Sanidad cierra la investigación del caso de la mujer burgalesa que falleció por cáncer sin lograr una cita presencial
La Junta de Castilla y León ha dado carpetazo a la investigación interna abierta para comprobar si hubo negligencia médica en la atención de la burgalesa Sonia Sáinz-Maza, que falleció a los 48 años por un cáncer de colon sin lograr una cita presencial con su médico en tres meses en el Centro de Salud de Espinosa de los Monteros, localidad donde residía. Durante todo este tiempo fue atendida sólo por teléfono, según informa burgosnoticias.com.
Así por lo menos lo confirmaba la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado al afirmar que la investigación de este caso “en este momento se encuentra cerrada y no hay mucho más que decir de lo que dijo la propia Fiscalía”.
Recordar que la Fiscalía decidió archivar las diligencias abiertas especificando que las consultas «fueron atendidas bien de forma presencial, bien de forma telemática, en base al Protocolo de Actuación en Atención Primaria Covid-19» ordenado por la Junta de Castilla y León, por lo que “no constituye negligencia, imprudencia ni mala praxis”.
Al respecto, la consejera añadía que en estos casos se “suele concluir la investigación interna cuando concluye la Fiscalía”.
Ante esta situación, la familia de Sonia Sainz-Maza ha reaccionado mostrando su malestar y su indignación. Su hermana Lydia Sáinz-Maza a través de las redes sociales indicaba que “se ha dado carpetazo para taparlo. Vergüenza total”.
Además, añadía, “Lo que dijo la Fiscalía es que en la vía penal no había caso (a su entender), pero que eso no quería decir que no hubiera habido negligencia y que pudieran exigirse responsabilidades en otros ámbitos. Como el Administrativo. Qué pena que la Junta de Castilla y León esté tan lejos de las personas”.
Al respecto, la familia no se va a quedar parada y ha anunciado que va a explorar la vía judicial para que se haga justicia con Sonia. En este sentido, la hermana de la fallecida ha asegurado que van a presentar una reclamación patrimonial contra la consejería de Sanidad de la Junta, que podría ser el primer paso antes de que este caso pudiera acabar en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
