El nuevo 'mecanismo' para relanzar el carbón nacional se basa ayudas para modernizar las centrales
El Gobierno quiere presentar antes de que termine el mes el nuevo 'mecanismo' que vendría a dar estabilidad al consumo de carbón autóctono. En todo caso, su línea será bien diferente al expirado Real Decreto de Garantía de Suministro.
Y es que serán ayudas enfocadas en subvencionar a las eléctricas para modernizar las centrales térmicas, a fin de adaptarlas a la nueva normativa marco de emisiones, y que Industria otorgará en función de factores como las cantidades de carbón autóctono consumidas por cada compañía.
Es decir, no habrá un nuevo decreto de garantía de suministro como el expirado el 1 de enero, y que Bruselas no permite al interpretar una injerencia en la libertad de mercado a través de ayudas públicas directas y que trastocan el mix de generación energética. No se llevará por norma en un decreto un cómputo de toneladas a quemar durante el año y su precio pactado, como ocurría con ese 'incentivo' pasado a las eléctricas.
Más bien será un mecanismo indirecto para favorecer la compra del carbón nacional, y dependerá mucho de la voluntad de las eléctricas, primero para que no impugnen dicho decreto, y segundo, para que consideren rentable la compra en ciertas centrales térmicas a cambio de su modernización, antes que el cierre de éstas en el año 2023.
El Gobierno espera que la Comisión Europea dé su visto bueno al mecanismo, y entienden que esta es la única fórmula que no supone el establecimiento de ayudas públicas directas al carbón ni establece una injerencia en la generación energética del país miembro.
Con este mecanismo, se regirían ciertas subvenciones a las empresas eléctricas destinadas a la modernización y adaptación de las centrales térmicas a la nueva normativa europea, que irían en función de la cantidad de carbón comprado a las mineras nacionales.
Para adaptar la central de Compostilla II a los nuevos parámetros de emisiones, Endesa estima que serán necesarios 200 millones de euros. En octubre debe decidir si acomete la modernización, o acoge de forma definitiva el Plan de cierre, que limita a 17.500 horas de funcionamiento hasta 2023 su operatividad, y su posterior cierre.
