La Consejería de Transparencia abre consulta pública para elaborar la Ley de Participación Ciudadana

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha iniciado en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta el periodo de consulta pública previa para aportar ideas y sugerencias a la futura Ley de Participación Ciudadana en Castilla y León. El proyecto normativo busca lograr una mayor seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los asuntos que incidan directa o indirectamente en sus intereses. Asimismo se persigue promover canales e instrumentos que garanticen la participación en procesos de deliberación, consultas ciudadanas, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, planes y gestión de los servicios públicos.

Desde la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior se expone que con la aprobación de una ley de participación ciudadana se pretende establecer el marco jurídico que regule los procesos de participación a través de los que se asegure que la ciudadanía de Castilla y León pueda involucrarse en la toma de decisiones sobre aquellos asuntos que le afecten y que garantice su presencia en la actividad de la Administración pública.

De manera adicional, en la presentación de este espacio de recepción de ideas se apunta que es necesario definir y precisar procedimientos, conceptos, canales e instrumentos que permitan a la ciudadanía opinar, deliberar, formular propuestas de políticas públicas en condiciones de igualdad y determinar las obligaciones de la Administración. Además, resulta igualmente necesario fijar los mecanismos internos que promuevan, estructuren, normalicen, supervisen el desarrollo de la participación ciudadana en la Administración autonómica e impulsar la formación y sensibilización tanto de los empleados públicos como de la ciudadanía.

Sobre la pertinencia y la necesidad de esta nueva ley también se señala que, ante la creciente demanda de implicación y colaboración social en los asuntos públicos, el impulso de una participación ciudadana activa y de calidad y la incorporación de la inteligencia colectiva constituye una condición esencial para las democracias avanzadas, permitiendo así sumar esfuerzos y adoptar decisiones más eficaces y eficientes y con mayor legitimidad social.