Ponferrada atiende durante el verano las necesidades de alimentación de 152 menores de familias vulnerables
La Concejalía de Bienestar Social, Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de Ponferrada se hace cargo de garantizar la alimentación de 152 niños y niñas del municipio durante el periodo no lectivo de verano, de la mano de un desembolso económico de 38.000 euros, a razón de una ayuda de 250 euros por hijo.
La edil del área, Lorena González (Unidas Podemos), destacó que de este modo el Consistorio garantiza un derecho básico de la infancia que “en periodos no lectivos se ve cuestionado a causa de la decisión de la Junta de cerrar los comedores escolares durante el verano”.
Al respecto, González recordó que, durante el curso escolar, el Ejecutivo autonómico concede las llamadas becas comedor a familias vulnerables. Estas ayudas permiten que los niños de familias de bajos recursos puedan acudir al comedor de los centros educativos sin coste o con tarifas reducidas durante el periodo escolar. “Pero en vacaciones estos comedores cierran y las familias se quedan sin el recurso”, denunció González, que exigió a la Junta una “solución efectiva” a esta problemática.
En Ponferrada, además, las familias sin recursos o con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI) recibirán una ayuda de 100 euros al mes por cada menor a su cargo durante los dos meses y medio que duran las vacaciones de verano. “Es un compromiso firme por mi parte que ningún menor vea vulnerado uno de sus derechos fundamentales en nuestro municipio pero no hay que olvidar que en Castilla y León existen 2.248 municipios más y que garantizar la alimentación de los niños y de las niñas durante los periodos vacacionales no puede quedar al albur ni depender de las posibilidades de cada una de las entidades locales”, apuntó.
En ese sentido, la edil reclamó que los procedimientos de licitación de la Junta para contratar la alimentación en los comedores escolares, hospitales, centros de menores, residencias de mayores o universitarias incluyan cláusulas sociales y medioambientales para favorecer a las empresas de la Comunidad. “Esta medida no sólo sería un apoyo muy importante para el sector agrícola y ganadero sino que permitiría acabar con la famosa línea fría, generar puestos de trabajo ligados al territorio, fijar población en el medio rural y ofrecer una mejor y mayor nutrición a los usuarios”, concluyó González.
