Los servicios sociales tendrán un criterio único
El decreto, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, establece un criterio único de capacidad económica y de participación de los usuarios en el coste de los servicios entre personas dependientes y no dependientes. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha explicado hoy que el decreto de precios públicos beneficia a las personas con menor nivel de renta y que ningún castellano y leonés pagará más del 90% del coste del servicio, ni más del 90% de su capacidad económica personal
Castilla y León cuenta ya con un decreto que fija un criterio unico para el acceso a los servicios sociales prestados por la Administración Autonómica, sean o no personas dependientes de la Ley estatal de Dependencia. La normativa, aprobada ayer por el Consejo de Gobierno, permite además avanzar hacia el acceso unificado a las plazas de las administraciones públicas.
El decreto establece los precios públicos de los servicios de atención a personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia. Los servicios a los que se refiere esta norma son las 18.048 plazas de acceso publico en atención residencial -residencias y vivienda-, centros de día -estancias diurnas y centros ocupaciones- y servicio de estancias nocturna.
La nueva normativa fija un precio público por día para cada uno de los servicios en función del sector de la población -personas con discapacidad o mayores-, del subsector -discapacidad intelectual, discapacidad física, autismo o enfermedad mental-, de la tipología del centro -residencia, vivienda o centro de día-, de la tipología de la plaza y modalidad del usuario -grado de asistido o de afectación de la discapacidad, y grado de dependencia- y cobertura del servicio -días de la semana y año-.
Con este decreto se establece, por tanto, un único sistema de precios y se unifican los criterios de capacidad económica y participación del usuario en el coste de los servicios entre personas dependientes y no dependientes, en consonancia con el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León. De esta forma, no sólo se integra el proceso de la Dependencia en el sistema de Servicios Sociales, sino que se homogeneízan los criterios para toda la Comunidad.
La nueva norma introduce novedades relevantes como que el Decreto beneficia a las personas con menor nivel de renta, ya que utiliza una única base y una única fórmula matemática progresiva para determinar la capacidad económica de las personas solicitantes. Sólo se computará la renta y el patrimonio individual de cada usuario y no el del núcleo familiar como hasta el momento. Con la entrada en vigor de este decreto, los usuarios realizarán una aportación proporcional al número de días de servicio, ajustado a la intensidad y cobertura, en lugar de ser una cuantía fija. Por otra parte, generarán deuda sólo aquellas personas que, teniendo patrimonio computable, lo deseen.
Ningún castellano y leonés pagará más del 90% del coste del servicio, ni más del 90% de su capacidad económica personal. Y, además, se garantizará un 'mínimo de bolsillo' superior al actual y variable, en función de la necesidad de cada persona, con el fin de apoyar la promoción de la autonomía personal.
El decreto de precios públicos en el ámbito de los Servicios Sociales, además de las mejoras señaladas en beneficio de los usuarios, confiere un mayor control, eficacia y agilidad a la Administración. No en vano, habrá una unidad de gestión de acceso a las plazas, se simplificará la gestión de cálculo de capacidad económica automatizada coherente con las del resto de prestaciones de dependencia, y se establecerá un proceso centralizado, con idénticos criterios en toda Castilla y León.
Los nuevos precios serán de aplicación para los nuevos usuarios a partir del 1 de marzo de 2012. Y será efectivo para los usuarios actuales de los Servicios Sociales en la primera actualizacion anual.
La nueva normativa ha contado con el consenso de los miembros del Diálogo Social, el Consejo regional de Personas Mayores, el Consejo de Acción Social de Castilla y León, y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Todos ellos estuvieron ayer presentes en la presentación del Decreto por parte de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.
