El nuevo modelo de basuras de León nacerá con déficit en su primer año y una deuda millonaria incobrable

Contenedores en Ponferrada en una pasada huelga de basuras

Antonio Vega

La Diputación de León y los ayuntamientos de la provincia de León apuran el fin de año para aprobar la tasa por la gestión y tratamiento de residuos que sustituirá a la que se cobraba hasta ahora para financiar la actividad de Gersul, el polémico consorcio público que hasta ahora realizaba esa función y que se extinguirá con el fin del 2023.

Tras años de polémicas diversas, como haber estado sin rendir cuentas entre 2014 y 2020, la solución de los políticos a este ente creado en 1997 para dar una solución a los problemas de las basuras de la provincia leonesa cerrará en 2023 dejando un considerable agujero en el erario público, incapaz de remontar sus millonarias pérdidas, y un nuevo modelo de gestión que apunta a un déficit millonario ya en su primer año de funcionamiento, el próximo 2024. Hasta ahora existía en la provincia leonesa una tasa general que cobraba la Diputación de León pero ahora esa tasa pasa a ser municipal y los ayuntamientos grandes la cobrarán directamente, pudiendo cambiar su importe, y los pequeños la crearán aunque la gestionará la Diputación.

El coste total de liquidar Gersul supondrá para los entes públicos participantes asumir unos 2,1 millones de euros, ya que la Diputación se hará cargo de todas las deudas y obligaciones del ente, que cerró 2022 con un patrimonio negativo de 1,5 millones de euros. Pero es que además el nuevo modelo, en el que todos los ayuntamientos y la Diputación convenian de forma mancomunada la gestión de las basuras, apunta a un déficit en 2024, primer año de aplicación, al no cubrir los costes actuales del servicio. En el 2022 ya hubo un resultado negativo de 124.000 euros pese a las aportaciones de los últimos años para cuadrar las cuentas.

Los informes señalan que hay una previsión de un coste de 20,6 millones de euros por gestión de las basuras en 2024 pero las instituciones solo pagarán, a través de la tasa de los ciudadanos, 14,6 millones según las previsiones publicadas por la Diputación. A mayores hay que añadir los ingresos por venta de ‘productos’, es decir, por reciclaje, por los que en el 2022 se recaudaron 2,7 millones de euros. Con cifras similares las cuentas de la gestión de basuras dejan una previsión de déficit por no cubrir sus costes totales.

Los ingresos provenientes de los ayuntamientos se realizan mediante una previsión de toneladas que llevarán al vertedero provincial. Si en 2022 la recaudación de la tasa Gersul supuso unos ingresos de 15,1 millones de euros, lo exigido a los Ayuntamientos en el cálculo del 2024 es medio millón menor a ese año, 14,6 millones. Una cantidad que, no obstante, se ajustará a final de año según las toneladas reales y que además se podrá ver incrementada por la amortización del inmovilizado, que se calcula para el año que viene en 2,1 millones de euros a pagar entre todos.

En el proceso de liquidación la Diputación se quedará la caja líquida de Gersul, estimada en 8 millones de euros al finalizar el 2022, así como los créditos de 15,6 millones de euros en vigor y pendientes parcialmente de pago. El principal activo de Gersul es la planta de tratamiento de residuos de San Román de la Vega, con un vaso ya colmatado y otro en funcionamiento pero por el que se paga a Somacyl por su uso, ya que fue quien asumió los costes de su construcción.

Deudas que no se cobrarán

Desde el año 2005 en la provincia de León se cobra la tasa ‘Gersul’ para financiar el tratamiento de residuos en el vertedero provincial de San Román de la Vega, ampliado en 2018, seis años antes de lo pensado, debido al llenado de basuras que se hizo con las acumuladas en Santa María del Páramo mientras se construía el vertedero y pese a pagar a una empresa para que se los llevara a otro año.

Las últimas cuentas cerradas de Gersul desvelan los problemas de gestión con esa tasa ya que el ente se cerrará con 6,8 millones de euros de impagos considerados ya de dudoso cobro, la mayoría por recibos sin cobrar anteriores a 2016. Un ‘pufo’ consecuencia de los años de mala gestión del cobro de la tasa, que transitó de lo público a dos empresas privadas de forma fallida y miles de recibos sin cobrar o que se han emitido con años de retraso y ya son incobrables.

En noviembre de 2024 finaliza el contrato con la UTE Legio VII para la gestión de las basuras, conformada por las empresas Urbaser y FCC. La Diputación deberá decidir si opta a una nueva licitación, si asume la gestión directa o la traspasa a un ente tipo Somacyl de la Junta de Castilla y León, que ya construyó el segundo vaso del vertedero. Ahora mismo el coste de este contrato supondrá en 2024 un total de 10,9 millones de euros, más la amortización de inversiones de 2,1 millones. 

Gersul terminó de pagar a principios de 2022 más de 23 millones de euros a la UTE Legio VII tras un acuerdo extrajudicial por la actualización del contrato y los impagos habidos en los años 2009 y 2010 cuando la Diputación liderada por Isabel Carrasco y decidió no abonar los recibos de la basura, que han terminado costando 6,9 millones de euros en intereses de demora.

La intención de las instituciones es ahora cuadrar las cuentas de la basura con la eliminación de este consorcio provincial en el nuevo modelo de gestión, que por otra parte será imposible de volver a montar ya que una normativa autonómica no deja crear nuevos consorcios provinciales.

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