Los pueblos de Babia exigen a la Junta “expropiar ya” para frenar la “okupación ilegal” de Mieres en el puerto leonés de Pinos
Este año 2026, los pueblos de la comarca leonesa de Babia esperan que, aprovechando la presión política de la contienda electoral autonómica, se pueda poner fin a un siglo de “okupación ilegal” por parte del concejo asturiano de Mieres pero en plena montaña leonesa, incluso en otra Comunidad autónoma. Y la única vía que barajan, y que exigen a la Junta de Castilla y León con compromisos claros y firmes, es la expropiación a Mieres de las más de 1.000 hectáreas afectadas, tratándose de este enclave de alto valor ambiental, ya que es Parque Natural, Reserva de la Biosfera, Red Natura 2000 y zona SIPAM de la FAO, visto además que se concatenan los éxitos judiciales que otorgan la razón a los intereses de la vertiente leonesa.
En una rueda de prensa conjunta del Ayuntamiento de San Emiliano, juntas vecinales, asociaciones comarcales como Montaña de Babia y Luna y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, los portavoces escenificaron la “unidad absoluta” del territorio en las exigencias a las administraciones, también a la Diputación o incluso al Gobierno central. Recordaron que ya cumple dos décadas la lucha judicial y política de los cuatro pueblos del municipio de San Emiliano para revertir.
Su intención inmediata, anunciaron, es “reforzar en redes, en esta etapa preelectoral y durante la campaña, para que los parlamentarios autonómicos se pronuncien sobre un tema que es absolutamente grave”, resumió su portavoz, Carlos González-Antón.
El también representante de la Asociación Montaña Babia y Luna y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores aseveró que la gravedad de la situación radica en que “el territorio de Castilla y León está incompleto” y lo sigue estando a pesar de distintas sentencias judiciales han declarado que el uso que Mieres hace del terreno comprado es contrario a derecho: “No puede comprar terrenos para desarrollar sus políticas, en este caso ganaderas. La única finalidad que tiene esa compra por una administración pública es extender el ejercicio de sus potestades administrativas”.
El malestar se ha reavivado ante la posibilidad de que este verano, un año más, regresen a los ricos pastos de Pinos más de 1.500 cabezas de ganado procedentes de Mieres. Y recordaron que ya el año pasado se incoaron procedimientos sancionadores pero que calificaron de “totalmente ridículos”. En paralelo, está pendiente la inadmisión definitiva por parte del Tribunal Supremo de los recursos interpuestos por Mieres contra las sentencias del TSJ asturiano y de Castilla y León que dan la razón a los pueblos leoneses. Por eso, avanzaron que si el TS convierte, como esperan, en firme la sentencia, Babia solicitará su ejecución ante el juzgado de Oviedo, aunque temen nuevas maniobras dilatorias de la vertiente asturiana.
Para el alcalde de San Emiliano, David Marcello, nada se ha cumplido de las buenas palabras del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), en marzo del año pasado, casi un año atrás, respecto al menos a conseguir una “solución definitiva” que “no puede ser otra que la expropiación”. Una vía que sería objeto de un procedimiento “garantista” y con “justa compensación” para el titular registral, para Mieres.
La competencia, insisten, corresponde a la Junta en materia de ganadería y ordenación del territorio. “Lleva 40 años gobernando y después de 40 años lo único que se han atrevido es a sacar a licitación el proyecto de la carretera de La Cubilla”, criticaron, recordando al menos que se avanza en la infamia que era que la carretera desde Mieres esté impecable y la del lado leonés, que fue de titularidad estatal, continúa siendo un mal camino. Y es que se trata, dijeron, de “el único tramo de carretera autonómica que no es carretera, sino camino de cabras”.
Desde la Federación insistieron en que, de no haber avances de la Junta, no descartan la posibilidad de emprender acciones judiciales contra la propia Junta por “dejación de funciones”, rayando la prevaricación. “Esto necesita una decisión política clara. Castilla y León está incompleta hasta que no se resuelva”, defendieron, comparando la pasividad en Pinos con otros conflictos competenciales en los que la Comunidad sí ha litigado con firmeza, como en el Condado de Treviño.
Más allá del simbolismo territorial, Babia pone el acento en el impacto económico. “Estamos perdiendo PIB clarísimamente”, sostienen. La demanda de suelo para actividad ganadera y agroindustrial es “brutal” y el puerto de Pinos fue históricamente un eje productivo clave. Por ello plantean un proyecto integral que, tras la expropiación, permita gestionar los pastos de forma ordenada e incluso abrir la puerta a acuerdos legales con ganaderos de Mieres. “Una vez expropiado hay mil opciones de gestionar esos puertos, incluso que suban legalmente si se da la ocasión, pero no en las condiciones actuales”. Y es que van a la base: “Si no se defiende el territorio, no se puede defender ni la demografía ni la ganadería ni el futuro de nuestros pueblos”, concluyeron.
