Los sindicatos CCOO y UGT piden a la Junta que ponga 'orden' en las líneas de ayudas al alquiler

Los secretarios de Acción Sindical de CCOO y de Política Institucional y Territorial de UGT en la Comunidad, Vicente Andrés y Óscar Lobo, respectivamente, han remitido una carta a la vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, como responsable de coordinar el Diálogo Social, para que intervenga para “ordenar el proceso de negociación” en materia de ayudas al alquiler de vivienda. El objetivo es unificar en un sólo derecho subjetivo (Garantía Básica de Vivienda), las cinco líneas de apoyos en esta materia que coexisten en estos momentos en la Comunidad, para llegar a unas 8.000 personas con ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que costaría unos 16 millones, según sus cálculos.

Asimismo, los sindicatos, que se reunieron el viernes con los diferentes grupos políticos en las Cortes para explicarles sus pretensiones dentro del Diálogo Social, exigen la puesta en marcha de un auténtico parque público de viviendas de alquiler, que pase de las poco más de 1.000 actuales, a 10.000. CCOO y UGT piden a Valdeón una “reunión extraordinaria y urgente” de la Comisión Permanente del Diálogo Social, para abordar este asunto “prioritario” dentro de su agenda reivindicativa.

Los responsables sindicales aclararon a Ical, que que en estos momentos en Castilla y León hay cinco líneas de ayudas de alquiler de vivienda para prácticamente el mismo colectivo y sin embargo “se producen vacíos o injusticias sociales, puesta hay rentas bajas que no están obteniendo ningún tipo de ayuda al encontrarse en tierra de nadie, según las normativas actuales”.

En concreto, precisaron que en la actualidad tiene abiertas dos mesas que afectan a tres líneas sobre estos apoyos. Una de carácter subjetivo, en la Renta Garantizada de Ciudadanía, a través de su artículo 18; en el que se señala que se deben maximizar estos apoyos (hasta el 130 por ciento de la ayuda) cuando exista una unidad familiar o de convivencia que cuente con ingresos que deban ser computados para la determinación final de la cuantía y se satisfagan periódicamente cantidades en concepto de arrendamiento de vivienda habitual.

Además, concretaron que otras dos líneas se negocian con Fomento, sobre las órdenes 814/2015 y 953/2014. En concreto, se trata de una línea con cinco millones de euros de fondos propios, dentro del reparto pactado del Fondo de Facilidad Financiera, para personas que cobran menos del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); y otra con 3,2 millones de euros, de partidas gubernamentales, para rentas por encima de ese indicador.

En este sentido, explicaron que a la línea de la Consejería de Fomento para personas con ingresos por debajo del IPREM, han concurrido 8.500 personas; y a la de fondos estatales, 15.000, cuando no podrán hacer frente a más de 2.000 en la primera, y a 1.000 en la segunda.

Así, aclararon que en su reparto “desde abajo” se beneficiarán las personas con ingresos más bajos por debajo del IPREM; y las de menos ingresos por encima del indicador, con lo que un amplio colectivo con rentas mínimas se quedará sin apoyos, cuando otros con mayores fondos los percibirán. “Es decir, si sólo se alcanza con la primera línea a los que cobran hasta 200 euros, los de 300, 400 o 500 no podrán acceder, cuando personas con más de 542 euros los recibirían”.

Asimismo, estos últimos, serían los de menos ingresos por encima del IPREM (532 euros), por lo las centrales han fijado su petición de una Garantía Básica de Vivienda, para aquellos con ingresos por debajo del SMI (648 euros), para completar el abanico de las rentas más bajas.

Los responsables de CCOO y UGT agregaron que a las anteriores tres líneas habría que sumar las ayudas que gestiona la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, las extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social (Decreto 2/2013) y las ayudas para la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social (Decreto 12/2013), que cofinancian los ayuntamientos con un 30 por ciento de la cuantía.

En contexto, denunciaron que el artículo 18 de la Renta Garantizada de Ciudadanía, “no se cumple” y se están otorgando ayudas de emergencia a las familias necesitadas, pero de forma “aleatoria” según criterio discrecionales de los ayuntamientos. “Están fallando todos los recursos que hay sobre la mesa”.

Además, exigieron a la Junta una “verdadera política de vivienda” que establezca estos apoyos como un derecho subjetivo, y además, se impulse de forma decidida el parque público de alquiler, hasta contar con 10.000 viviendas. “Hay que fomentar la política de alquiler para determinados colectivos en un contexto en el que el 35 por ciento de los trabajadores cobran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional”, resumieron.