Los rectores se unen en la defensa del Pacto de Reconstrucción de Castilla y León
Las cuatro universidades públicas de Castilla y León, han suscrito una declaración institucional conjunta para mostrar su voluntad de contribuir “a la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en la Comunidad por la crisis provocada por la Covid-19.
Los rectores de la Universidad de Leon (ULE), la de Salamanca (USAL), la de Valladolid (UVa), la Universidad de Burgos respaldan el pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, suscrito por los principales grupos con representación en las Cortes de Castilla y León. Un acuerdo que los rectores califican como “ejemplo de consenso y responsabilidad”.
En la declaración, también muestran su apoyo al Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la CODIV-19, en la Comunidad de Castilla y León establece “la necesaria aprobación por parte de las universidades de un protocolo en el que se regulen, para toda la actividad académica, las medidas de prevención adecuadas para el retorno a la actividad lectiva”.
En ese sentido, los rectores defienden el papel de las universidades públicas como “agente de cambio” y “actores fundamentales en la generación de conocimiento, investigación”. Y se comprometen a contribuir “activamente a la consecución de los objetivos del citado Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León”.
El papel de la universidad con todos sus campus distribuidos por todas las provincias de la Comunidad resulta “imprescindible en la lucha contra la despoblación y, gracias a la inversión en infraestructuras y a la apuesta por la oferta de titulaciones novedosas en todo el territorio, se convierte en un instrumento idóneo de cohesión territorial y competitividad para fijar, integrar, incrementar y atraer población y recursos económicos”.
Además garantiza que el modelo de la universidad presencial será seguro, y que, en el ejercicio de sus competencias y con el objetivo de garantizar una vuelta a las aulas de forma presencial y segura, están diseñando “los oportunos protocolos, con vigencia para todo el curso académico 2020/2021, que incluirán las adaptaciones y planes de contingencia aplicables a diferentes escenarios posibles frente a la Covid-19 que podrían afectar a todos los aspectos de la vida universitaria”.
En concreto, añaden, incorporarán un protocolo de vigilancia epidemiológica que permitirá, en cada momento y ante la evolución de la situación sanitaria y epidemiológica, responder de forma ágil con medidas concretas y efectivas.
El compromiso también es para con los estudiantes, para los que la vuelta a las aulas de forma presencial durante la nueva normalidad no implicará una merma de la calidad de la docencia, “sino que supondrá retornar a la fortaleza esencial de la docencia de la universidad pública de nuestra comunidad, reforzada, en su caso, por otras actividades formativas no presenciales que pudieran complementarla”.
Las universidades adaptarán su planificación académica y harán públicas las modificaciones necesarias de las guías docentes, con el fin de asegurar la calidad de todas las titulaciones, con arreglo a los criterios generales de adaptación de la docencia durante el curso académico 2020-21.
Para ello, explican, se reforzará la capacidad tecnológica de los campus virtuales que darán soporte a la comunidad universitaria y se promoverá la formación del profesorado en metodologías no presenciales a través de un programa conjunto de formación para las cuatro Universidades Públicas de la región.
Los rectores se dirigen a los futuros estudiantes, quienes deben ver el sistema público regional universitario como “una oportunidad para adquirir una formación de calidad y vivir la experiencia universitaria en entornos seguros y confiables”. Así, los estudiantes estarán “en todo momento informados de las medidas adoptadas en relación con la adaptación de la actividad académica a la situación epidemiológica de cada momento y podrán participar en la toma de decisiones de la universidad, situándolos en el centro del sistema”.
La educación inclusiva y de calidad para todos, como obligación de las instituciones académicas y principio inspirador de la política universitaria, se materializará, ahora más que nunca, en el firme compromiso de articular mecanismos para que los estudiantes se vean respaldados en situaciones de necesidad a través de bolsas de ayudas Covid-19 que se pondrán en marcha en el curso 2020/2021.
La Consejería de Educación, consciente de la importancia del sistema universitario, intensificará la coordinación y el apoyo que viene prestando a las instituciones académicas públicas a través de la mejora de la calidad de la docencia, la dotación de medios necesarios, las convocatorias de retención y atracción de talento investigador y la transferencia de conocimiento, en la línea de lo actuado en los últimos años, especialmente ahora que se ha demostrado esencial para superar la crisis ocasionada por la Covid-19.