Reclaman para los mayores una red adecuada de servicios
El Procurador del Común de Castilla y León, junto al resto de Defensores del Pueblo autonómicos y de la Defensora del Pueblo de España reunidos en Cartagena (Murcia) en las jornadas de coordinación, han puesto de manifiesto la necesidad, especialmente marcada en contextos como los actuales de crisis económica, de que los poderes públicos atiendan el mandato de garantía de la suficiencia económica, teniendo en cuenta los datos de la OCDE en los que se refleja que un 25% de los españoles mayores de 65 años se encuentran en el umbral de la pobreza.
En este punto cobra especial relevancia, como complemento del nivel básico asistencial establecido por el estado, el sistema de servicios sociales de cada comunidad autónoma, según informan en un nota de prensa.
Durante el foro, los Defensores del Pueblo han señalado que la inadecuación de las viviendas, en tamaño o por la existencia de barreras arquitectónicas, o la imposibilidad de salir de las mismas por ausencia de ascensores o limitaciones en el transporte, constituye un tema recurrente donde las administraciones han de intervenir necesariamente.
Para aquellas personas que no deseen o no puedan vivir en su domicilio, consideran que el sistema debe disponer de una red de recursos asistenciales suficiente, como residencias permanentes o temporales, centros de día o de noche, etc. y que además esté coordinado entre las diferentes comunidades autónomas, de forma que permita el traspaso territorial cuando la persona mayor tenga a su familia en otra región.
Estas son algunas de las conclusiones extraídas de las XXVI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo de toda España celebradas entre el 6 y el 8 de junio en Cartagena, en las que han analizado “la situación de las personas mayores”, desde el punto de vista socio-económico, socio-sanitario y en su aplicación de la Ley de Dependencia.
Respecto a esta cuestión, creen que se ha invadido y saturado la tradicional oferta de servicios sociales autonómicos a las personas mayores, privando de su disfrute a los antiguos usuarios que no tengan la condición de dependientes.
Otra de las deficiencias detectadas es el insuficiente desarrollo de la normativa estatal por parte de las comunidades autónomas, ya que en muchas de ellas no se han aprobado todavía los decretos que regulan el procedimiento de reconocimiento de la prestación, copago, retroactividad o expedientes de fallecimiento. En este sentido se ha pedido la intervención armonizada de un Consejo Interterritorial del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia (SADD).
Propuestas a los poderes públicos
Constando la existencia de vulneración de los derechos y libertades de las personas mayores, han acordado elevar a los poderes públicos una serie de propuestas de actuación, entre las que se recogen, potenciar la prevención de la dependencia, promocionando hábitos saludables de manera precoz y fomentando el envejecimiento activo; potenciar los recursos geriátricos y gerontológico existentes en el sistema sanitario y en los servicios sociales; articular la coordinación entre los diferentes territorios autonómicos, mediante entre otras actuaciones, la implantación de la historia clínica integrada; y la intervención armonizada del Consejo Territorial del Sistema para al Autonomía y Atención a la Dependencia, para establecer criterios comunes en el cumplimiento de los plazos para el reconocimiento de los servicios y prestaciones, la compatibilidad entre los mismos, el régimen de retroactividad y el tratamiento de expedientes de personas fallecidas.
Finalmente, y desde el punto de vista normativo, señalan que urge la elaboración y aprobación de “Cartas de Derechos y Deberes de las personas mayores”, “Planes de Mayores” y las correspondientes “Cartas de servicios sociales autonómicas”.
