El TSJ ratifica los despidos nulos de los trabajadores de las Oficinas de Empleo
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León acaba de emitir una sentencia ratificando el fallo de primera instancia de los primeros trabajadores de las Oficinas de Empleo (Ecyl) despedidos el pasado 30 de junio de 2012 donde se declaraban esos despidos nulos de pleno derecho confirmándose así la readmisión de los mismos. De este modo los tribunales de Justicia no aceptan el recurso de la Junta de Castilla y León dando la razón a los trabajadores (69 en las 9 provincias de Castilla y León) que llevaban 9 años prestando servicios en el Ecyl como personal laboral indefinido.
Hay que recordar que el pasado 26 de diciembre los tres primeros trabajadores del Ecyl despedidos en Ávila comenzaron a ocupar sus antiguos puestos de trabajo tras exigir judicialmente la ejecución de sus sentencias, mientras que esta misma semana han comenzado a hacerlo más de 20 trabajadores de las provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid, que tienen sentencias similares de despido nulo tras la demanda presentada ante la decisión del Ecyl de dar por finalizado el contrato por obra y servicio que tenían vigente desde noviembre de 2003. La mayoría de los 18 empleados afectados en la provincia de León tienen sus juicios en el mes de febrero próximo.
“Los trabajadores afectados, técnicos de Modernización, a los que la Justicia está considerando como despedidos de forma fraudulenta, pedimos ahora con mayor énfasis a la Junta de Castilla y León que no pierda tiempo ni dinero de los contribuyentes en recurrir unas sentencias que van en la misma línea de declararse los despidos nulos, y a los políticos que dirigen esta administración a que admitan el error de habernos echado a la calle de forma arbitraria e ilegal, para seguidamente exigir que vayan ejecutando esas sentencias y readmitiéndonos en nuestros antiguos puestos de trabajo en las oficinas de empleo, donde poder prestar un servicio necesario a los 250.000 desempleados que precisan de una atención individualizada y un asesoramiento, al igual que las empresas que se decidan a buscar trabajadores a través del Servicio Público de Empleo de forma gratuita y eficaz”, aseguran los afectados.
“Los ilegalmente despedidos el 30 de junio les pedimos a los políticos que dirigen la Junta de Castilla y León que ahorren a las arcas de la Comunidad un dinero que le están costando estos trabajadores por estar en casa sin trabajar, al obligar los jueces a pagar los salarios de tramitación desde el pasado 1 de julio de 2012. Desde aquí, insistimos, que seguiremos luchando por nuestros puestos de trabajo hasta el final con todos los medios legales y sociales a nuestro alcance”, añaden.
