Quejas por sólo dos intérpretes a media jornada del lenguaje de signos en León

Imagen de archivo de lenguaje de signos. / ICAL

ICAL

El Procurador del Común (Defensor del Pueblo de Castilla y León), tras haber recibido varias quejas procedentes de León, ha emitido una resolución en la que pide que se apoye el Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos Española para la Vida Diaria (SILSE-VD) con discapacidad auditiva en la provincia de León.

Además, exige a la Junta que adopte las medidas necesarias dirigidas a aumentar las partidas presupuestarias disponibles para la financiación del mismo, de forma que pueda ampliarse el número de profesionales y aumentar las horas de su prestación para cubrir las necesidades de todas las personas sordas y oyentes en los diferentes ámbitos de comunicación.

Ello, añade, sin perjuicio de que pueda considerarse como mejor alternativa la presencia de la figura de estos profesionales en algún organismo público (como el Centro Base o la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León) a disposición de todas las personas afectadas que necesitaran este servicio.

La iniciativa se toma tras constatar que en la actualidad en la provincia de León sólo hay dos personas, una a media jornada, para cubrir las necesidades de las personas sordas y sordociegas para acceder a la información y comunicación oral en diversos ámbitos, garantizando su independencia y autonomía en la realización de gestiones. Caso aparte son Ponferrada y la comarca del Bierzo, donde se cuenta (en la Asociación de Personas Sordas Asobier) con otro intérprete a jornada completa.

El servicio -784 el pasado año- se presta bajo demanda, previa cita del usuario, acudiendo el profesional en la fecha y hora fijada para realizar la gestión solicitada. El intérprete se encuentra en la Asociación de Personas Sordas San Juan Bautista un día a la semana; el miércoles en horario de once a 13 horas para cubrir las solicitudes de los usuarios directamente.

Sin embargo, esa labor es cuestionada por los autores de la queja, ya que a pesar de ser un servicio público, se mantiene que su prestación se limita exclusivamente a los socios (55), siendo más de 100 personas las que no lo son, por lo que quedan desasistidas muchas personas con discapacidad auditiva. Además, el 70-80 por ciento del trabajo del intérprete se destina a las diversas tareas propias de la citada asociación en horario matinal, por lo que la posibilidad de solicitar un servicio puntual (para acudir a organismos públicos, médico, revisiones o rehabilitación, entre otras) es prácticamente nula. Como solamente se da la opción de pedir cita los miércoles de once a 13 horas, resulta insuficiente para cubrir la demanda existente en León y cuando se solicita el servicio en algún caso urgente no resulta posible disponer de este profesional.

El Procurador del Común considera que la ampliación del número de intérpretes y, consecuentemente, el aumento de las horas del servicio, resultaría prioritaria para la comunidad sorda en la provincia de León. “No cabe duda de la necesidad de ofrecer una adecuada estabilidad al servicio, dotándole de un número apropiado y estable de profesionales que permita cubrir las necesidades de todas las personas sordas en los diferentes ámbitos de comunicación”, señalan desde la institución autonómica y añaden que no se puede olvidar que la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras, exige a las administraciones en Castilla y León la supresión de las barreras en la comunicación sensorial, garantizando el derecho a la información y comunicación.

En Castilla y León, el Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos Española para la vida diaria (SILSE-VD) es ofrecido por Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León con el objeto de eliminar las barreras de comunicación entre usuarios de lengua de signos y usuarios de lengua oral, procurando el entendimiento y acceso a la información en igualdad de condiciones para todas las partes participantes en el proceso comunicativo. Esta financiado desde la Gerencia de Servicios Sociales, mediante una subvención nominativa a la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) y asociaciones integradas.

Por su parte, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad impone a las mismas administraciones públicas en la Comunidad la adopción de las medidas necesarias para que las personas con discapacidad dispongan de medios para garantizar su acceso a la información y a la comunicación oral y/o lengua de signos, promoviendo, entre otras actuaciones, la prestación de servicios de intérpretes en lenguas de signos para personas sordas o con discapacidad auditiva en las distintas áreas públicas y privadas. El Servicio en cuestión, pues, concluye el Procurador, debe contar con los recursos profesionales necesarios para eliminar las barreras de comunicación con las que todavía se encuentran tanto las personas sordas como oyentes que comparten códigos comunicativos diferentes.

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