Tramitar multas de toda España con precariedad laboral: la huelga que pone en la picota al centro gestor de la DGT
Hay cuatro frases recurrentes que son ilustrativas de lo que significa y en lo que se ha convertido el Centro Estrada (acrónimo de Estatal de Tratamiento de Denuncias Automatizadas). “Yo nunca he estado en León. ¿Por qué tengo una sanción de allí?”, preguntan muchos usuarios cuando, por poner un ejemplo, se saltan un radar y reciben la notificación de una multa de tráfico procedente del complejo ubicado en el municipio leonés de Onzonilla, inaugurado en 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y transformado en estos días en un polvorín con movilizaciones de trabajadores que reclaman un incremento salarial que “por lo menos mejore el IPC” (Índice de Precios al Consumo) para una plantilla compuesta por algo más de 300 empleados.
“Vosotros sois funcionarios, ¿no?”, cuestionan otros usuarios sobre las labores que desempeña una plantilla de trabajadores que al principio notificaba las sanciones, pero que paulatinamente fue asumiendo más competencias. Fue en 2012 cuando tuvieron que hacerse cargo del servicio de atención telefónica 060 de la Administración General del Estado relacionado con la DGT (Dirección General de Tráfico). Ahora tramitan también cuestiones como duplicados del permiso de conducción, cambios de domicilio del vehículo o revisión en remoto del funcionamiento de radares. “El incremento de plantilla fue muy paulatino”, cuenta el delegado de UGT Carlos Vallaure, pasando a hablar en primera persona: “Entré en 2012 por una ETT (Empresa de Trabajo Temporal) y estuve dos años y medio con contratos temporales”.
“Es que yo pensé que esto era otra cosa”, repiten al poco de entrar en plantilla empleados desencantados con unas condiciones laborales que han ido a la baja, algo que representantes del Comité de Empresa ejemplifican con una comparación temporal. “Cuando nació el centro, la categoría más baja cobraba un 30% por encima del salario mínimo”, cuenta el delegado de Comisiones Obreras, Jesús Marín. “Y ahora la categoría más baja ya ha subido su salario porque fue absorbido por el salario mínimo”, remacha Vallaure tras expresar otras quejas laborales: “Hay compañeros que atienden más de cien llamadas al día. Y por el medio tienen que hacer otros trabajos. Se ha llegado a poner en espera al ciudadano al teléfono para beber agua”.
“Por ahí ha pasado medio León”, les dicen muchos sobre una plantilla integrada casi al completo por leoneses o afincados en la provincia. Las condiciones salariales, apuntan, no resultan atractivas para facilitar la llegada de foráneos, a la vez que dificultan la estabilidad laboral. “Hay trabajadores indefinidos que se van de la empresa”, señalan los representantes sindicales con ejemplos recientes y una explicación: “Se hace un trabajo de alta cualificación que no está acorde con la retribución”. El resultado es una movilización que pone el foco sobre un centro de referencia estatal en una provincia ávida de alternativas económicas, al tiempo que cuestiona el trato de la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Indra, Kpasch y Wordline, las tres multinacionales que, con algunos cambios de nombre, gestionan el servicio desde su creación en 2008. El contrato en vigor, con una vigencia de casi 4 años, asciende a más de 83 millones de euros. Cuestionadas por ILEÓN, las empresas han preferido no dar su versión sobre las quejas de los trabajadores.
Otra jornada de paros
“DGT, implícate”, coreaban este pareado este pasado lunes por el centro de León los trabajadores para solicitar la mediación de la propia Dirección General de Tráfico, que ni siquiera ha respondido a la solicitud de respuestas de ILEÓN sobre su margen de maniobra y sobre si considera asumibles las demandas de la parte social. La marcha concluyó en la primera jornada de huelga precisamente ante la Jefatura Provincial de Tráfico en la avenida Ordoño II. La segunda jornada de paros será este viernes 12 de enero, aderezada en este caso con una concentración ante las puertas del centro de trabajo en el polígono industrial de Onzonilla.
Al hacer el relato de estos más de 15 años de funcionamiento, la parte social cita algunos avances. La proporción de empleados a través de Empresas de Trabajo Temporal hoy es moderada cuando llegó a estar a la par o incluso por encima de los de la UTE en 2020. Por ETT figuran ahora 37 al haber despedido a 31 la semana pasada en este contexto de movilizaciones laborales consultándoles sobre su disponibilidad futura, aseguran fuentes sindicales. “Siempre han abusado de la utilización de trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal”, afea Jesús Marín.
El Centro Estrada nació en 2008 con alrededor de medio centenar de trabajadores. La introducción del 060 impulsó la plantilla ya en 2012 hasta el entorno de los 80. La progresiva asunción de funciones ha ido aparejada a aumentos de plantilla, pero no siempre bien acompasada, a juicio de los sindicatos. “La mayor carga de trabajo ha sido absorbida por las categorías más bajas”, afirma el delegado de CCOO al advertir de que el convenio no ha reflejado esa diversificación de las funciones de los empleados que incluyen también servicios “no permanentes, pero sí recurrentes” como el de información sobre permiso de circulación de vehículos especiales.
La colaboración público-privada no puede conllevar la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores a costa de llenar las arcas de multinacionales
Actualmente, la plantilla está compuesta por 305 trabajadores (268 por UTE y 37 por ETT). Su horario es de 8.00 a 22.00 horas en dos turnos los 365 días del año. “No sólo se da información sobre trámites, sino que hay que incluso se da la realización de algunos trámites”, afirma Carlos Vallaure, que contrasta la importancia de un centro de referencia estatal catalogado como un 'buque insignia' de la DGT con las “condiciones salariales precarias” o la falta de planificación de los turnos semanales con tiempo suficiente.
Con la sensación de que ya hoy la plantilla “no está dimensionada” a los servicios que se prestan, los sindicatos advierten de que la memoria económica del contrato contempla llegar al entorno de los 400 trabajadores. Por ello, entienden que seguirán asumiendo nuevas funciones a medida que la DGT se vaya desprendiendo de competencias, mientras que ha ido aumentando la funcionalidad de radares precisamente desde la incorporación de las revisiones en remoto, lo que implica necesariamente un incremento de las sanciones que conllevará más trabajo. La parte social se pregunta por qué una UTE compuesta por multinacionales no asume incrementos salariales apelando a cuestiones económicas, al tiempo que sigue pujando por un contrato que gestiona desde la apertura del Centro Estrada.
“La colaboración público-privada no puede conllevar la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores a costa de llenar las arcas de multinacionales”, sentencia Carlos Vallaure. “La administración pública no se puede desentender de este conflicto”, completa Jesús Marín. Y así la representación laboral del Centro Estrada está dispuesta a reivindicar mejoras plantando una señal de STOP ante las empresas gestoras y la Dirección General de Tráfico.
