La Junta dará 1,7 millones euros en León a las empresas de autobuses por las pérdidas de la pandemia

Imagen de archivo de una de las compañías.

El Consejo de Gobierno aprobó hoy la concesión directa de una subvención, por un montante de 7,6 millones de euros, a los 132 concesionarios de servicios de transporte público de viajeros por carretera para compensar el déficit de explotación y la pérdida de ingresos producidos durante la situación creada por la COVID-19. La subvención comprende el periodo entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020.

La distribución provincial del importe de la subvención otorgada por el Consejo de Gobierno, radica en 242.518 euros para Ávila; 702.205 euros para Burgos; 1.672.645 euros en León; 610.702 euros conforme a Palencia; 1.693.067 euros en Salamanca; 492.119 euros corresponden a Segovia; 312.029 euros para Soria; con 1.423.411 y 534.143 euros para Valladolid y Zamora, respectivamente.

Las garantía de la sostenibilidad económico-financiera de dichos servicios es la única fórmula que permite el mantenimiento del transporte público en los pequeños núcleos de población y la continuidad del transporte metropolitano, dando así respuesta a las necesidades de movilidad derivadas de la propia configuración socio territorial de Castilla y León, según precisaron fuentes del Ejecutivo autonómico.

La configuración territorial, donde más del 50 por ciento de la población se concentra en 15 municipios con más de 20.000 habitantes, y el resto de la población se mantiene muy dispersa, lo que ha dado lugar al establecimiento de modelos de prestación de los servicios que dan respuesta a estas singularidades, con el transporte a la demanda.

Este transporte de viajeros presenta, además, un bajo nivel de cobertura económica, cercano al 58 por ciento, y con más de un 63 por ciento de sus rutas con menos de 5.000 viajeros por año. De esta forma, la subvención al déficit de explotación del transporte regular de uso general, es el elemento esencial para consolidar, aun en las difíciles circunstancias actuales, el modelo de movilidad implantado en Castilla y León, y se convierten en la salvaguarda de una movilidad basada en el transporte público y en el sistema concesional como garantes de la igualdad de oportunidades entre los territorios y entre el mundo urbano y el rural.

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