Los vigilantes del Pozo Emilio responsabilizan a uno de los fallecidos del accidente mortal de seis mineros

El ingeniero técnico auxiliar del Pozo Emilio del Valle Jairo Gómez Bartolomé y el vigilante de primera de la explotación Carlos Conejo Lombas han volcado en la memoria de Juan Carlos Pérez, vigilante de segunda de la explotación, la responsabilidad del accidente minero en el que fallecieron él mismo y otros cinco mineros el 28 de noviembre de 2013 a causa de un escape de grisú, el que fue el último accidente grave de la minería del carbón antes del cierre del sector.

“Yo cumplía a rajatabla las normas de seguridad. En una mina el riesgo cero no existe. Siempre existe riesgo. Para nada es previsible”. Son afirmaciones que hizo Jairo Gómez Bartolomé, uno de los 16 acusados en el larguísimo procedimiento, durante las más de tres horas que estuvo prestando declaración en la que supone ya la quinta sesión de los dos meses que hay señalados.

A su juicio, en los días previos a la tragedia no constató incidencias “reseñables” en la explotación, más allá de “las normales en una mina de tercera categoría, muy grisuosa como esa” y añadió que la actas del comité de seguridad tampoco reflejaban anomalías, como tampoco lo hizo el delegado minero. “Nunca se comunicó ninguna incidencia sobre este taller”, señalando que el accidente fue “impredecible, imprevisible e inevitable”.

Respecto al escape de grisú el viernes antes del accidente mortal, que se considera que fue un desprendimiento parcial instantáneo que provocó una subida del nivel de metano que podría haber alcanzado hasta el cinco por ciento y que provocó el abandono temporal de la zona por los trabajadores, comentó que tuvo conocimiento del incidente porque se lo comentó el jefe de grupo cuando entraba a desgasificar el grupo. Sobre el hecho de que lo ocurrido no quedase reflejado en ningún sitio señaló que esa tarea correspondía al vigilante de explotación o de segunda que dependen de él. Ninguno de esa categoría se sienta en el banquillo de los acusados y uno de ellos, Juan Carlos Pérez, falleció en el propio accidente. 

“Si es veraz, como él dice, es muy relevante. Tendrá que justificar por qué no lo escribió. Es su deber comunicarlo y escribirlo”, dijo, a pesar de lo cual declaró que existía “fluidez en la información” con los vigilantes de primera o plantillas, que sí están acusados en el caso, y aclaró que él nunca fue llamado a declarar sobre el caso por la autoridad minera que ostenta la Junta. 

Por otra parte, confirmó además de no tener cobertura por la póliza colectiva del Colegio de Minas no dispone de ninguna póliza de seguro que ampare su responsabilidad civil por los hechos que se juzgan. 

El vigilante de primera oyó “el petardeo de un desprendimiento instantáneo”

El vigilante de primera de la Hullera Vasco-Leonesa Carlos Conejo Lombas fue el segundo de los acusados comparecientes en la sesión de este martes y aseguró que en el Pozo Emilio del Valle nunca se habían producido quejas por las condiciones de seguridad. “Allí nadie protestó. Los mineros son los primeros que se quejan y no trabajan. Son mineros; no son maderos con ojos. Si hay mucho metano o mucho polvo no se trabaja”, manifestó.

“Yo visito la mina y veo los valores de metano de la mina y estaban dentro de lo normal. Todos los días, a todos los relevos, se realizaron todas las labores. ¿Qué me puede hacer decir que algo va mal? Si no se hacen los trabajos. Pero si todos los días se realizan las labores, no veo nada anormal”, declaró a preguntas del Fiscal.

Respecto a las mediciones de metano señaló que es el vigilante de segunda el que apunta estos datos. “Es el responsable de los trabajadores que tiene a su cargo y el responsable directo de la explotación y el que tiene que parar si se llega a un 1,5 por ciento de metano. La gente es reivindicativa. Si no estuviera eso en condiciones normales, se queja, a mí, al miembro del comité, al sindicalista, a cualquiera. Por allí pasaron muchos trabajadores y a muchos relevos”, afirmó.

El día en que ocurrió la tragedia entró en la explotación tras una avería por un problema eléctrico que había obligado a cesar la actividad, tras lo cual regresó al interior junto con el vigilante, se midieron los gases y hablaron sobre temas relacionados con el laboreo. “Me fui a las labores del macizo noveno y subiendo por el pozo, a la altura de la primera planta del macizo noveno, oí el sonido característico de un desprendimiento instantáneo, ese petardeo…” relató sobre el momento en el que ocurrió la tragedia.

Respecto al rescate de las víctimas, en el que participó activamente para sacar a tres de los fallecidos y a un herido, comentó que los trabajadores que perecieron portaban pero no habían utilizado los autorrescatadores, que él sí utilizó para “arriesgar mi propia vida” para sacar a los mineros que habían quedado atrapados.

Después se afirmar que cree que no se incumplió ninguna medida de seguridad, preguntado por la jueza recalcó que a su entender el siniestro fue “un desprendimiento instantáneo” -sobre cuyo riesgo se habría pronunciado en su día la autoridad minera- y un suceso “indetectable, que no sabemos ni cómo ni cuándo va a suceder”.

Los otros dos vigilantes de primera de los turnos anterior y posterior al accidente, José Ramón González Fernández y Óscar Luis Dopazo Suárez, también acusados en el proceso y que testificaron ya por la tarde tras el receso para comer, reiteraron en responsabilizar a sus subordinados, los vigilantes de segunda, el fallecido Juan Carlos Pérez y el vigilante de segunda del día anterior al accidente en el que hubo un escape de gas por el que hubo que evacuar la explotación, Manuel Ángel Cañón, de todo lo que pasaba en la explotación, “tanto para bien como para mal”.

El vigilante de primera de la Hullera Vasco Leonesa José Ramón González coincidió, de la misma manera, con el resto de acusados que le precedieron en señalar que el siniestro fue imprevisible. “No se me ocurre cómo poder haberlo evitado”, afirmó en manifestaciones a su defensa.

“No hubiera entrado yo”, señaló respecto a la posibilidad de que la explotación presentase algún riesgo conocido. Respecto a los registros de metano y dado que la tragedia ocurrió por un escape de grisú comentó que eran “los normales para ese macizo y esa fase de la explotación”. Añadió que “siempre estaba todo normal y el vigilante nunca me expresó que estuviera nada mal”. “El vigilante de segunda es el responsable, mientras está en el taller, de todas las personas que aparecen en tu hoja, para lo bueno y para lo malo”, añadió.

En el mismo sentido se manifestó otro vigilante de primera, Óscar Luis Dopazo. “Nunca tuvimos nada que fuera fuera de lo normal. Siempre estuvo el gas en lo que permite la ley. Es todo normal en este método de explotación”, declaró.

Respecto a la última reunión del comité de seguridad celebrado cuatro días antes del siniestro afirmó que “nadie comentó nada” y sobre el incidente ocurrido el día 25 señaló que el vigilante de segunda le dijo “que sintió un golpe de techo, que tuvo que sacar a la gente corriendo y que luego marcaba todo normal y volvieron a entrar. No me dijo ningún nivel de gas”, como tampoco lo indicó en los libros en los que se detallan las mediciones y las observaciones sobre la marcha de cada turno de trabajo.

El jefe de Seguridad y Prevención de Riesgos no fue requerido ni por la autoridad laboral ni por la minera tras el siniestro

El ingeniero de minas que ejercía como Jefe del Departamento de Seguridad y del Servicio de Prevención de Riesgos de la Hullera Vasco Leonesa cuando ocurrió el siniestro fue el último de los 16 acusados en el proceso en declarar este martes, y manifestó que no fue requerido para elaborar ningún informe ni por la autoridad laboral ni por la minera tras lo ocurrido.

José Marcos Ulecia Román señaló en sus manifestaciones que los valores de las mediciones de metano que se llevaban a cabo de forma permanente arrojaban “valores normales” y aseguró que pudo comprobar que antes de su llegada a la empresa -se incorporó pocos meses antes de la tragedia y en sustitución de un vigilante que había denunciado con anterioridad falta de medidas de seguridad en la Hullera Vasco-Leonesa por lo que fue despedido inmediatamente- “se habían tomado un montón de medidas para favorecer la seguridad en la explotación” tras los accidentes previos en la zona afectada por el siniestro.

También afirmó que no detectó “ni miedos, ni sospechas de incumplimientos de normativa ni nada” y recalcó que los trabajadores disponían de distintas vías para hacer llegar quejas, incluso el anonimato, si las hubiera, relacionadas con la seguridad en el trabajo y no se recibió ninguna.

Respecto a un informe pericial que apunta la posible mala ubicación de los ventiladores en la mina aseguró que “ventilaban correctamente, con el doble o triple del caudal que exigía la ley”. Por otro lado, negó que el hecho de que acaparase varios cargos relacionados con la materia pudiera restar eficacia o implicar desorganización al respecto.

Peticiones de condena

Las peticiones de condena para los acusados en el procedimiento van desde los tres años y medio de prisión por seis delitos de homicidio con imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia de la Fiscalía a los seis años y medio que piden las acusaciones particulares de las familias de los fallecidos. Las defensas, en cambio, piden la libre absolución de los imputados alegando que el accidente, el más grave en una explotación minera en los últimos 30 años en España, fue “imprevisible”.

De la misma manera, se piden indemnizaciones económicas desde 770.000 euros a 1,1 millones para las familias de los heridos y los fallecidos que “no se hicieron antes porque la empresa quebró” pero sí estaba en su ánimo, subrayaron los tres a preguntas de su abogado.

El juicio continuará este miércoles 15 de febrero, cuando está previsto que acaben de prestar declaración todos los imputados, lo que los exime de seguir asistiendo al resto de las sesiones en las que se preguntará la versión de lo sucedido a los 80 testigos y peritos propuestos por las partes hasta el 30 de marzo.