El PSOE votará en contra de la nueva Ley de Transparencia de Castilla y León

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Virginia Barcones, subrayó hoy que el PSOE se opondrá a la futura Ley de Transparencia si el borrador del anteproyecto no cambia “radicalmente” en relación a la publicidad activa. No en vano, precisó que el texto con el que trabaja la Junta de Castilla y León contempla pasar de menos de 50 entidades del sector público obligadas a más de 5.000 sujetos afectados. Además, pasa de once obligaciones de publicidad activa, adicionales a la ley estatal, a más de 75.

Durante su intervención durante la comparecencia del comisionado de Transparencia, Tomás Quintana, para presentar la Memoria Anual de la institución durante 2020, se preguntó si quien ha elaborado este proyecto de ley conoce la realidad de Castilla y León.

“Es imposible por que el texto está superalejado de la realidad de la Comunidad. Piensan que los ayuntamientos no colaboran con el ciudadano y el Comisionado de Transparencia por que no quieren”, sentenció.

Barcones recordó que la propia memoria del Comisionado recoge que un cambio “tan radical” en la legislación autonómica de transparencia, acompañado de “un régimen sancionador exigente”, precisa de medidas organizativas, institucionales y transitorias que garanticen “una implantación real” de la futura ley. También, mencionó que es consciente de la disposición de recursos materiales y humanos “muy limitada”.

“No se podrá cumplir”

La viceportavoz socialista señaló con qué recursos van a poder hacer frente las entidades locales, sobre todo las pequeñas, a la demanda de información. “El incremento de las obligaciones no se puede abordar sin ningún tipo de financiación”, precisó. Además, advirtió que, jurídicamente, no hay nada más peligroso que aprobar normas a sabiendas que los sujetos destinatarios no van a poder cumplirlas. “Hablamos de imponer multas de un régimen sancionador por obligaciones que serán de imposible cumplimiento, lo cual desvirtuará todo el objetivo que tendría que tener esta modificación de la ley”, significó.

Barcones manifestó que está por ver si el proyecto llega a entrar al Parlamento en esta legislatura, que además no cuenta con el apoyo de los propios ayuntamientos. “Qué bonito es, a mayor gloria de la Junta que cuenta con todos los medios, legislar sin tener en cuenta la realidad de Castilla y León”, concluyó.

Tomás Quintana: “La Ley debe recoger expresamente las sanciones por no cumplir la Transparencia”

El Comisionado de Transparencia, Tomás Quintana, aprovechó hoy su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para reiterar que la futura Ley de Transparencia, en la que trabaja la Junta, debe recoger “expresamente” la ejecución forzosa de las resoluciones de la institución. En concreto, consideró necesario disponer de un instrumento jurídico que permita al Comisionado “forzar” el cumplimiento de sus resoluciones, a través de la imposición de multas coercitivas. De esta manera, precisó, se podrá “garantizar” la ejecución forzosa de las resoluciones cuando sean incumplidas.

Con motivo de la presentación de la Memoria Anual de la Comisión de Transparencia, que está asumida por el Procurador del Común, correspondiente al año 2020, Quintana señaló que continúa en aumento el número de resoluciones del órgano que no son cumplidas por las administraciones y entidades públicas. Pese a que señaló que esos incumplimientos son publicados en su página electrónica y se recogen en las memorias, no es suficiente por lo que demandó que se impongan multas. Es por ello que la Comisión presentó una alegación en este sentido al anteproyecto de ley de Transparencia autonómica.

Algo, a su juicio, necesario a la vista del incremento de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos. En 2020, pese a ser un año de “infausto recuerdo” por la pandemia del coronavirus, fueron 329, por lo tanto cuatro más que en 2019 y un número muy superior a las 102 reclamaciones de 2016, cuando empezó a operar el Comisionado de Transparencia. Es decir, se han triplicado en cinco ejercicios. En este sentido, en lo que va de año y a falta de tres meses para su conclusión, ya se han recibido 350 reclamaciones. Es decir, 21 más que las presentadas durante todo el año 2020.

Tomás Quintana mostró su “preocupación” por que los ciudadanos, sean o no cargos públicos, no obtengan respuesta, con “demasiada frecuencia”, cuando acuden a solicitar información a las administraciones y entidades públicas. No en vano, destacó que el 69%de las reclamaciones recibidas por el Comisionado tuvo como objeto denegaciones presuntas de información. Un porcentaje que aumenta hasta el 89 por ciento cuando corresponde a los cargos locales, pese a ser miembros de la corporación.

En cuanto a las materias que generaron más conflictividad a lo largo del año pasado, fueron la información económica relativa a gastos e ingresos de las entidades locales; las cuestiones relacionadas con los empleados públicos, en particular la selección y las retribuciones; y, por último, el urbanismo y la ordenación del territorio.

215 resoluciones en 2020, un 35% más

El Comisionado publicó 251 resoluciones en 2020, lo que supuso 35 más que el ejercicio anterior. De ellas, 132 fueron estimatorias y 62 se adoptaron por desaparición sobrevenida de su objeto al haber sido concedida la información tras el inicio del procedimiento de reclamación por parte del órgano.

Una parte de la memoria estuvo centrada en la evaluación del cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa y acceso a la información. Quintana observó que ese análisis está “muy condicionado” por el elevado número de sujetos obligados en la Comunidad por la normativa de transparencia (más de 5.000, solo contando administraciones públicas) y por la ausencia de mecanismos formales y de medios personales y materiales específicos para el desempeño de esta función. Es por ello que mencionó la necesaria colaboración de administraciones y entidades afectadas para llevar a cabo esta labor, mediante la cumplimentación de los cuestionarios de autoevaluación que la institución les presenta. “A pesar de la obligación legal de colaborar con el Comisionado, en 2020 se ha mantenido, como en ejercicios anteriores, un discreto grado de colaboración de los sujetos a los que nos hemos dirigido, en la medida en que nos han remitido los cuestionarios cumplimentados el 61 por ciento de ellos; Es decir, tres de cada cinco”, declaró.

Eso sí, valoró que todas las entidades que conforman el sector público autonómico han colaborado en la elaboración de la memoria frente al dato negativo de que cinco ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, dos de ellos capitales de provincia, no colaboraron con la cumplimentación del correspondiente cuestionario de autoevaluación como les fue requerido.

Información sobre la COVID

El también Procurador del Común hizo referencia a la transparencia llevada a cabo por las administraciones públicas durante la pandemia de la covid en 2020. La valoración del Comisionado es muy positiva al asegurar que la publicación de información fue, en algunos casos, “mucho más allá” de las estrictas obligaciones de publicidad activa previstas en la normativa. Por encima de todo, destacó la información publicada por la Junta de Castilla y León en un portal específico, así como el esfuerzo que realizó por hacerla comprensible para los ciudadanos y útil para los informadores.

En el caso de las entidades locales, la memoria recogió que utilizaron sus portales de transparencia y sus perfiles en redes sociales como cauce de comunicación y vía de acompañamiento a los vecinos en un momento en que los ciudadanos necesitaban el “máximo amparo”.

Eso sí, Tomás Quintana destacó que la Comisión de Transparencia “adoptó algunas resoluciones” al considerar que la Junta no efectuado el preceptivo trámite de audiencia a los titulares de residencias de mayores. En concreto, mencionó que la administración autonómica denegó 'indebidamente' la información solicitada sobre la forma en la que la pandemia había afectado a la prestación del servicio sanitario.

Falta de medios

La última parte de la memoria fue para denunciar la “inicial” y “persistente” falta de medios específicos atribuidos a la institución al margen de los propios del Procurador del Común. Y es que, al igual que los dos años anteriores, Quintana demandó a los poderes públicos el reconocimiento de su trabajo y la mejora de su organización, no solo desde el punto de vista institucional mediante la implementación de las reformas normativas oportunas, sino también mediante la dotación de los medios necesarios. “Ambas son imprescindibles avanzar hacia un modelo de gobierno que en todos los niveles esté basado en la transparencia de la actividad pública”, tal y como recogió la Declaración de la UNED entre todo los organismos de garantía de la transparencia en España.

Eso sí, expresó su “tranquilidad” por que la Mesa de Cortes le ha concedido la contratación de un asesor directo para el Procurador del Común para lo que resta de 2021, que irá destinado al Comisionado de Transparencia. Un fichaje que se mostró esperanzado que tenga continuidad en los próximos ejercicios. De ahí, que demandó que este puesto sea incluido en los Presupuestos de 2022. “Soy optimista, dado que la Mesa de Cortes ha aceptado esta solicitud para lo que resta de 2021 para que sea recogido en las cuentas de los próximos años”, apuntó. Algo necesario hasta la aprobación de la futura Ley de Transparencia, que contemplará la necesidad de adecuar la estructura organizativa, desde el punto de vista de medios personales y materiales de la institución, al recoger más funciones que ahora.