PP y Vox detallan las funciones del vicepresidente y ponen calendario a la ley de violencia intrafamiliar
PP y Vox han cerrado el desarrollo del acuerdo que firmaron el pasado 10 de marzo con las funciones que asumirá el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, sin cartera, y con el compromiso de iniciar antes del 31 de julio la tramitación de la futura ley de violencia intrafamiliar, que convivirá con la actual Ley contra la Violencia de Género, lo que ha permitido desbloquear la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, cuyo debate tendrá lugar, salvo imprevistos, el próximo lunes 11 de abril.
Mañueco ha claudicado ante Vox y para que se le invista presidente de Castilla y León la semana que viene se ha comprometido a tramitar la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley de Concordia antes del 31 de julio y del 30 de junio, respectivamente. En el comunicado conjunto de PP y Vox explicando el consenso al que han llegado este martes no se precisa si tal y como exigía el partido de extrema derecha se abolirá la Ley Autonómica de Violencia de Género o ambas “coexistirán”, como llegó a comprometer Mañueco. Aunque no menciona qué ocurrirá con el Decreto de Memoria Histórica, cuya anulación también exigía Vox, el comunicado precisa que antes del 30 de junio se iniciará “la tramitación de una normativa en materia de concordia”, por lo que el decreto, que es inferior a una ley, pasará a mejor vida, según informa elDiariocyl.
Vox ha apostado por una victoria política, priorizando sus normas ideológicas con la tramitación de ambas leyes, y ha renunciado a su exigencia de que Juan García-Gallardo, futuro vicepresidente sin consejería, presida la comisión de secretarios generales, máximo órgano de asistencia a la Junta de Castilla y León al que corresponde, entre otras cuestiones, la coordinación interdepartamental de las distintas consejerías, así como la realización de las tareas preparatorias de las reuniones de la Junta de Castilla y León, tanto en Consejo de Gobierno, del que decide el orden del día, como en Comisiones Delegadas. Lo máximo que ha arañado al PP es la “participación de la vicepresidencia, así como la participación del órgano directivo dependiente del vicepresidente en la Comisión de Secretarios Generales”. Este arreglo simplemente le da presencia en la comisión, en la que Vox tendrá a los tres secretarios de sus tres consejerías frente a los 7 del PP. Pero además en esta comisión están presentes el director de comunicación (PP) , el jefe de gabinete del presidente (PP), el consejero de la Presidencia (PP) y el jefe de los Servicios Jurídicos (PP), por lo que García Gallardo tendrá conocimiento de temas que vayan al Consejo de Gobierno, lo que le da poder para paralizarlos en pos del pacto, y de otros expedientes como el de las directrices vinculantes para el plan de medios, es decir, la publicidad institucional y las promociones, que pasan por la comisión de secretarios pero no van a Consejo de Gobierno.
García-Gallardo, que no quería la portavocía de la Junta ni estar al frente de una consejería, ha exigido tener atribuciones, entre otras, hacerse con la Dirección de Comunicación, algo que finalmente no ha conseguido. Sin más experiencia laboral que la adquirida en el despacho de abogados de su padre, fundado por su abuelo, “además de ser el representante institucional en sustitución del presidente”, asumirá la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno y de la Comisión de Simplificación Administrativa, incluyendo procedimientos ambientales; la representación suplente en el Comité de las Regiones; el Comisionado de las Víctimas del Terrorismo (que hasta ahora era del consejero de la Presidencia); la representación institucional de las relaciones de los órganos de la administración de la comunidad con el Consejo Consultivo de Castilla y León y el Procurador del Común (instituciones propias del Parlamento de Castilla y León con las que Vox pretendía acabar), así como con las fundaciones, asociaciones y colegios profesionales. De ese modo, al carecer de consejería y de a portavocía, García Gallardo y los tres consejeros de Vox no han conseguido “lo mismo o más que Ciudadanos” que es lo que pedían.
Días de tensión
El consenso ha llegado después de varios días de tensión. El pasado jueves, Vox presentó su oferta en una reunión que Mañueco abandonó contrariado antes de que acabase. El sábado, mientras se encontraba en el Congreso Extraordinario del Partido Popular, en Sevilla, los de Abascal le llamaron para regresase y firmase el acuerdo, a lo que no se accedió y el lunes, de regreso, Mañueco siguió negándose a firmar. 24 horas después, el presidente en funciones claudicó.
El exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ya se ha pronunciado sobre el acuerdo y ha ironizado sobre las atribuciones logradas por García-Gallardo, a quien califica de “embajador plenipotenciario” que se “carga” la Ley de Violencia de Género y el Decreto de Memoria Histórica con una de Concordia “redactada por quienes se confiesan admiradores de El Pardo y llaman alzamiento nacional al golpe del 36”, y critica que tenga un “billete ocasional para avergonzarnos en Bruselas donde se sentará con Orban y Le Pen”. Igea resume el éxito de García-Gallardo en “Pompa y Circunstancia”, ya que “no tendrá responsabilidad ejecutiva alguna, andará husmeando y sin posibilidad de control efectivo y le dejarán ir a los toros y a ls inauguraciones que no quiera ir el presidente. Todo por España”.
El acuerdo de legislatura que se había suscrito el pasado 10 de marzo, establece 11 ejes y 32 acciones de gobierno. En concreto, PP y Vox acordaron, como ejes de su futuro gobierno, “vigilar y defender la igualdad social, laboral, de oportunidades entre mujeres y hombres; promover la solidaridad entre todas las comunidades y ciudades autónomas, a la vez que fortalecer el papel de las provincias y municipios; reivindicar la historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de su utilización para dividir a los españoles; y defender los intereses de la comunidad en el marco de la Unión Europea”.
Asimismo, apuestan por impulsar todas las capacidades productivas y los recursos disponibles en Castilla y León para el crecimiento económico y la creación de empleo; reforzar el compromiso con el mundo rural y con sus oportunidades de desarrollo; garantizar unos servicios públicos de calidad, compatibles con una reducción de los impuestos autonómicos; desarrollar mejores infraestructuras de comunicación y transportes para la conectividad del territorio; asegurar la cohesión, el equilibrio y la integridad territorial de Castilla y León; apoyar a las familias, a la natalidad y la lucha contra la despoblación, como centro de las políticas públicas; y reducir el gasto institucional superfluo.
Tras las conversaciones para formar “un Gobierno autonómico estable, sólido y fuerte pensando en los intereses de las personas de Castilla y León y de España, ambos partidos han estructurado los instrumentos de coordinación del gobierno autonómico, que son la creación de las comisiones de seguimiento del programa de gobierno y para la elaboración y para la autorización, seguimiento y evaluación de la planificación de las campañas de publicidad institucional, con participación de la vicepresidencia, así como la participación del órgano directivo dependiente del vicepresidente en la Comisión de Secretarios Generales.
El acuerdo también determinó que Vox tendrá tres consejerías, en concreto, Agricultura, que dirigirá el exgerente de Asaja Castilla y León, Gerardo Dueñas, Empleo e Industria, a cargo de Mariano Veganzones, y Cultura, que estará en manos del exdirector de la Fundación Instituto de la Lengua, Gonzalo Santonja, que, tal y como desveló elDiario.es, fue simpatizante de Herri Batasuna.
El debate de investidura se celebrará el próximo lunes una vez pasada la Semana Santa, se nombrará a los consejeros.
