El 'tarifazo' supone un sobrecoste de casi ocho millones anuales para los regantes de León
De esta forma, los regantes de Castilla y León, con consignas tan descriptivas como “el regadío se apaga” o “el campo se electrocuta”, mostraron su indignación por la injusta y discriminatoria determinación que el Ejecutivo ha tomado para reducir el déficit de tarifa y que se traduce en un incremento de más de 19 millones de euros al año para el regadío de la región y más de 100 millones anuales para el conjunto de España. En los últimos seis años, la factura eléctrica se ha encarecido una media del 80% y en más de un 1.000% los costes fijos, aunque sólo utilizan el servicio durante la campaña de riego.
Según datos de los regantes su sobrecoste en la provincia leonesa asciende a ocho millones de euros, el mayor de todo Castilla y León que en total se gasta 19,1 millones de euros de más por la tarifa eléctrica.
Concretamente, las provincias que han transformado en mayor medida sus explotaciones hacia mecanismos de riego más eficientes son también las más afectadas por la nueva norma, ya que, aunque permiten un ahorro de agua de hasta el 20%, duplican la demanda energética necesaria para funcionar. En la actualidad, León suma ya más de 100.000 hectáreas de superficie regable modernizada, cerca del 40% del total de Castilla y León.
En este sentido, para los regantes el Plan Nacional de Regadíos definido por el Gobierno como el “más ambicioso que se ha diseñado en España” ha supuesto también según el manifiesto leído por el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, la ruina económica. Si bien estaba dirigido a reforzar la competitividad del regadío, lo cierto es que al haberse diseñado en función de unos costes energéticos que después se han disparado, actualmente resulta imposible amortizar la inversión, conduciendo al sector a “un callejón sin salida”.
Por eso, aunque se saque pecho de las inversiones de más de 2.000 millones de euros previstas en esta legislatura para seguir con la modernización de regadíos, “como no es rentable modernizar, los agricultores preferirán permanecer anclados en el pasado antes que evolucionar hacia un futuro que los condena a la desaparición”, leyó Del Campo flanqueado por miles de agricultores “uniformados” con carteles que advertían del peligro de apagón que suponen las actuales tarifas eléctricas para el sector.
Justicia eléctrica para la agricultura
Para los regantes, la manifestación de hoy en Valladolid sólo supone el primer paso, ya que teniendo en cuenta la falta de respaldo del Ejecutivo para poner en marcha un escenario tarifario más competitivo, “aunque ahora se atribuyan iniciativas puestas en marcha por los propios regantes como la agrupación en centrales de compras” el regadío no cejará en su empeño hasta conseguir “justicia eléctrica para la agricultura”, en palabras del presidente de Fenacore.
De esta forma, la concentración de hoy supone el pistoletazo de salida a un completo plan de movilizaciones previstas simultáneamente en toda España para el próximo 26 de febrero, que culminará con una gran concentración en Madrid respaldada por más de 50.000 regantes.
Bajo el lema “El regadío agoniza. No al tarifazo eléctrico” en el manifiesto entregado en la delegación de Gobierno solicitan soluciones, que no tratos de favor, como la aplicación de un IVA reducido en el suministro eléctrico, tomando como antecedente el caso de Italia, donde curiosamente las negociaciones de su Gobierno con la Comisión Europea han conseguido dar luz verde a esta medida, mientras que la Administración española parece moverse por motivos más recaudatorios que de interés general.
Además, “los regantes también somos artistas, pero de la producción de alimentos ¿por qué no podemos acceder a un IVA reducido?” se preguntaba del Campo, en clara alusión a la decisión del Ejecutivo de aplicar una reducción impositiva a la compraventa de objetos de arte, coincidiendo además estos días con la celebración de ARCOmadrid.
Asimismo, piden pagar de acuerdo a su régimen de uso estacional, abonando únicamente la potencia realmente utilizada en lugar de la contratada para evitar el gasto de un servicio que no utilizan fuera de los meses de riego. En su defecto, piden que nuestra legislación permita realizar más de un contrato al año con las compañías eléctricas o bien, despenalice los contratos de temporada.
Con el fin de avanzar en la modernización de regadíos y minimizar los costes energéticos derivados de este proceso, exigen la articulación de la normativa marco adecuada para facilitar la producción de energía distribuida cerca de los centros de consumo, eliminado las trabas administrativas actuales.
