, piden a las autoridades competentes que garanticen el derecho a trabajar durante la jornada del 14 de noviembre y que los servicios públicos esenciales funcionen con normalidad, de tal manera que se garanticen unos servicios mínimos suficientes.