Los sindicatos alertan de que la Junta abre la puerta a privatizar la sanidad

Hospital de León PORTADA

Ical

UGT insistió hoy en que no apoyará el documento presentado por la Administración regional hoy en la Mesa Sectorial de Sanidad, sobre el proyecto de Unidades de Área de Gestión Clínica de Castilla y León, porque “deja a los trabajadores en situación de indefensión laboral con pérdida de derechos irrecuperables y con la probable privatización de la asistencia sanitaria de nuestra Comunidad”.

El sindicato explica que la inclusión de los profesionales en las Unidades de Gestión Clínica no es voluntaria, y advirtió de que éstas “van a ser feudos en manos del director de la Unidad, quien va a ser nombrado por la Gerencia Regional de Salud”. “Hoy que tanto ha hablado el consejero de Sanidad de restricciones, lo que hemos podido comprobar es que éstas sólo son reales para los profesionales de la sanidad de Castilla y León que cada día ven más sobrecargada su actividad con disminución de recursos humanos, no sustituyendo ninguna carencia de profesionales y aumentando la carga laboral en los que resisten”.

La organización incide en que los trabajadores perderán derechos consolidados, como movilidad, traslados, permisos, etc., y quedarán en manos del director de las unidades “Queda claro que el número de trabajadores no puede aumentar pero si disminuir”, señalaron, y constataron que la contratación “no se hará según criterios objetivos sino a capricho del director de turno”. Además, los horarios, los turnos y las tareas de los profesionales “van a quedar exclusivamente en manos del director, quien podrá modificarlos a su antojo”.

UGT también destaca que las Unidades de Gestión Clínica admiten la posibilidad de contratar servicios externos, es decir, “privatización de servicios”, lo que conlleva “una reducción en la contratación de personal por las vías de igualdad, mérito y capacidad”.

UGT rechaza las unidades de gestión clínica porque dejan a los trabajadores en indefensión y abren la puerta a la privatización

La organización también indica que “lo más denigrante del documento es que permita poner como cebo para los profesionales unos supuestos incentivos que la experiencia nos demuestra no van a poder llegar a conseguir y, si lo hicieran, no los iban a poder percibir”. “Todos los trabajadores conocen que siguen sin cobrar los incentivos por reducción de listas de espera y productividad variable del año 2011, y que han anulado el cobro de los incentivos del 2012”, agregan, para sentenciar: “Alguien nos está mintiendo de una forma poco ética”.

UGT también expone que las Áreas de Gestión Clínica permiten, sin embargo, sin criterios objetivos desplazar a los profesionales entre distintas unidades a áreas de salud, con lo que el aumento de profesionales en el Sistema “se da por anulado totalmente y, desde luego, la conciliación familiar y laboral de los trabajadores va a pasar a la historia”.

“Se hurta la negociación de las condiciones laborales de todos los trabajadores, con estos sistemas de gestión. Hurto, por otra parte, al que nos tiene habituado el consejero cuando se limita a pasar por Mesa de Negociación los temas que a él le interesan sin recordar que el ámbito de la negociación salarial y laboral en general, es de máximo respeto”, aseguran desde la central sindical.

Por último, resumen que el borrador del Decreto “deja muchas lagunas por resolver y, además, en ningún momento se nos ha explicado qué va a pasar con Atención Primaria y cuáles han sido los resultados de las dos Unidades de Gestión de Valladolid y Zamora que hoy están en funcionamiento”.

Comisiones Obreras

El secretario general de Federación de Sanidad de CCOO en Castilla y León, Pablo Vicente, alertó hoy de que el decreto que modificará los actuales servicios en hospitales de la Comunidad mediante la creación de las denominadas unidades de gestión clínica es “la norma necesaria” para “introducir la privatización”, momento en el que la región “se parecerá a Madrid, aunque la Junta lo niegue”.

Tras la celebración hoy de la Mesa Sectorial de Sanidad, Vicente explicó que, por acuerdo mayoritario, los representantes de los trabajadores han aportado medidas estratégicas en el desarrollo de la carrera profesional y otras iniciativas para mejorar el desarrollo de la asistencia sanitaria. “En Castilla y León, la Junta se inventa y hace pruebas con unidades de gestión clínica”, sentenció el responsable sindical, quien añadió que el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, “no puede seguir mintiendo a la ciudadanía”. Además, criticó que esta convocatoria se haya celebrado en el mes de agosto y calificó este martes “como un día negro” para los profesionales sanitarios del sistema público regional.

CCOO critica que la Mesa Sectorial de Sanidad se celebre en agosto y lamenta que la Junta mienta a la ciudadanía

Pablo Vicente reiteró que este decreto de unidades de gestión clínica es un “verdadero despropósito” y no supone ahorro alguno para las arcas de la Comunidad. Recordó que la sociedad avanzada “que no invierte en sanidad no tiene futuro” y señaló que esta norma también afectará a los profesionales.

Igualmente, sostuvo que desde la Consejería de Sanidad afirman que tienen datos científicos para demostrar el funcionamiento de este sistema: “Pero se niegan cuando les pedimos que los pongan encima de la mesa. Y eso genera dudas”, advirtió. De hecho, el rechazo no fue unánime, dado que solo se han opuesto CCOO, UGT y CSI-F, mientras que los sindicatos corporativos (médicos y dues) han dado su apoyo a la propuesta, aunque con matices.

Sólo un área para Valladolid

Además de abordar el decreto de unidades de gestión clínica, CCOO rechazó en la Mesa Sectorial otro apartado que “preocupa” en el sindicato y que cuenta con su rechazo y que Sanidad también puso encima de la mesa. Se trata del área única para la provincia de Valladolid, “que según su población, unos 530.000 habitantes, debería incluso tener una tercera zona de salud”, ya que la Ley General de Sanidad establece que cada 250.000 habitantes se debiera dotar una. “Los ciudadanos vallisoletanos se verán discriminados”, dijo. Sólo dos provincias en la Comunidad disponen de dos áreas: León y Valladolid, y a la segunda “la dejan sólo una”.

Por este motivo, adelantó que el próximo lunes CCOO anunciará medidas de presión a las que espera que se adhieran agrupaciones locales, partidos políticos y asociaciones de vecinos, para que se manifiesten por una medida que “supondrá una merma rotunda”. “Confiamos en que el consejero, cuando regrese de vacaciones, solucione este desaguisado”, señaló Pablo Vicente, quien recordó que Sáez ya lo hizo recientemente a la hora de retomar las urgencias nocturnas en determinadas zonas rurales. “A los ciudadanos les embarga una inseguridad real. Esperemos que este disparate lo rectifiquen”, deseó.

Esta medida de Sanidad “partirá los tres hospitales de Valladolid en trozos” -los dos de la capital y el de Medina del Campo. En el momento que entre en vigor este decreto, un ciudadano de Valladolid puede tener diferentes servicios asistenciales en los tres centros hospitalarios existentes en la provincia, no como ahora que está vinculado solo a uno. “Los trastornos que van a provocar a la ciudadanía serán mayúsculos. La calidad asistencial se va a deteriorar en gran manera. La movilidad laboral de los profesionales, que no de su destino originario, es evidente. Y lo que no está nada claro, es que se va a ahorrar”, sentencia Pablo Vicente, quien añadió que “por un criterio económico cometerán un disparate que no aporta nada”

Vicente abogó por que el antiguo Hospital Río Hortega, en el barrio de La Rondilla, sea la ubicación de una tercera zona de salud, “porque Valladolid cuenta con población suficiente y no hay más que ver las listas de espera”. “Pretende atender a 530.000 ciudadanos con un área única”, exclamó.

De hecho, según CCOO, con este paso la Consejería pretende que esta nueva área de salud, la única de Valladolid, también asuma la atención sanitaria de más de 200.000 habitantes de todas aquellas localidades fronterizas de otras provincias limítrofes a Valladolid (Burgos, Segovia, Ávila, Palencia, Zamora, León y Salamanca). “De nuevo, además de contravenir la norma, puesto que un área de salud no puede atender a ciudadanos de otras provincias, se arroga la potestad de incrementar el número de usuarios”, indicó el secretario de Acción Sindical de la FSS de CCOO Castilla y León, Jaime Redondo.

Entre las medidas aportadas, Redondo demandó también la reducción de cargos en la Consejería, “a lo que se han opuesto rotundamente los responsables del departamento.

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