Dos consejeras del PP se niegan a aplicar los recortes al Diálogo Social que impone Vox en Castilla y León
Dos consejeras de Alfonso Fernández Mañueco se niegan a aplicar los recortes al Diálogo Social que impuso Vox hace exactamente un mes, cuando el vicepresidente, Juan García-Gallardo, y el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, convocaron a la prensa para anunciar la disminución de 20,3 millones en subvenciones directas a los sindicatos. El pasado martes se produjo la primera reunión del Consejo del Diálogo Social tras el anuncio que ha provocado las primeras grietas en el pacto de gobierno. El encuentro, que fue muy tenso, “dinamitó” todos los acuerdos según las organizaciones sindicales UGT y CCOO y la patronal CEOE.
Esa tarde el propio presidente de Vox, Santiago Abascal, presumía en el Debate del Estado de la Nación del supuesto logro. “Sólo un gobierno se ha atrevido a recortar subvenciones a organizaciones patronales y sindicatos para destinarlos a emergencias sociales y quiero felicitar al PP por haber cumplido su acuerdo de gobierno”, dijo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Aparentemente, los recortes eran un hecho y por eso se iban a convocar a seis de las comisiones de seguimiento de consejerías afectadas por nueve acuerdos que se firmaron antes de que se formase el gobierno de coalición para “revisarlos y renegociarlos”. Es el caso de Industria, Comercio y Empleo, Economía y Hacienda, Medio Ambiente y Vivienda, Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Presidencia). Este miércoles se reunieron las comisiones de Familia e Igualdad y de Educación. Ni Isabel Blanco ni Roció Lucas van a cambiar una coma de lo firmado antes de que la extrema derecha irrumpiese en el Gobierno de Castilla y León.
La comisión de seguimiento de la Consejería de Familia “llevaba sin reunirse desde la convocatoria de elecciones autonómicas, hace ya siete meses”, según un comunicado de los sindicatos y la patronal, y la consejera, Isabel Blanco, ha mostrado los resultados de los programas que están vigentes. La Red de Protección a las Personas y las Familias en riesgo de exclusión ha beneficiado a cerca de 200.000 ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. Este acuerdo, de 2017, provee de ayudas económicas a las familias con dificultades económicas, el 17,9% según las Encuesta de Condiciones de Vida, referida a 2020, para el pago de los servicios básicos, como la electricidad, la luz o el gas, o para alimentación o vestido. En cuanto a la Renta Garantizada de Ciudadanía, han permanecido los 3.000 usuarios y usuarias que la estaban percibiendo. Se trata de las personas que, al no poder acceder al Ingreso Mínimo Vital, mantienen este derecho que se logró en 2009 y que, durante sus 10 años en vigor ha beneficiado a 36.000 familias, con un presupuesto cercano a los 70 millones de euros cada año en los últimos 5 de gestión. A mediados de 2020 se puso en marcha en Ingreso Mínimo Vital que vino a sustituir a la Renta pero, al tener requisitos distintos, permanece en vigor para dar la prestación a quienes no tienen derecho al IMV. Por lo que se refiere al Acuerdo en materia de atención a las personas con Dependencia, con vigencia hasta 2023, trata de adecuar los servicios a las necesidades de las personas, poniendo especial cuidado en proveer de 2 servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio a nuestros mayores para que puedan seguir el mayor tiempo posible en su domicilio. Aunque aún no se han convocado algunas de las ayudas de Igualdad y Conciliación como las de excedencia y reducción de jornada para 2022, si están vigentes otros programas como el Conciliamos que permite a las familias mantener a los niños y niñas en los centros educativos durante el verano realizando actividades lúdicas.
La consejera de Familia sigue adelante con la nueva Ley de Violencia de Género mientras Vox pretende derogar la actual
Pero además, Blanco transmitió que “está en tramitación la nueva Ley de Violencia de Género que se consensuó en la pasada legislatura y que se ha enviado al CES para que este organismo emita el informe preceptivo”. La Ley de Violencia de Género es otro de los caballos de batalla de Vox, que pretende su derogación y, de hecho el pacto contempla una Ley de “violencia intrafamiliar” que según el partido de extrema derecha “protege a todas las víctimas”.
También este miércoles se reunió la comisión de seguimiento de Educación, con similar resultado a la de Familia: no habrá recortes, ni revisiones, ni cambios. La Consejería seguirá adelante durante el próximo curso con las medidas complementarias de las que podrán disfrutar miles de estudiantes en Castilla y León. En concreto son ayudas al estudio y de programas como el de Madrugadores y Tardes en el Cole, pero también de las tasas y precios públicos que tienen que abonar quienes deseen seguir estudios universitarios en Castilla y León.
CCOO, UGT y CEOE Castilla y León destacan el cumplimiento de la rebaja en el precio de los másteres en un 27,80%, una medida que formaba parte del acuerdo y que ya se ha anunciado. UGT, CEOE Castilla y León y CCOO esperan que para el curso 2022-2023, con el acuerdo aún vigente, se implemente también la rebaja en un 2,68% de los precios de las Universidades Públicas de Castilla y León.
Además el Acuerdo establece un presupuesto para los complementos autonómicos a los Erasmus, tanto para estudiantes universitarios como de Formación Profesional. Igualmente es deseable según manifiestan desde CEOE Castilla y León, CCOO y UGT que se pongan en marcha las medidas compensatorias para los colectivos más vulnerables así como para la adquisición de dispositivos digitales.
El acuerdo incorpora también el compromiso de destinar a los comedores escolares de Castilla y León “productos agroalimentarios de calidad y de proximidad, que contribuyan a mejorar el medio ambiente, al asentamiento de la población y faciliten las cadenas de distribución o suministro cortas favoreciendo a los pequeños productores”, además de ayudas para las familias que dejan a sus hijos e hijas en este servicio que contribuye a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Por último la consejera se ha comprometido a convocar el Consejo de la Formación Profesional de Castilla y León donde se hace el seguimiento del Acuerdo del Diálogo Social que tiene vigencia hasta el año 2024.
Para este jueves se ha convocado la comisión de seguimiento de la Consejería de Empleo, que es desde donde se pretende efectuar los recortes más importantes.
