PP PSOE UPL piden a Fomento que mantenga los servicios de trenes que afectan a León
Como consecuencia de las medidas de reestructuración de servicios e infraestructuras ferroviarias, aprobadas por Real Decreto Ley 22/2012, de 20 de julio, publicado en el BOE el día 21 de julio, y de su plasmación en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2012, por el que se aprueba el plan de servicios de transporte ferroviario de viajeros, a partir del 2 de junio Renfe Operadora suprimirá 38 de los trenes regionales que semanalmente unen León con Ponferrada, Gijón y Valladolid.
El Real Decreto Ley 22/2012, en su Disposición Adicional Primera, contempla esta reestructuración de servicios e infraestructuras ferroviarias, estableciendo que:
“Antes del 31 de diciembre de 2012, el Ministerio de Fomento elevará al Consejo de Ministros una propuesta sobre la viabilidad de aquellas infraestructuras ferroviarias que no generen rentabilidad desde el punto de vista económico y social, previa tramitación del procedimiento previsto al efecto en el artículo 11 de la Ley del Sector Ferroviario.
En el mismo plazo establecido en el apartado anterior, el Ministerio de Fomento elevará al Consejo de Ministros una propuesta en relación con las prestaciones de servicios ferroviarios de media distancia que no tengan la consideración de obligaciones de servicio público“.
Así, en cumplimento de esta norma el Consejo de Ministros con fecha 28 de diciembre de 2012 ha aprobado un plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado, siendo declarados como obligación de servicio público. Recogiéndose en su anexo I, como obligación de servicio público los servicios ferroviarios de viajeros de media distancia competencia de la Administración General del Estado, prestados sobre la Red Convencional, en las relaciones León-Gijón, León-Ponferrada y Valladolid-León, no obstante, a pesar de esta declaración, los trenes de media distancia que está previsto suprimir prestan sus servicios en estas líneas.
A través de este plan de racionalización el Gobierno, según se declara en el propio texto normativo, debe garantizar los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general, así como el derecho a la movilidad de los ciudadanos, vivan donde vivan.
Los Grupos Políticos con representación en el Ayuntamiento de León consideramos que la supresión de trenes de media distancia acordada por Renfe Operadora supone incumplir lo declarado en la propia norma, puesto que con esta decisión se vulnera el derecho a la movilidad de los ciudadanos, vivan donde vivan, ya que los habitantes de numerosos núcleos de población rural de la provincia de León, a pesar de contribuir con sus impuestos al sostenimiento de los servicios públicos, en igual medida que los residentes en núcleos urbanos, verán dificultado su acceso a los mismos, en especial la sanidad y la educación, ya que a pesar de mantenerse la conexión ferroviaria en estas líneas, la reducción de frecuencias y paradas afecta fundamentalmente a los horarios de trenes utilizados habitualmente para acudir a centros médicos y educativos.
Asimismo esta decisión puede tener graves consecuencias para el futuro del sector ferroviario en León, ya que la supresión de estos servicios, pone en peligro los puestos de trabajo de un importante porcentaje de la plantilla de maquinistas e interventores de Renfe Operadora, y dado que el mantenimiento y reparación de estos trenes se llevan a cabo en sus propios talleres de León, con su retirada de la circulación, se producirá una disminución de su carga de trabajo, que podría abocar a su cierre, hecho que ya se está produciendo en otros lugares de España.
Por otra parte es preciso señalar que, a pesar de que las obligaciones de servicio público que tiene que prestar Renfe Operadora, son las fijadas por el Ministerio de Fomento, el propio Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre contempla la posibilidad de que “en caso de que alguna Comunidad Autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público por la Administración General del Estado, dicha Comunidad Autónoma podrá formalizar el correspondiente contrato con Renfe Operadora asumiendo la financiación del déficit de explotación de dicho servicio”.
Entendemos que la eficiencia del transporte por ferrocarril no se puede medir exclusivamente en términos económicos, sin tener en cuenta el derecho a la movilidad de los ciudadanos, a pesar que el criterio general adoptado por el Acuerdo de 28 de diciembre es la declaración como obligación de servicio público de todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15 por 100, y algunas en las que éste se sitúe entre el 10 y el 15 por 100 también podrán declararse como obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta criterios de conexión y vertebración territorial.
Así consideramos que el criterio general enunciado puede servir de guía para la elaboración de una relación de servicios públicos obligatorios, pero en ningún caso puede cerrar el paso a la posibilidad de que, en atención a los criterios de conexión y vertebración territorial, puedan declararse como obligaciones de servicio público otros servicios, que a pesar de no contar con el aprovechamiento mínimo indicado, permitan garantizar un derecho efectivo a la movilidad de los ciudadanos, sobre todo en el caso de núcleos de población en zonas que, en muchos casos por su orografía y su climatológica, no disponen de un acceso fácil por carretera, lo que de hecho ocurre en el caso de la mayoría de poblaciones afectadas por la supresión de servicios ferroviarios en la provincia de León.
MOCIÓN
El Grupo Socialista, el Grupo Popular y el grupo de la Unión del Pueblo Leonés del Ayuntamiento de León presentan para su aprobación por el Pleno Municipal, el siguiente acuerdo:
En defensa de los intereses de nuestros ciudadanos y del mantenimiento del empleo ferroviario en nuestra ciudad.
Reclamar el mantenimiento del empleo, tanto de maquinistas como interventores de Renfe Operadora, así como, el mantenimiento de los talleres de León y los puestos de trabajo asociados al mismo.
Instar al Ministerio de Fomento a que contemple en la relación de obligaciones de servicio público ferroviario, las relaciones de trenes de media distancia suprimidos en la provincia de León, en atención a garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos vivan donde vivan.
Solicitar a la Junta de Castilla y León que en caso de que el Ministerio de Fomento no incluya las relaciones de trenes suprimidas como obligaciones de servicio público, sea la propia Junta de Castilla y León la que solicite su declaración, y asuma su financiación.
