Rebelión contra el 'subidón' en la residencia Santa Luisa
Los ánimos se caldean por el incremento de hasta el 63% en el precio público que los mayores pasarán a pagar en la residencia Santa Luisa, propiedad de la Diputación. Una concentración de afectados y familiares, acompañados por responsables provinciales y locales de Izquierda Unida, ha devuelto su protesta a la actualidad. Y de paso, ha forzado una reunión entre afectados y responsables de la institución provincial para intentar un acercamiento de posturas que, sin embargo, parece imposible de momento.
Y es que mientras los mayores consideran “una expropiación” este incremento aprobado por la Diputación, y estiman que posiblemente la mitad de ellos no puedan seguir pagándose esta residencia de carácter público, exigiendo que se reboque el enorme incremento puesto en marcha, la Diputación de León por su parte (que no niega la subida) justifica que pese al incremento el precio sigue estando por debajo de lo que pagan los usuarios de las residencias de la Junta de Castilla y león, también públicas.
En un comunicado, el equipo de Gobierno de la Diputación informa de la reunión que los afectados mantuvieron hoy con el vicepresidente primero de la Diputación, Marcos Martínez, y el diputado de los Centros Asistenciales, José Manuel Moro. En él, se puso de manifiesto que la modificación de la ordenanza se llevó a cabo durante el Pleno celebrado el 26 de septiembre de 2012 y salió publicado en el Boletín Oficial de la Provincial el 15 de octubre, entrando en vigor el 1 de diciembre de ese mismo año, y “se realizó por unanimidad de todos los grupos políticos”.
El PP en la Diputación explica que Santa Luisa, que tiene una capacidad para 100 usuarios, “aún con la subida que supone la modificación de las tasas, cuenta con unos precios que se encuentran muy por debajo de los que cobra la Junta de Castilla y León en las residencias de ancianos que gestiona. Mientras la Diputación de León cobra a los residentes que se valen por sí mismos un total de 789,9 euros al mes, la Junta cobra 921 euros. Por lo que se refiere a los Dependientes de los Grados I y II, la institución cobra 1.059,9 euros, la Junta 1.290 euros y a los Grandes Dependientes la Diputación ha acordado un precio de 1.239,9 euros, la administración autonómica cobra 1.474 euros al mes”.
Cifras y explicaciones que no consiguen aliviar los ánimos de los afectados, que hace sólo seis días acudían 'en masa' a registrar reclamaciones en la institución, anunciando cuantas protestas sean necesarias para que se reconsidere el aumento de los precios de la residencia Santa Luisa.
