Los trabajadores de Justicia alertan de peligran 100 puestos en León

Los trabajadores de Justicia han vuelto a manifestarse este jueves contra las políticas llevadas a cabo desde el Ministerio del ramo. En esta ocasión la junta de personal -integrada por los sindicatos CSIF, CCOO, SATJ, UGT y JyP- se ha movilizado contra el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros que afecta en León a 100 puestos de trabajo y a más de 3.500 en el conjunto del país.

“Esto terminará en la privatización y la entrega del servicio a los registradores de la propiedad”, ha explicado Fabricio Vega, de CSIF. “Debe seguir siendo público para todos como fue cuando se constituyó en 1870”, añde Vega. El perjuicio -ha asegurado- es para los trabajadores pero también para los ciudadanos. “La modernización y digitalización supuso 130 millones de euros y ahora se regala a un colectivo que aunque son funcionarios del Estado no está inscrito en la administración de justicia”.

Según los datos que maneja Vega, si se consuma la privatización que denuncian, “cada certificación podría costar entre 20 y 30 euros, como mínimo”, un supuesto beneficio que “no repercutirá en la administración de justicia”.