UPA y COAG solicitan a la Junta que prohíba el 'fracking' en Castilla y León
La Alianza por la Unidad del Campo, integrada por UPA y COAG, solicitó a la Junta de Castilla y León que apruebe la normativa que prohíba el uso del 'fracking' o fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional, en la Comunidad autónoma, según informó en un comunicado.
La organización consideró positivo que la Unión Europea deje a los países implicados que tomen sus propias medidas, por lo que apostó por actuaciones directas del Gobierno autonómico. La Alianza denunció que en primavera comenzará el estudio sísmico en el permiso Luena (entre Cantabria y norte de Burgos), “mientras que no se ha exigido a la compañía la memoria de impacto ambiental”.
En este sentido, UPA y COAG se opone a la utilización de la fractura hidráulica porque supone “asumir importantes riesgos para nuestra seguridad y para el modelo de vida de la comarca”. Así lo reconoce, entre otros, el informe realizado en mayo del 2012 por la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que reconoce la “contribución a la identificación de posibles riesgos ambientales y para la salud humana derivados de las operaciones de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica en Europa”. Por ello, rechazan la asunción de los correspondientes riesgos porque “éstos no tienen precio”.
El propio Parlamento Europeo, el 21 de noviembre de 2012, indicó los posibles peligros y recomendó “mucha prudencia”, pues la fractura hidráulica y sus posibles efectos y consecuencias “son incompatibles con los deseos para nuestra tierra”, entre los que se encuentran una agricultura y ganadería sostenibles, una industria no contaminante, un turismo que valora la zona “por su riqueza paisajística y medioambiental”, unos “servicios modernos y apoyen a los anteriores” y unas aguas subterráneas, “hasta ahora no contaminadas, que son de los mayores tesoros”.
Por ello, señalaron que “no se puede arriesgar el futuro de ninguna comarca castellana y leonesa, pues en ese caso se estaría jugando con el futuro de nuestros hijos y nietos”. En conclusión, la Alianza solicitó a la Junta la aprobación de la normativa que prohíba la fractura hidráulica e instó al Gobierno a derogar las autorizaciones de extracción de hidrocarburos “mediante prácticas no convencionales”.
