El polémico 'fracking' acecha Burgos
BNK España realizará sondeos en seis emplazamientos del norte de la provincia de Burgos, tres en Urraca y tres en Sedano, una vez aprobados por parte de la Administración los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para los primeros pozos de exploración de hidrocarburos, que analizan las diferentes alternativas para que el sondeo sea compatible con la protección del medio ambiente y de las personas.
Así lo aseguró este miércoles en Burgos Troy Wagner, director de BNK España y vicepresidente de Operaciones de Europa de BNK Petroleum. Según indicó, la compañía ha seleccionado tres emplazamientos en el permiso de Urraca, otorgado por el Ministerio de Industria, en los municipios de Medina de Pomar, Merindad de Cuesta Urría y Villarcayo.
A ellos, agregó, se suman otros tres en el permiso de Sedano, concedido por la Junta de Castilla y León, dos de ellos en Merindad de Río Ubierna y uno en Valle de Sedano. Los emplazamientos tienen una extensión media de 2,3 hectáreas y en cada uno de ellos podrán realizarse hasta un máximo de dos sondeos o pozos de exploración, siendo en total un máximo de doce. La ejecución de las obras se hará, dijo, de forma paulatina ya que “el análisis de cada pozo determinará la ubicación del siguiente”.
En cuanto a estos terrenos seleccionados, señaló que actualmente se utilizan para la agricultura o el pasto y que en el caso de Urraca, BNK ha comprado los dos emplazamientos, mientras que el caso de Sedano es diferente ya que “muchas de las parcelas son propiedad municipal y hay que entrar en proceso de ocupación temporal”.
Durante la tramitación de los proyectos y hasta que las administraciones concedan los permisos necesarios, no podrá realizarse sobre el terreno ninguna actividad relacionada con la exploración de hidrocarburos. En este sentido, Troy Wagner mantuvo la fecha de 2016 como la de inicio de los trabajos de campo en el caso de que se concedan estos permisos.
Es decir, una vez aprobada la declaración de impacto ambiental, los siguientes pasos serían la preparación del terreno (un mes), la instalación de equipos y perforación del terreno (de dos a tres meses), el procesado y análisis de los datos (seis meses), la estimulación hidráulica (quince días), el test de producción (de uno a seis meses) y el análisis de los resultados de los pozos (entre uno y tres años).
Llegado este punto, se procede a la restauración o a la solicitud del permiso para la producción. Así, si la explotación determina que la producción no es viable, el pozo se clausura y se restaura la zona. Se estima que haya producción comercial entre el año 2018 y 2020.
Asimismo, subrayó que el norte de Burgos es una de las zonas de España con mayor potencial para albergar esta fuente de energía y que los estudios geológicos indican que esta zona alberga casi el 20 por ciento del gas natural de la Península Ibérica, donde se estima que puedan extraerse dos billones de metros cúbicos de gas.
Estudios de Impacto Ambiental
Los citados proyectos van acompañados de los correspondientes EIAs, según lo dispuesto en la Ley aprobada en noviembre de 2013, una de las pocas de Europa que obliga a realizarles en la fase exploratoria de los proyectos. Así, manifestó que éstos se componen de diez estudios y cuatro anexos, que sirven de base para analizar de forma específica cada uno de los posibles impactos.
En los EIAs se evalúan las diferentes alternativas y medidas correctoras para que el sondeo sea compatible con la protección del medioambiente y de las personas. Los estudios y anexos incluidos en los EIAs fueron elaborados por más de una treintena de especialistas (ingenieros, geólogos, hidrogeólogos, ambientalistas, biólogos y arqueólogos), que han trabajado durante más de dos años.
En ellos se analizan aspectos como la geomecánica del subsuelo, hidrogeología, geología, ciclo de agua, sismicidad, arqueología, biología, no afección a Red Natura 2000, modelo de ruido y calidad del aire. Según lo dispuesto en la ley, los proyectos son públicos y, por tanto, se distribuirán a instituciones técnicas, autoridades medioambientales y ayuntamientos, que informarán sobre su idoneidad, y además estarán accesibles a los ciudadanos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos y ONGs.
Beneficios, según la compañía, para ayuntamientos y propietarios
Según los presupuestos incluidos en los proyectos, cada pozo requerirá una inversión de entre 10 y 20 millones de euros, dependiendo de sus características, ubicación y profundidad. Como consecuencia, la empresa pagará entre 300.000 y 600.000 euros por cada sondeo al Ayuntamiento correspondiente en concepto de impuestos municipales y tasas, cálculo realizado tomando como referencia un Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) del 4 por ciento.
A estas cantidades hay que añadir lo dispuesto en el Proyecto de Ley de Hidrocarburos aprobado por el Gobierno el pasado mes de diciembre. En ella se establece que si la exploración tiene éxito y la extracción es posible, los propietarios de terrenos situados en la zona del yacimiento obtendrán un 1 por ciento de la producción, lo que supondrá un beneficio de entre 2 y 4 millones de euros por emplazamiento.
El mismo Proyecto de Ley, que ahora se encuentra en trámite parlamentario, establece además una tasa de 125.000 euros por cada sondeo; y un impuesto a la producción de entre el 1 y el 4 por ciento que revertirán “con especial intensidad en las comunidades autónomas y en los municipios donde se ubiquen estas actividades”, concluyó.
