El Plan del Carbón deja 25 millones de toneladas de mineral en el limbo

Imagen de archivo de un pozo de la Hullera Vasco-Leonesa. Peio García/ICAL

Vanesa Silván/ ICAL

El Plan del Carbón 2013 deja 25 millones de toneladas de carbón “en el limbo”, sin seguridad de que entren en las centrales térmicas y sin la protección que suponía el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro, cuya vigencia finaliza el próximo año. A partir del 1 de enero de 2015 será la demanda eléctrica y la negociación entre las compañías y las empresas mineras las que determinen las cantidades de mineral nacional que entrarán en la generación de electricidad.

“A partir de esa fecha tanto la generación eléctrica con carbón nacional como la producción de mineral y el precio del mismo formarán parte del ámbito de gestión de las empresas implicadas: eléctricas y mineras”, recoge el texto del último borrador del nuevo marco de actuación para la minería del carbón. De poco servirán los planes de cierre y las previsiones de producción de las empresas, que volverán a quedar a expensas de un “entendimiento” con las compañías eléctricas, con las que tendrán que negociar de nuevo los cupos y los precios.

Un entendimiento que no es fácil. No lo consiguió el Real Decreto de Carbón, aprobado por el Gobierno de España y ratificado por Bruselas, que fue recurrido por las compañías eléctricas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, además de la Xunta de Galicia. Un bloqueo en su aplicación durante varios meses que hizo mucho daño al sector, que llevaba ya un año prácticamente paralizado en un convulso 2010.

Tampoco se allanaron las dificultades con la puesta en marcha del Real Decreto de Restricciones por Garantía de Suministro, ante la incapacidad del Ejecutivo central de hacer cumplir las resoluciones que fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía. Y es que eléctricas como Endesa llegaron a solicitar este año a la Audiencia Nacional medidas “cautelarísimas” para no tener que cumplir con su obligación de comprar carbón nacional y sin olvidar conflictos anteriores como el que en 2005 enfrentó a esa misma compañía con el empresario Victorino Alonso por el precio de carbón y que, como no podía ser de otro modo, tuvo a sus trabajadores como paganos, que estuvieron varios meses sin cobrar sus nóminas.

Según el responsable de Industrias Extractivas de CCOO de Castilla y León, Jesús Magadán, esta situación puede introducir cierta “incertidumbre” por los problemas que ya han existido a pesar de tener “un mecanismo que regula las producciones y las compras de carbón”. “Ya estamos teniendo problemas para que eso se cumpla y, claro, cuando tengamos el mercado libre habrá que confiar en que lleguen a acuerdos eléctricas y mineras, tenemos bastantes dudas”, añadió Magadán, que destacó también que el Gobierno les ha asegurado que “ya no pueden intervenir, ni tutelar ni obligar”.

Por su parte, el secretario general del sector minero de FITAG-UGT, Víctor Fernández, no ve ningún elemento de incertidumbre y recordó que es Europa la que no permite seguir manteniendo ese procedimiento. “Tienen que firmar eléctricas y mineras y si no firman pues no se vende carbón”, afirmó taxativo Fernández, quien señaló que habrá que buscar otros mecanismos.

En este sentido, subrayó que si las eléctricas no compran carbón nacional “ellas también tendrán que cerrar los grupos térmicos que queman carbón” -son 13 grupos en nueve centrales convencionales y Elcogás-. “La caldera de un grupo térmico no sirve para quemar cualquier carbón, esos tienen que quemar carbón de aquí y para cambiarlo tienen que meter cientos de millones de euros”, explicó. Así, el responsable de FITAG-UGT acepta que puede haber problemas “que habrá que ir solucionando en el momento” y espera que lleguen a un entendimiento “porque no hay otra fórmula”.

Producciones globales

Aunque cada una de las empresas mineras había facilitado al Ministerio de Industria una previsión anual de producciones de carbón hasta 2018 y algunos de los anteriores borradores del plan recogían el detalle, el último documento solo apunta las producciones globales, no empresa por empresa, correspondientes a minería subterránea y cielo abierto de cada año. “En el plan no van a venir empresa por empresa, en ningún plan anterior vino”, puntualizó Víctor Fernández, que defiende que en este texto tanto plantillas como producciones y ayudas aparecen con datos conjuntos “porque si luego hay que hacer algún cambio, te permite un margen de maniobra”.

“Si hay seis millones de toneladas entre todos y una empresa por cualquier motivo se tiene que cerrar, su cupo se puede repartir entre otras y se pueden salvar también trabajadores, pero si lo dejas cerrado, una empresa cierra con 200.000 toneladas y eso se pierde”, aclaró Fernández. Así, entre 2013 y 2018, las empresas mineras prevén producir un total de 38,5 millones de toneladas, de las que 14,8 millones se extraerán de minería de interior y el resto, 23,7 millones, de los cielos abiertos. La producción se reducirá año a año pasando de 6,5 millones en 2013 a los 5,8 previstos para el último año del nuevo plan.

En cuanto a las producciones máximas ayudadas, éstas se reducirán drásticamente en las próximas anualidades desde los 5,8 millones de toneladas previstas para este año a los 1,7 millones de toneladas que se fijan para el 2018. Pero no sólo las cantidades se recortan, también la cuantía que pasará en el caso de la minería de interior de los 30 euros por tonelada a los cinco euros (una reducción de cinco euros por cada año) mientras que las ayudas al cielo abierto desaparecerán a partir de 2015 -en 2013 será de un euro por tonelada y en 2014 de 0,5 euros- por entender que este tipo de minería “está próxima a alcanzar el umbral de la rentabilidad”.

Ese importe puede sufrir ligeras variaciones al alza o a la baja en función de la mayor o menor calidad del mineral, ya que se le aplica un factor corrector que depende del poder calorífico que tenga. Así, la estimación que recoge el Plan del Carbón es que un total de 21,5 millones de toneladas sean ayudadas, que podrían recibir alrededor de 260 millones de euros en estos años.

Este año y el que viene las producciones subvencionadas serán las que establezcan las correspondientes resoluciones de restricciones, mientras que a partir del 2015 será ayudado el tonelaje que sea “efectivamente entregado a centrales térmicas para la generación eléctrica” con el límite del suministrado en el último año de aplicación del procedimiento.

Ajuste de las plantillas

Las plantillas de las empresas mineras y subcontratas se ajustarán para pasar de los 5.309 trabajadores que el plan establece que hay en 2013 a los 4.496 que tienen que quedar cinco años después. Serán 813 productores menos, lo que supone una reducción del 15 por ciento. Un ajuste que afectará especialmente a las subcontratas, que son las que cargarán con el grueso del recorte ya que, según recoge el último borrador, al final del plan habrá 735 menos en ese tipo de empresas y sólo 78 menos en las plantillas propias de las carboneras.

Así, uno de los caballos de batalla de la negociación fue el plan social, cuyo objetivo es principalmente garantizar una salida “digna” del sector minero a través de prejubilaciones y bajas incentivadas y las recolocaciones. Finalmente se estableció un sistema de indemnizaciones para las bajas de 10.000 euros más 35 días de salario por año trabajado, con un límite de 30 anualidades, así como se mantienen las prejubilaciones aunque se eleva a 54 años, se aumenta el número de años cotizados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón a once y se reduce su cuantía al 70 por ciento de la media mensual de la retribución salarial ordinaria bruta.

Pero esta cuestión parece que todavía provocará algún que otro dolor de cabeza a los sindicatos, que son conscientes de que puede haber problemas para aplicar las bajas incentivadas o prejubilaciones en casos de empresas concursadas o en liquidación como la de Coto Minero Cantábrico (CMC), aunque confían que puedan solventarlo y buscar algún mecanismo para que estos trabajadores no queden desprotegidos y tengan los mismos derechos que el resto de sus compañeros.

Un nuevo Plan del Carbón 2013-2018 que está previsto que se firme el próximo martes y que regulará de nuevo un sector minero que ha cambiado completamente sus dimensiones y peso en las cuencas mineras desde que se pusiera en marcha el primer Plan de Reordenación del Sector del Carbón en 1990.

En ese momento, la minería empleaba a 45.212 personas y producía más de 19,3 millones de toneladas de carbón, con 234 empresas. En la actualidad, el sector apenas cuenta con 14 empresas, 5.309 trabajadores y 6,5 millones de toneladas y todavía tendrá que reajustarse aún más para llegar a 2018 con un previsión de 12 empresas, 4.496 trabajadores y 5,8 millones de toneladas de carbón. Aunque la pregunta para muchos es qué quedará de la minería a partir de entonces, para muchos otros la respuesta está en que lo primero es aguantar y llegar.

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