Mujeres: personas adultas y con derechos
De nuevo, un hombre a la cabeza del Ministerio de Justicia, intenta legislar de manera totalmente restrictiva, impidiendo que las mujeres podamos decidir sobre nosotras mismas. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siempre se han visto ninguneados, cuestionados, y amenazados confirmando la vigencia del patriarcado o sistema de autoridad sobre las mujeres.
Que las mujeres reclamemos la igualdad de derechos políticos, civiles, laborales, sociales es aceptado a regañadientes, se ha avanzado por la presión de las propias mujeres, y estos derechos han sido aceptados e incorporados al orden legislativo-social. Pero asumir la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y aceptar que las mujeres puedan tomar decisiones sobre sí mismas, supone una ruptura de ese orden patriarcal, es decir, sacude los cimientos del patriarcado que históricamente ha sujetado a las mujeres y ha decidido por ellas.
En un momento histórico como el actual, el ejercicio de la plena autonomía va a estar condicionado por las desigualdades económicas y sociales, es decir, las mujeres con más dinero podrán decidir y serán las mujeres con menos medios económicos quienes sufrirán la negación de derechos. Si es complejo y difícil para todas las mujeres que se reconozcan sus derechos sexuales y reproductivos y la libertad para decidir sobre su cuerpo, para la mayoría de las mujeres supone poner en riesgo su vida y su salud, pues dependen de los servicios públicos de salud y no podrán acceder a clínicas privadas o a viajes para la interrupción voluntaria del embarazo.
Las mujeres siempre han visto necesario controlar sus embarazos, cuándo se podían y pueden quedar embarazadas y decidir el número de hijos e hijas, pues son conscientes, terriblemente conscientes, de lo que implica un embarazo en su vida, para su vida laboral, para su estabilidad económica, para su vida social... Y no nos llamemos a engaño, todas las personas que valoran la maternidad por encima de todo sepan que por eso se despide a las mujeres del trabajo.
En nuestra sociedad hay dos opciones, o vives del trabajo o vives de rentas; de rentas vive en 1% de la población, ahora quedamos 25 millones de mujeres que tenemos que vivir de nuestro trabajo. Y todas hemos tenido la experiencia directa o indirecta de lo que implica quedarte embrazada.
El Anteproyecto de ley dice: se puede interrumpir voluntariamente el embarazo,
1º.- En caso de violación, si se ha puesto denuncia
¿Sabe el Sr. Gallardón cuantas mujeres, especialmente jóvenes o muy jóvenes, tienen relaciones sexuales no consentidas sin poner denuncia?, pues además del oprobio de la violencia de las relación, tiene que enfrentarse a la presión y a la crítica social, incluso de los más cercanos, ¿cuántas mujeres no denuncian esa situación y cruzan los dedos esperando no quedarse embarazadas?
2º.- Por grave peligro para la salud física y psíquica de la mujer con dos informes médicos
El Gobierno del PP solo permitirá el aborto en caso de que una “anomalía fetal incompatible con la vida” cause riesgo psicológico a la mujer, y exigiendo dos informes médicos distintos para demostrar que el riesgo para la mujer, supone un “menoscabo importante y duradero” para su salud.
Con esta nueva ley también se obliga a las mujeres a reflexionar durante siete días para dar su consentimiento expreso al aborto. Con esta medida se trata a las mujeres como menores de edad, a las que se les manda a un rincón a reflexionar sobre lo que va a hacer.
Todo esto son trámites, trabas y un calvario para alargar el proceso
Es la presión popular, somos nosotras mujeres y hombres quienes tenemos que parar este proyecto.
La ley que queremos es una ley que respete la libertad de las mujeres y que otorgue derechos que le permita tomar sus propias decisiones y no queremos una España que recobre su papel de “cuna de valores, reserva espiritual y martillo de herejes”.
A las mujeres no se las penalizará por abortar, pero se perseguirá a quienes practiquen un aborto, eso implicara que cada vez se haga de forma más clandestina, volviendo a la época de las agujas de tejer.
Por eso las organizaciones que conformamos la Plataforma por el derecho al aborto de León exigimos mantener la actual Ley de plazos que permita la Interrupción voluntaria del embarazo en un hospital público y de forma gratuita. Acceso a los anticonceptivos de última generación dentro del Sistema Público de Salud – cada caja de estos anticonceptivos cuesta unos 20€, algo inaccesible para muchas mujeres en estos tiempos. También queremos que se imparta en los centros educativos formación afectivo sexual y en definitiva, que se cumpla la Resolución del Consejo de Europa que insta a respetar la autonomía de elección de las mujeres y recomienda a los gobiernos que garantice la accesibilidad a la interrupción del embrazo y que esta se practique de forma segura. Con nuestro afán europeísta debemos saber que en Europa la Interrupción voluntaria del embarazo este permitida durante las 12 primeras semana de gestación en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Grecia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania y Republica Checa, en Suecia hasta las 18 primeras semanas y en Holanda hasta las 24 primeras semanas.
¿Qué interés tiene el Gobierno de España para descolgarse de Europa en cuestión de derechos sexuales y reproductivos?
Por eso, exigimos la retirada inmediata de este Anteproyecto de ley que atenta contra los derechos de las mujeres y que afecta negativamente a la sociedad.
La plataforma por el derecho al aborto de León está constituida por las siguientes organizaciones: ADAVAS, AISPAZ, Asociación Mujer y Revolución, CCOO, Clara Campoamor, Flora Tristán, IU, Las Trece Rosas, Plataforma Ciudadana de Astorga por la Igualdad y contra la Violencia, Prometeo, PSOE, Simón de Beauvoir, Sindicato Ferroviario (mujeres), STELE, UGT.
