PSOE y UPL derivaron fondos de Serfunle para las nuevas plazas de bomberos
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León ha dado a conocer este viernes un informe de la Intervención municipal sobre el proceso de elección de nuevas plazas de bomberos emprendido por el anterior equipo PSOE-UPL, del que no salen muy bien parados.
De hecho Julio Cayón, que ha ejercido en esta ocasión de portavoz en funciones, ha significado tras enumerar las irregularidades que expresa el documento de intervención fechado en marzo de este año, que se remitirá el citado documento al Tribunal de Cuentas y al Consejo de Cuentas, para depurar las responsabilidades que se desprendan de esta operación.
De entrada según Cayón el informe refleja que eran once y no doce las plazas a concurso y que inicialmente se querían consignar con fondos de la Mancomunidad de Servicios de Extinción de Incendios que tanto entonces como ahora nunca se ha creado como figura jurídica.
El citado informe, según ha detallado Julio Cayón, recoge que el equipo de gobierno PSOE-UPL pretendía aportar la consignación que exige la ley para crear estas plazas, y que hasta la fecha no se ha presupuestado, de los fondos corrientes de Serfunle, una cantidad de siete millones de euros.
El documento de intervención explica que este trasvase no se ajusta a la legalidad y añade que comparte las reticencias del edil del PP que asistió a la reunión de Serfunle en la que aprobó esta transferencia ya que se opuso a esta medida.
Solo para el jefe
El documento de intervención, el expediente número 23, también añade más leña al fuego al resaltar que en realidad PSOE y UPL sólo habrían previsto cubrir el coste de la plaza de director de bomberos con 3,2 millones de euros, procedentes de la partida de siete millones que PSOE y UPL pretendían derivar de la Mancomunidad de Servicios Funerarios. Parte de esta cantidad debería servir para pagar los cuatro primeros meses del coste de las plazas de bombero ya que el resto del año debería consignarse en el siguiente presupuesto municipal, con un proceso de elecciones por medio.
El informe de intervención insiste en la falta de ajuste de estas medidas a la legislación administrativa que impide el traspaso de fondos de una mancomunidad para sus gastos corrientes a una partida para gestionar unas plazas y la obligatoriedad de acompañar toda plaza de nueva creación con el presupuestos necesario para cubrir su coste.
