El PP rechaza una moratoria para evitar el grave efecto de la pobreza energética

ICAL

La mayoría del PP rechazó hoy en el pleno de las Cortes la petición socialista de negociar con las empresas energéticas una moratoria para personas que no pueden pagar la factura de gas y luz con el argumento de que la Junta ha tomado medidas para evitar la pobreza energética y planteó dirigirse al Gobierno para hacer un análisis y en su caso incorporarlas. El Grupo Socialista, que pidió “encarecidamente” el voto favorable a su texto, no recogió la propuesta y acusó a los populares de estar fuera de la realidad.

En la moción, la socialista Ángela Marqués reclamó a la Junta iniciar una negociación con las empresas para establecer una moratoria del corte de suministro de electricidad, gas y agua para personas que por circunstancias sobrevenidas estén en una situación de pobreza energética. Al Gobierno se le pide que el suministro energético sea un derecho social básico y que establezca la prohibición de corte en casos de vulnerabilidad económica.

80.000 hogares 'pobres de luz' en la Comunidad

Ángela Marqués manifestó que 80.000 hogares en Castilla y León tienen problemas para pagar el recibido energético y subrayó que la situación se agrava con la pérdida de trabajo fijo, el aumento del desempleo o los bajos salarios. Marqués recordó informes que recogen muertes prematuras por la pobreza energética y pidió que por “dignidad” hay que actuar, como cree que hace el PSOE con su propuesta.

“El Grupo Socialista nada dice de las medidas tomadas por la Junta de Castilla y León”, afirmó el popular Ignacio Soria, que reconoció el problema para no caer en “hipocresía”, pero añadió que no admitir que se han adoptado iniciativas también lo es. “Se da una respuesta en el día a día”, añadió, en referencia al pago de facturas urgentes o a la renta de ciudadanía, que cuenta con 55 millones de euros.

Soria remarcó que se actúa y aseguró que negarlo sería ir en contra de las medidas adoptadas en el diálogo social o los informes de Cáritas y UNICEF, que dan tasas inferiores en Castilla y León. “Quien asegura el Estado del Bienestar es quien toma medidas”, defendió el procurador, que subrayó que “sin autocomplacencia” de su grupo, se debe reconocer que se actúa.

“Las medidas son insuficientes”, replicó Marqués, que preguntó al popular si es capaz de garantizar que no se corta el suministro energético a ninguna persona en Castilla y León. Soria planteó una enmienda de sustitución para que el Gobierno analice y valore las medidas para los consumidores más vulnerables y en su caso las incorpore. “No aporta nada”, afirmó la socialista, que no la recogió y acusó al PP de adoptar “medidas crueles” para las personas y no estar en la realidad.

La iniciativa contó con el respaldo de los dos procuradores del Grupo Mixto, que, en palabras de Alejandro Valderas (UPL), argumentó que se tenían que haber puesto ya en marcha medidas para personas que no pueden pagar el precio de la luz o el gas por su situación económica. Valderas criticó el aumento del precio de la luz y rechazó que se traslade a “consumidores vulnerables”. Además, preguntó qué pasaría si se pide a las eléctricas que retiren los cables de edificios BIC.

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